AL MARGEN || ¿Qué retos enfrentará Salomón Jara como Gobernador?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Con la toma de protesta del morenista Salomón Jara como Gobernador, hoy inicia una nueva etapa en la vida política de Oaxaca. Sus retos como mandatario serán relevantes en la medida en que esté decidido a modificar la línea de cacicazgos y las inercias de los tradicionales grupos de poder locales. No sólo se trata de la gobernabilidad, de la obra pública o de los problemas sociales, sino también de establecer nuevos parámetros de convivencia entre los grupos políticos y de presión que históricamente han confluido en la entidad.

En efecto, por un lado se encuentra la agenda política tradicional, y por el otro la perspectiva de fundar una nueva clase política. En la primera de las agendas, la Secretaría de Gobierno deberá recuperar el papel fundamental que perdió hace una década en la atención real de la política interna, y su nuevo Titular deberá demostrar que está a la altura de los retos que enfrentará: la conducción de la relación política con el magisterio de la Sección 22 del SNTE, y de las principales organizaciones sociales, así como lo relativo a la no menos conflictiva vida intermunicipal en la entidad. En cada uno de los casos, los desafíos son extraordinarios y todo el gobierno tendrá que contar con una agenda de riesgos actualizada y ajena a la complacencia o el autoengaño. ¿De qué hablamos? 

De que, si bien es cierto que el magisterio oaxaqueño pasa por uno de sus mejores momentos en la relación con el gobierno federal, también lo es que en la entidad ellos no abandonarán su doble posición de grupo sindical y de organización de lucha social. Así lo dejó claro ayer la dirigente magisterial Yenny Araceli Pérez Martínez, quien aseguró en conferencia de prensa que la 22 “no es moneda de cambio” y que marcharán desde el día 1 de la administración jarista, para remarcar que reanudarán la lucha social y el apoyo a causas populares.

En esencia, el magisterio tratará de recuperar su presencia en la palestra estatal no sólo para exigir interlocución con el gobierno, sino también para legitimar ante sus bases a la nueva dirigencia, aun cuando tienen cumplidas por el gobierno federal prácticamente todas sus demandas económicas, salariales y políticas. 

Ahora bien, el gobierno de Salomón Jara enfrentará grandes desafíos en su relación con las organizaciones sociales. Este —y así lo asumen sus propios integrantes— es un régimen emanado de la lucha social. Por ello, desde el inicio la administración jarista tendrá que definir: a) qué tipo de relación entablará con las organizaciones sociales; b) cómo gestionará las demandas y “techos presupuestales” que eternamente han demandado los grupos de lucha social —de los cuales varios de los ahora funcionarios han sido ampliamente beneficiados y; c) qué tanta tolerancia habrá para que los mismos que ahora fungirán como servidores públicos sigan encabezando organizaciones de esta naturaleza. El gobierno de Gabino Cué dejó amplias —y amargas— experiencias al respecto. Y por eso será una cuestión de primer orden definir qué tipo de relación tendrá el nuevo gobierno con las organizaciones sociales. 

¿UNA NUEVA CLASE POLÍTICA?

Parece —porque sólo los hechos lo constatarán— que Salomón Jara tiene la posibilidad de debutar a una nueva clase política. Para ello tendrá que impulsar liderazgos propios pero, además, tendrá que definir qué relación tendrá: a) con los anteriores grupos que gobernaron la entidad desde algunas de las fuerzas políticas que hoy están integradas en Morena; b) qué relación tendrá con la menguada oposición priista; c) qué tanta disposición tendrá para reciclar personajes y grupos a los que la ciudadanía ya reprobó en las urnas y; d) qué tanta capacidad tendrá para articular un grupo político que perdure más allá del final de su administración.

Se puede suponer que es muy temprano para pensar en ello. Sin embargo, el solo reto de dejar atrás las influencias muratistas, ulisistas y gabinistas, se antoja algo por demás relevante para la garantizar estabilidad y supervivencia del grupo jarista no frente a los grupos de poder, sino de cara a la ciudadanía. ¿Por ejemplo, qué tanta influencia tendrá Gabino Cué, a través de Jorge Castillo, en la integración del gabinete en la nueva administración? Ese mismo ejemplo se podría repetir con los demás exgobernadores y sus operadores políticos o financieros, que en el pasado dejaron pésimos antecedentes entre los oaxaqueños.

