¿Alguien quiere pensar en los niños?

Pongamos todo en perspectiva con:

Carlos Villalobos

A principios de 2023, en Seattle, una peculiar demanda en corte atiborró los titulares en Estados Unidos. Escuelas del estado norteamericano se reunieron en contra de TikTok, YouTube, Facebook y Snapchat, alegando principalmente que las compañías tecnológicas «explotan la vulnerabilidad de los cerebros jóvenes» para generar ganancias, basadas en el uso de técnicas que pueden derivar en distintos problemas de salud mental, que a la larga desembocan en crisis en las escuelas.

Aunado a este procedimiento colectivo, cientos de familias están tratando de que las compañías tecnológicas sean castigadas, principalmente por las revelaciones del sistema que es utilizado por Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros) para impulsar las interacciones entre niños y adolescentes.

La problemática generalizada en Seattle ha abierto la caja de Pandora, ya que, aunque no se ha dejado claro que las redes sociales afectan de forma directa a los niños y adolescentes, lo cierto es que el modus operandi de las grandes tecnológicas ha dejado en claro que lo que buscan, más allá de «comunicar y acercar a la gente», es lucrar con la atención de usuarios en el mundo.

En palabras de los propios padres y autoridades escolares, la crisis mental que atraviesan sus comunidades educativas «no es un accidente y es resultado directo del diseño de las plataformas para atraer a las juventudes».

Más allá de las quejas superficiales que muchas veces se emiten en contra del uso de redes sociales, la demanda, que consta de más de 90 páginas, argumenta que de 2009 a 2019, al menos en el distrito escolar de Seattle, se ha notado un aumento del 30% de casos de estudiantes que se han sentido tristes o sin ilusiones al menos una o dos semanas seguidas para hacer sus actividades.

Como siempre, Meta ha respondido con herramientas para incrementar las medidas para mejorar el uso de jóvenes, familias y niños. Sin embargo, el impacto que tienen dichas redes sociales no se ha tomado en serio en la mayoría de los casos.

Luego de todo, ¿quién tiene la culpa? ¿Las empresas? ¿Las escuelas? ¿Las familias? La respuesta no es sencilla. Sin embargo, el descargo de responsabilidades tendría que ser en función de las responsabilidades que cada uno tiene. Por un lado, las empresas deben tener un uso ético; las escuelas necesitan fomentar el uso saludable de las herramientas, y las familias, regular y concientizar el uso responsable y sano de las plataformas digitales.

Mientras tanto, la moneda está en el aire y abre el panorama para que en el resto del mundo empecemos a abrir la conversación y que en equipo pongamos todo en perspectiva para garantizar el buen uso de las redes sociales.

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AL MARGEN || Pueblos indígenas y minorías en Oaxaca, ¿estarán dispuestos a legitimar una reforma electoral regresiva?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Algunos de los avances más significativos en el ensanchamiento de los derechos político-electorales de las minorías en México, han sido gracias a las luchas jurídico-constitucionales que se han librado desde Oaxaca. Esos mismos grupos y pueblos indígenas, migrantes, colectivos de mujeres e incluso organizaciones de personas defensoras del reconocimiento y la inclusión de las minorías integrantes de la diversidad sexual, son algunas de las mismas que después avalaron electoralmente a Andrés Manuel López Obrador como Presidente. El problema es que su proyecto de reforma electoral es regresivo respecto a todas esas minorías. ¿Lo avalarán en este intento?

En efecto, en estos días continuará la discusión del llamado Plan B en materia electoral impulsado por el presidente López Obrador. A finales del año pasado intentó sin éxito que se aprobara un paquete de reformas a la Constitución federal para modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral, así como una serie de normas y principios que rigen la vida democrática del país. 

Su intento original de reformar la Ley Suprema fracasó ante la imposibilidad de obtener la mayoría legislativa que necesitaba para consolidar su proyecto. Por eso optó por lo que hoy se conoce como el Plan B en materia electoral, que ha levantado mucha polémica por la modificación de las estructuras institucionales en materia electoral, pero que en Oaxaca tendría también eco respecto a regulación del acceso a candidaturas a ciertos grupos minoritarios que aquí han ganado importantes espacios en la arena democrática.

Como lo apunta Hugo Concha en un texto publicado recientemente en la página web de la revista Nexos, lo que está por ser analizado en el Senado presenta tres grandes temas. El primero consistente en una muy necesaria ampliación de derechos políticos; el segundo, en temas relativos a cambios en la organización, estructura y funcionamiento de las autoridades administrativas, INE y OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales), así como reforzamiento de una situación de impunidad de los partidos políticos y; el tercero, relacionado con las autoridades jurisdiccionales y todo el funcionamiento de nuestra justicia en ese ámbito.

Ahora bien, ¿por qué si bien toda la atención está puesta en la modificación de la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, en Oaxaca retumbarían otros temas como los relacionados con la integración de las minorías a la vida democrática del país? Porque como lo apuntamos antes, muchas de esas batallas jurídicas tuvieron a nuestra entidad como origen. Sin embargo, para entender toda esta situación, es importante considerar el contexto e ir por partes.  

En la iniciativa de reforma electoral se pretende establecer (Artículo 11.4 del proyecto) que “en observancia al principio de igualdad sustantiva, los partidos políticos nacionales deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios, al menos al cinco por ciento de los siguientes: a) personas pertenecientes a la comunidad indígena; b) personas afromexicanas; c) personas con discapacidad; d) personas de la diversidad sexual, y; e) personas residentes en el extranjero…” 

Otro elemento importante fue la eliminación de todas las definiciones y referencias relativas a los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas tanto en la Constitución federal como en diversos tratados internacionales. En contrasentido a la tendencia nacional e internacional, el proyecto de reforma electoral hace suyo un anticuado e inconstitucional concepto de igualdad, en el que todas las personas simplemente se consideran iguales, y por eso no se considera relevante constatar el conjunto de derechos que los pueblos y comunidades indígenas mexicanos ya tienen reconocidos tanto en la Constitución como en Tratados Internacionales, desde hace por lo menos tres décadas.

¿AVALARÁN UNA REGRESIÓN?

En una nota publicada en El Universal por los periodistas Christian Jiménez y Juan Carlos Zavala, se establecen los puntos sustantivos de que el llamado Plan B presidencial en materia electoral reconozca acciones afirmativas a grupos minoritarios que son por mucho de umbrales inferiores a los derechos y espacios que ya tienen ganados. 

La reducción, dice la nota, es sustantiva: implica que los partidos reserven al menos 25 candidaturas, de las 500 disponibles, tanto por la vía de representación proporcional como por mayoría relativa, cuando en 2021 se estableció la obligatoriedad de 50 fórmulas o candidaturas a una diputación federal.

Y es que, según apuntan, en 2021 el INE estableció acciones en las que se obligó a partidos políticos y coaliciones a destinar 30 fórmulas o candidaturas a personas indígenas para la elección de diputados, así como ocho a personas con discapacidad; cinco a migrantes y residentes en el extranjero; cuatro a personas afromexicanas, y tres a personas LGBTIQ+. 

El plan B de la reforma, continúan, reduce los espacios reservados para cada grupo, sobre todo para personas indígenas; además, hay menos posibilidades de que personas en situación de discriminación ganen una curul, porque los coloca en los primeros 20 lugares de las listas de representación proporcional y no en los primeros 10. También, las personas en situación de discriminación compiten electoralmente con personas que no están en ese supuesto y quita la posibilidad al INE e institutos locales de aprobar otras medidas afirmativas.

Y como ejemplo estadístico, señalan que, con las acciones afirmativas aplicadas en la elección de 2021 en Oaxaca, por ejemplo, se logró que de las diputaciones electas 51 fueran mujeres (60.71%), 31 hombres (36.90%) y dos personas de la diversidad sexual. Mientras que, de las concejalías electas, mil 279 fueron mujeres, mil 62 hombres y 76 personas de la diversidad sexual, según el IEEPCO, que además señala que de las diputaciones electas, 21 son indígenas (25%), una es afromexicana (1.1%), cinco son jóvenes y cinco mayores de 60 años (5.9% en ambos casos). En cuanto a las concejalías electas, mil 78 son indígenas, 46 son afromexicanas, 328 son jóvenes, 278 son mayores de 60 años, y 172 son personas con discapacidad.