Al final, Salomón Jara como Gobernador tiene la posibilidad envidiable de tratar de impulsar a toda una nueva clase política. Contará con el apoyo del gobierno federal para culminar obras largamente esperadas por los oaxaqueños, y gozará de las garantías de estabilidad generadas también desde la federación con grupos de presión más determinantes para la entidad. Eso le quitará mucho desgaste y distracciones. Dentro de muy poco, sin embargo, su propio equipo político y de gobierno será puesto a prueba por la propia realidad. Ahí se demostrará si esas mujeres y hombres integrados al gobierno tuvieron la altura de miras suficiente como para ser parte de nuevas estructuras de poder, o si terminaron rebasados por los grupos ya existentes.

Junto a ello, hay muchos otros retos: durante los meses previos a la transmisión de poderes, el gobierno electo no dio mayor pauta de cuáles serán sus ejes o políticas más importantes, ni cuáles serán sus prioridades frente a las calamidades sociales ya conocidas que enfrenta Oaxaca. La oportunidad es proporcional a los retos, y para ello tendrá también que ir dando la pauta de qué tipo de relación entablará con los principales factores de poder en la entidad, incluida la menguada oposición priista.

Así, hoy inicia una nueva era, con una agenda atiborrada de asuntos urgentes y, por qué no decirlo, interrogantes aún sin respuesta. Oaxaca no merece ser presa de un nuevo desengaño. No tienen espacio para ello. 

EPITAFIO 

Triste situación la del sórdido priismo oaxaqueño: contrariados por sus propios atavismos y prácticas cupulares, hoy se duelen de las traiciones y del repudio de gente sin capital, pero que goza de una de sus escasas posiciones políticas. ¿De qué se sorprenden? Si se sirvieron, hasta la ignominia, de una militancia fiel y decidida que vio, una y otra vez, cómo eran preferidos los hijos de los dirigentes frente a cualquier tipo de liderazgo emergente. El mejor ejemplo —aunque no el único— son el gobernador que ayer terminó y buena parte de su gabinete, cuya conformación —igual que el caso de la diputación de la hija de Eviel Pérez— estuvo determinada por una inicua creencia de que existía algo así como un “derecho de sangre” entre priistas. Ahí están las consecuencias.

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AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad. 

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes. 

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales. 

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados. 

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22. 

TOMAN DISTANCIA 

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello. 

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO 

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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Elba Esther: su extraña conexión con Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La boda de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, vino a revivir varios fantasmas que históricamente la han conectado con Oaxaca. Ella, que fue referente del viejo corporativismo priista, y que luego tejió alianzas con los gobiernos de la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República, ha tenido una larga aversión con algunos de los factores políticos oaxaqueños determinantes, que durante varios lustros la colocaron —según ellos— en la posición de ‘persona non grata’ en la entidad. A contrapelo de ello, la semana pasada vino a casarse a Oaxaca, y con ello a corroborar que aunque esos fantasmas siguen ahí, hoy no son más que reminiscencias de un pasado que, según parece, ya no la persigue.

En efecto, la semana pasada la maestra Gordillo contrajo matrimonio en la capital oaxaqueña con un joven abogado originario del vecino estado de Guerrero. Desde semanas antes se supo que la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación planeaba realizar aquí su boda, y desde días antes se supieron detalles de dónde se realizaría la recepción, quiénes serían algunos de los invitados, e incluso circularon imágenes de la invitación y los requerimientos sanitarios que se solicitaron a las personas que asistirían a dicho evento. 

Llamaba la atención, desde el primer momento, que la maestra Gordillo hubiera elegido Oaxaca para un evento de esa naturaleza. Pues si bien es cierto que por su majestuosidad y tradiciones la capital oaxaqueña es uno de los llamados destinos de boda predilectos de las élites sociales en México, y que es también un lugar muy solicitado por extranjeros para venir a realizar eventos de esa naturaleza, también es claro que para alguien como la ex lideresa magisterial en otro tiempo este no habría sido su primera opción para un evento social. Las razones, evidentemente, no habrían sido sociales ni económicas, sino claramente políticas. ¿Por qué? 