¿Qué debiéramos prever de todo esto? Que irremediablemente habría una batalla legal impulsada por esos grupos (indígenas, jóvenes, personas con discapacidad, mexicanos en el extranjero o de la diversidad sexual, etcétera) que se verían afectados por los nuevos umbrales, mucho más reducidos que con los espacios ya ganados en los últimos años. El discurso fácil podría apuntar a que, por ser muchos de ellos simpatizantes o abiertos partidarios del Presidente, avalarían esta reforma. No obstante, sería como ir en contra de sus propias luchas y convicciones históricas. ¿Realmente esos grupos en Oaxaca estarían dispuestos a no librar esa batalla? Lo creemos francamente imposible. 

EPITAFIO 

En 2001 diversas comunidades indígenas fueron las primeras que alzaron la voz en contra de la reforma al artículo 2 de la Constitución federal, por considerarla insuficiente para reconocer sus derechos y sus libertades como minoría. No hubo poder humano que los detuviera en su inconformidad, a partir de la cual comenzó una larguísima batalla en tribunales nacionales e internacionales —y qué bueno— por el pleno reconocimiento de sus derechos. ¿Alguien cree que ellos, que enfrentan con dignidad las reivindicaciones por el despojo histórico del que fueron objeto, se quedarán de brazos cruzados ante esta reforma? 

@ortizromeroc

@columnaalmargen

AL MARGEN || Fiscalización y combate a la corrupción:el reto en Oaxaca es dejar la simulación

Adrián Ortiz Romero Cuevas

A pesar de que uno de los ejes principales del discurso gubernamental versa sobre el uso
escrupuloso de los recursos públicos, y sobre el combate a la corrupción, en realidad existen
muy pocas acciones consistentes que revelen que existe una verdadera política de Estado en
esos rubros. El estado de abandono en que se encuentran tanto el Órgano Superior de
Fiscalización (OSFEO) como el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, y las nulas
referencias que la nueva administración ha hecho respecto a ellos, permiten ver el estado de
incertidumbre que versa no sobre los nombres y los cargos, sino sobre la noción que se tiene
de esos temas, ambos esenciales para cualquier gobierno que se jacte de seriedad y de
vocación democrática.
En efecto, en la anterior entrega nos referimos en específico a la situación que prevalece
respecto al OSFEO. Apuntamos que el cambio de denominación recientemente aprobado (de
OSFE a Auditoría Superior de Fiscalización) revela el interés sólo por la reorganización del
órgano técnico de fiscalización del Congreso, pero no por fortalecer sus atribuciones o
alcances respecto a la revisión de las cuentas de los entes públicos municipales y estatales.
Las reformas a la Constitución y a la Ley de Fiscalización Superior sólo se refirieron a la
denominación del órgano y su estructura operativa, pero no a sus facultades o alcances. Así,
aún con un nombre nuevo, será más de lo mismo.
Caso aún más grave lo representa el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, ente
aparentemente ciudadano y especializado, pero que carece de esas y todas las demás que
debieran ser sus características esenciales. ¿Qué pasó? Que, a partir de 2017, cuando se
estableció el Sistema Nacional, se estableció en la legislación estatal un ente con similares
atribuciones pero para el ámbito local. Así, en la Ley Estatal del Sistema de Combate a la
Corrupción se estableció que su Comité de Participación Ciudadana debía estar integrado por
personas de la sociedad civil, que garantizaran su independencia de criterio a partir de
estudios o aportaciones a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción en la entidad.
Lejos de eso, el Comité de Participación Ciudadana fue integrado con personajes cercanos a
los diputados locales, a los que no les importó que no se reunieran las cualidades previstas
en la ley —comenzando porque en Oaxaca existe una enorme aridez académica, científica y
social en esos rubros.
Fue, en la Legislatura antepasada, uno más de los esquemas de colocación de personas
cercanas, del que no sólo fue objeto el Sistema Anticorrupción sino otros entes como el ya
mencionado OSFE, el Órgano Garante de Acceso a la Información (OGAIPO, se llama
ahora) o la Defensoría de los Derechos Humanos, que ahora se encuentra en medio de un
limbo legal por la designación de su aun titular como Fiscal General del Estado.
En específico, la vida del Sistema Anticorrupción en Oaxaca ha estado marcada por la
incertidumbre, las disputas por los espacios, los salarios y los presupuestos, y la evidente
falta de resultados.