Porque la maestra ha tenido adversarios históricos relacionados con Oaxaca. Uno de ellos es la Sección 22, históricamente cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —corriente política disidente al SNTE que ella encabezó por más de dos décadas—, que en la región sureste del país se colocó como la principal facción opositora al corporativismo sindical que primero ejerció la maestra Gordillo a favor del PRI, y que luego también rechazó los acuerdos cupulares que desde el SNTE se tejieron con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar proyectos como la Alianza por la Calidad en la Educación, que fueron los primeros intentos por establecer mecanismos de evaluación a los trabajadores de la educación en México.

De hecho, durante décadas la profesora Gordillo fue repudiada en Oaxaca por la Sección 22, que la acusaba de ser la representación del llamado charrismo sindical y la principal orquestadora de los actos de hostigamiento en contra del llamado “magisterio democrático” oaxaqueño. Y, de hecho, uno de los catalizadores del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca fue sembrado directamente desde la dirigencia nacional del SNTE, con la creación deliberada e intencionada de la ahora prácticamente extinta Sección 59 no sólo para plantarse frente a la Sección 22, sino también a los adversarios históricos priistas de la profesora Gordillo, también asentados en Oaxaca.

LA BODA, SIN CONTRATIEMPOS 

La profesora Gordillo se casó el pasado sábado en Oaxaca sin contratiempos. Una pequeña facción de la Sección 22 fue a salvar el honor del magisterio democrático, y realizaron una jornada de lucha pactada y actuada. Un puñado de personas, al que la misma Sección 22 no puede identificar como sus agremiados, fue a causar destrozos a un pequeño espacio del Jardín Etnobotánico del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán donde aparentemente se realizaría el enlace matrimonial de la profesora Gordillo. No hubo protestas ni boicot antes o después del evento. Así, la manifestación fue una pequeña lavada de cara para el magisterio frente a lo que en realidad le permitieron a la maestra Gordillo.

Ella, en el fondo, se rio en la cara de la Sección 22. Dos días después de realizar su fiesta, la maestra Gordillo le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva “…tratamos de ser lo más cuidadosos en cuanto a los invitados y llegaron a hacer esto (los integrantes de la 22) queriéndonos intimidar y dejarme intimidar es una forma que yo había tenido como forma de vida, y se realizó la boda, una boda muy alegre, muy amorosa, muy convencida, muy llena de calor humano y finalmente nos casamos pero lo curioso es que el día viernes nos casamos frente a la iglesia de San Agustín por lo civil a media calle, de la sección 22 y no pasó nada”. Es decir, que en realidad La Maestra hizo su boda formal en las narices de la 22 sin que, sustantivamente, algo ocurriera.

Luego, la profesora Gordillo hizo otra referencia a sus adversarios históricos. En la misma entrevista, responsabilizó de la protesta realizada por “seudomaestros” al exgobernador José Murat. Y es que, si a alguien tenía que echarle la culpa la maestra, aunque fuera un round de sombra para mantener las formas, era a un personaje priista. 

Pues en sus viejos antecedentes como militante del PRI, la maestra fue expulsada de la Secretaría General del CEN, y del partido, por la alianza que a principios de la década antepasada tejió el priismo oaxaqueño con el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado para quedarse con la candidatura presidencial en 2006. La referencia al exmandatario en realidad fue un golpe colateral, porque a quien seguramente le habría gustado más responsabilizar la maestra Gordillo es al exgobernador Ulises Ruiz, que fue quien directamente la confrontó en sus tiempos como Gobernador, y a quien le cayó en las manos el incendio que provocó el conflicto magisterial de 2006, en buena medida azuzado por la creación de la Sección 59 para provocar a la 22 y darle más motivos para salir a las calles.

Al final, el cruce de señalamientos y acusaciones, e incluso la dizque protesta que realizaron integrantes de la 22 previo a la fiesta que realizó la profesora Gordillo en Oaxaca, fueron parte de un esquema perfectamente calculado. Ella pudo haberse casado donde le diera la gana, en México o en el extranjero. Le sobran recursos económicos y relaciones políticas para hacerlo. Pero lo hizo aquí, con el mensaje político de consumar un acto frente a todos; a pesar de todos; y con la venia de todos.

De habérselo propuesto, la Sección 22 le pudo haber hecho la vida —y la fiesta— imposible a la profesora durante su estancia en Oaxaca. Le sobran agremiados iracundos, y dispuestos a dedicar el día y la noche a hacer lo que sea con tal de cumplir con las instrucciones sindicales. No lo hicieron, y por eso la Maestra se les casó a media cuadra del llamado “edificio histórico” de la Sección 22, ubicado en la calle de Armenta y López, sin que nadie hiciera aspavientos.

Y finalmente el gobierno pudo haber dejado sola a la profesora, y tampoco lo hizo. Pues en el fondo todos están cuidando las formas, pero sobre todo sus relaciones políticas con el régimen federal morenista. Aunque todos hicieron lo necesario para mantener la dignidad, lo cierto es que nadie quiere poner en riesgo la gracia de su aliado en común, gracias al que de una u otra forma todos están en posiciones de privilegio. Al final todos convergen en el lopezobradorismo que tiene a la Maestra libre, a la Sección 22 en el privilegio salarial y político, y a Oaxaca como uno de los principales receptores de las inversiones federales en infraestructura.

EPITAFIO 

Con respecto al entorno de violencia en que sobrevive el gremio periodístico oaxaqueño, la vocería del Ejecutivo llevan a pie juntillas las instrucciones de ese pequeño manual de cómo agravar un problema intentando resolverlo. Pero ya es tarde para querer aprender. Y tampoco han tenido muchas ganas de hacerlo. En fin… 

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¿Dónde está la Sección 22?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Resulta pertinente la pregunta, porque desde el inicio de la pandemia —hace casi dos años— la Sección 22 del SNTE ha tenido una presencia prácticamente nula, tanto como grupo de lucha social que como gremio magisterial. Aunque el oficialismo intenta vender como logros suyos la aparente gobernabilidad y los ciclos escolares completos a pesar de la pandemia, lo cierto es que la dirigencia sindical del magisterio oaxaqueño tiene razones suficientes para estar desaparecida.

En efecto, en Oaxaca hoy existe gobernabilidad y trabajo del sector educativo en aparente calma. Desde hace más de dos años no han ocurrido movilizaciones masivas de los trabajadores de la educación y, a pesar de la pandemia, se dice que existe regularidad en el trabajo docente en todos los niveles educativos, pero particularmente en la educación básica y media básica, que se encuentran bajo la responsabilidad de la autoridad educativa estatal y de la Sección 22. 

Junto a ello, se presume que el buen manejo político y administrativo de la educación ha dado como resultado una relación de concordia entre el gobierno y el magisterio, y que por esto éste último no se ha movilizado ni ha suspendido labores a lo largo de los últimos ciclos escolares. 

¿Qué tan cierto es esto? Es evidente que la 22 no se ha movilizado en mucho tiempo; pero esta verdad no necesariamente está ligada con una gestión gubernamental eficaz, sino con el hecho de que el magisterio parece tener muy pocas ganas y motivos para continuar una jornada de movilizaciones. ¿La razón? Que, por un lado, tiene la gran mayoría de sus demandas laborales y políticas resueltas; y, por el otro, que tampoco tiene necesidad de hacer presencia política porque hoy son aliados de una administración federal cuyo partido —Morena— tiene eventualmente ganados todos los procesos electorales a los que acudirá este año y que —como el de Oaxaca— son de interés del sindicato magisterial.

Y es que en mayo de 2019, como si fuera el regalo del gobierno federal a la CNTE en el día del maestro de ese año, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, que resultaron formidables para los intereses del llamado “magisterio democrático”, pues en ellas se declaró la muerte de todas las disposiciones relacionadas con la evaluación de la educación, con lo cual se convalidó el triunfo del magisterio, que siempre ha pretendido mantenerse ajeno a cualquier tipo de disposición que modifique su situación laboral y sus mecanismos de ingreso, siempre que éstos no les den una carta abierta a ellos. Y eso fue justo lo que lograron con la reforma educativa —contrarreforma— aprobada por el Congreso federal en 2019.

Básicamente, la nueva legislación federal elimina todos los requisitos relacionados con la evaluación de la educación; garantiza la subsistencia de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional, así como la contratación de todos los egresados de ellas, y únicamente norma los mecanismos de ingreso y ascenso al servicio docente, pero elimina todo lo relacionado con la evaluación de la educación en sentido sancionador. Es decir, asciende y mejora su situación laboral quien cumple con ciertos requisitos. Y quien no, simplemente se queda en el espacio educativo que ya tiene ganado. Algo inmejorable para sus intereses.

GRAN REGALO 

El Decreto que contiene la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2019 contiene la claudicación del Estado mexicano en favor del magisterio. Dice el transitorio segundo: “A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.

“Hasta en tanto el Congreso expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (sic) —Ley publicada en el DOF el 30 de septiembre de ese mismo año—, queda suspendida cualquier evaluación ypermanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros (sic), los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.

Luego, los transitorios tercero y cuarto no dejan duda sobre la rendición del Estado frente al magisterio: “Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio (…) A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.”

¿Qué significa? Que la 4T no dejó piedra sobre piedra respecto al antiguo sistema de evaluación, y les regaló un nuevo panorama en el que silenciosamente el sindicato magisterial ha ido retomando el control administrativo de la educación. Aunque formalmente nada dice sobre el reconocimiento de la presencia sindical en la gestión de la situación administrativa y laboral de los trabajadores de la educación, es evidente que volvió a poner al SNTE —y a la CNTE— en el pináculo de la política educativa nacional.

Luego, en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros —sí, así se llama—, garantiza el reabastecimiento constante de nuevos integrantes del sindicato magisterial, al formalizar la contratación de los egresados de las normales. El artículo 35 así lo constata: “Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo a (sic) las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la SEP, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas (…) de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta Ley…”

¿Qué significa? Que al menos la CNTE y la Sección 22 no tienen ya razones para mantenerse en la lucha. Fueron satisfechas todas sus demandas sustantivas. Todas. Y si eso no fuera poco, además tienen más de 40 diputados federales provenientes de todo el país. Y la pandemia les permite justificar el hecho de que ya ni siquiera se celebren asambleas seccionales. Así, tanto silencio no es producto de una buena gestión gubernamental estatal, sino resultado de la capitulación del Estado frente a sus demandas. 

EPITAFIO 

En ese contexto de derrota aplastante, ¿alguien sabe qué pasó con el llamado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca? Porque la reforma educativa de AMLO tampoco es lo que exigía el magisterio oaxaqueño. Lo raro es que ahora ya no dicen ni pio… 

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Perspectiva de paz

Carlos R. Aguilar Jiménez.

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Habiendo ganado las elecciones de forma aplastante respecto de la cantidad de votos que obtuvieron otros partidos políticos, antes mayoritarios hoy minoría, se entiende el triunfo de MORENA en virtud del hartazgo de la inmensa mayoría de mexicanos pobres, paupérrimos y olvidados por una partidocracia que se dedicó a enriquecer a políticos dejando a un lado su responsabilidad y compromisos como gobierno, permitiendo creciera la impunidad, corrupción y la injusticia social, situación que llevó al resentimiento nacional y polarización económica que derivó en aparición de grupos políticos inconformes, incremento de delitos, narcotráfico y constitución del crimen organizado, socavando la tranquilidad y acabando con la seguridad, conviviendo en un país casi en estado de guerra, ante la inmensa cantidad de asesinatos, secuestros, violaciones y todo tipo de delitos, que se supone podrían disminuir o acabarse el próximo sexenio presidencial.

Ganaron ex políticos del PRI con tendencia de izquierda y estará en el gobierno ciudadanos y políticos que eran disidentes, antagonistas y opositores al régimen tradicional, así que ahora que estarán en el poder no tendrán razón para marchar, bloquear, secuestrar o amenazar porque algunos izquierdosos se van a convertir en lo que más odiaban: gobernantes, y si además legalizan o regulan el consumo de drogas, nulificarán a narcotraficantes y crimen organizado, porque de las drogas o estupefacientes depende su economía e inmenso poder armamentista, así que, o se convierten en otro tipo de criminales o buscan trabajo ya que los consumidores de droga podrán comprarla sin problema en farmacias o sitios especializados y, disfrutarla en sus casas o lugares autorizados sin miedo de ser detenidos o extorsionados por el mismo gobierno.

La perspectiva de paz es así una posibilidad real, porque además, si se cumplen las promesas de AMLO de erradicar la corrupción, por lo menos la oficial, los corruptos tendrán que irse a otro lado o dedicarse honestamente a su desempeño, haciendo eficiente lo que hoy es un problema. La perspectiva de paz en Oaxaca también sería alta porque si se modifica al gusto y conveniencia de los profes de la Secta 22 la Reforma Educativa, ya no tendrán argumento para perjudicar a los niños pobres y se tendrían que dedicar, como a principios del siglo pasado, exclusivamente a enseñar, porque si el magisterio apoyó a AMLO ahora debe también apoyarlo en sus perspectivas de nación, recuperando Oaxaca su antigua tranquilidad y paz, y con ello la economía turística y convivencia social volvería ser uno más de los atractivos perdidos en nuestra ciudad y estado, pero todo depende de que cumpla AMLO sus promesas y también traiga SEDESOL.  

Se cumple la previsión: advierte CNTE que la crisis magisterial escalará más allá del 1 de julio

Hay quienes, con cierta candidez, creen que las acciones de presión emprendidas en Oaxaca por el magisterio agremiado en la Sección 22 del SNTE, y a nivel regional a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tienen como fondo demandas salariales o relacionadas con sus planteamientos políticos ordinarios, pero no con el proceso electoral. Lejos de eso, la Coordinadora ya aceptó públicamente —cuestión que ha sido sabida, pero pocas veces reconocida— que sus movilizaciones tienen como causa el proceso electoral, y anunciaron que irán más allá. Es la constatación de un vaticinio largamente anunciado.

En efecto, el pasado martes al manifestarse en el Zócalo de la Ciudad de México, profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtieron a los candidatos presidenciales que no creen en “varitas mágicas”, y que las cosas no cambiarán a partir del 2 de julio. “Desde aquí les decimos (a los candidatos presidenciales) que ninguno tiene propuesta educativa. Más allá de la coyuntura electoral, la Coordinadora está antes, durante y después del proceso electoral. No creemos en varitas mágicas ni que todo va a cambiar a partir del 2 de julio”, dijo Víctor Manuel Zavala Hurtado, dirigente de la sección 18 de la CNTE en Michoacán.

Luego lanzaron otras advertencias: “No creemos en el proceso electoral, estamos con la independencia política de gobiernos y de partidos y a pesar de eso, vamos a presentar nuestras propuestas a quien llegue al gobierno”, agregó el dirigente michoacano. En sus propuestas de campaña, los candidatos se han referido a generalidades pero no han tocado aspectos centrales del tema educativo: como la didáctica, la pedagogía, y los libros de texto que se tienen que utilizar para lograr que los niños aprendan.

“Están hablando de lo general porque no conocen en qué condiciones trabaja el magisterio. No nos han escuchado de cómo debe ser el trabajo en las aulas y las condiciones de las escuelas. Por eso decimos que desconocen y no van más allá (…) La CNTE se ha mantenido independiente de cualquier partido político, dijo, “no está a favor de ningún candidato ni del Pacto por México ni de los que están contendiendo ahora. Mantiene su independencia y por eso decimos que cada quien podrá hacer lo conducente”, dijo Enrique Enríquez, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México, también identificada con la Coordinadora.

Hasta ahora, ninguna de las representaciones del magisterio disidente ha sido recibida en la Ciudad de México por representantes de la Secretaría de Gobernación, y ellos mismos reconocen que no han tenido acercamiento alguno con el gobierno federal. Eso les ha servido para mantener su advertencia de que en las entidades federativas donde tiene presencia la Coordinadora —Oaxaca, entre ellas— mantendrán el paro indefinido de labores así como la resistencia en las calles, independientemente de cuánto tiempo se mantengan movilizados, hasta lograr que se cumpla “su derecho de audiencia”.

PREVISIÓN CUMPLIDA

Aunque parece larga la cita, vale la pena releer lo asentado aquí el pasado 11 de junio: “el 28 de mayo la Asamblea Estatal de la Sección 22 anunció el comienzo de su jornada anual de lucha. Lo hicieron con la intensidad propia de una lucha enmarcada en la elección presidencial y por eso, desde el inicio, establecieron coordenadas relativas a que su intención era participar —a su modo— en el proceso democrático, independientemente de si conseguían o no las respuestas exigidas a sus demandas salariales, políticas y sindicales.

“A nivel regional, la CNTE inició acciones una semana después, quedando claro hasta ahora que ni la Sección 22 en Oaxaca, ni la CNTE como movimiento regional, tienen intención alguna de detener sus respectivas acciones hasta que no lleguen al día de la jornada electoral. Esa es la razón por la que, en la entidad, a pesar de que el magisterio ha entablado diversas mesas de trabajo con el Gobierno del Estado, y ha dialogado directamente con el Gobernador, siguen sosteniendo que las respuestas gubernamentales son “mínimas e insuficientes”, y eso les ha servido de justificación para sostenerse en la idea del paro indefinido de labores —cuestión que no ha sido homogénea, ya que en la entidad hay muchas escuelas laborando con normalidad.

“En ambos casos —la 22 en Oaxaca, y la CNTE como expresión regional del magisterio, ambos interesados en mantenerse presentes en este proceso electoral—, podría suponerse que hay claridad entre sus agremiados, y que todo terminará con la jornada electoral del próximo 1 de julio.

“En ninguno de los casos es así: tan no hay claridad, que en Oaxaca las acciones impulsadas por la Sección 22 han sido duramente cuestionadas por sus propios agremiados —por eso hay escuelas abiertas—, aunque la dirigencia magisterial se ha valido de sus incondicionales (que no pasan de ser un puñado de personas frente al universo de trabajadores, que rebasa los 80 mil agremiados sólo en Oaxaca) para mantener acciones como el plantón en el primer cuadro de la capital, y los bloqueos a diversos puntos carreteros, terminales de autobuses y el aeropuerto.

“Lo más grave es que todo esto podría no terminar el 1 de julio. No hay razones para suponer, ni en lo lineal ni en la interpretación política que ellos mismos hacen de las acciones presentes, que el magisterio detenga sus actos de hostigamiento. Gane o pierda Andrés Manuel López Obrador la elección presidencial, ellos tienen ya delineada una agenda política para los meses siguientes en donde está incluida la presión para la abrogación de la reforma educativa y, posiblemente, la formación de un nuevo movimiento sindical producto del cisma nacional que parece irremediable en el SNTE.”

Y luego apuntamos lo que hoy se confirma: “Si gana López Obrador la Presidencia de la República, la 22 y la CNTE no esperarán a que tome posesión, para comenzar a exigir el cumplimiento de los compromisos. Esto se explica por el hecho mismo de que la naturaleza política del magisterio es opositora.

“Ellos no serán aliados de Andrés Manuel, sino que serán los primeros en encararlo y exigirle lo que él mismo prometió. Si llega a cumplirlo, de todos modos el movimiento magisterial no quedará apaciguado y, al contrario, establecerá nuevas coordenadas de lucha para mantenerse vigente e interactuando con el gobierno federal en un marco de tensiones y presiones, no de complicidades ni de alianzas.”

PALABRA ¿CUMPLIDA?

No hay razón para suponer que no será así: la CNTE no se está engañando, y tampoco está engañando a quienes creen que habrá más gobernabilidad con un Presidente aliado con ellos. Las pautas están dadas. Lamentablemente, esto podría ser sólo cuestión de tiempo.