Y es que se supone que, por citar un ejemplo, una de las tareas primordiales del Sistema
Estatal de Combate a la Corrupción radicaba en estructurar una plataforma digital estatal
“que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e información necesaria para
verificar no sólo los intereses y patrimonio de los servidores públicos, sino también para
monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos, así como de sanciones,
adquisiciones, licitaciones, bienes, arrendamientos, auditoría y fiscalización…”
Dicha plataforma se supone que existe en la página web http://www.sesecc.oaxaca.gob.mx
aunque en realidad no tiene ningún tipo de información adicional a la contenida en otros
sitios web institucionales especializados en información pública, tal como la Plataforma
Nacional de Transparencia. Y qué decir de los estudios, recomendaciones y seguimiento a
cuestiones relacionadas con el combate a la corrupción. Sobre eso, y sobre todas las demás
atribuciones que la ley les confiere, no existe prácticamente nada.

LA DISPUTA
En lo que sí han sido prolíficos es en pelear por los espacios, por los jugosos salarios y el
aparente candil político que ello representa. El Comité Coordinador no tiene una integración
plena porque desde hace un año no hay titular del OSFE; y el Comité de Participación
Ciudadana ha sido también objeto de diversas disputas no entre sus integrantes sino entre los
diputados de las sucesivas legislaturas oaxaqueñas.
La LXIII Legislatura estableció la integración actual como Comité, pero la siguiente
Legislatura decidió cambiarle el nombre y establecerlo como un Consejo de Participación
Ciudadana. Eligió incluso a sus integrantes y les tomó protesta, hasta que a través de un
amparo se frenó el funcionamiento del nuevo órgano, porque un juez federal consideró que
dicha reforma no cumplía con los requisitos necesarios para el cabal cumplimiento de la
democracia deliberativa, entre otros quebrantos. Al final, prevaleció la figura del Comité…
aunque en realidad esto no ha garantizado un buen funcionamiento del sistema.
En realidad, tras lo que han ido unos y otros son los recursos asignados al Sistema y los
jugosos salarios que, enmascarados bajo la figura de los contratos de prestación de servicios
por honorarios, perciben los actuales integrantes del Comité de Participación Ciudadana, los
cuales de acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia,
ascienden a más de 100 mil pesos mensuales para cada uno de ellos, independientemente de
la estructura administrativa que fue creada para el supuesto funcionamiento del Sistema
Anticorrupción.
Al final, lo más lamentable es que tampoco existen coordenadas claras respecto tanto a la
Legislatura actual como al nuevo Titular del Poder Ejecutivo. La actual integración del
Comité de Participación Ciudadana se desangra día a día en medio del olvido y la indiferencia
tanto de la Legislatura como del Gobierno. Los integrantes que quedan del Comité viven
guarecidos en la protección jurídica que consiguieron, pero en medio de la ignominia por su
falta de resultados. Hasta pareciera que tanto al Ejecutivo como al Congreso les conviene
tenerlos así, para voltear de cuándo en cuándo para acusarlos de inoperancia y mostrarlos
como una evidencia de ese pasado ominoso del que, inopinadamente, pretenden no dejar
piedra sobre piedra.

EPITAFIO
El problema es que no parece haber futuro para la cuestión sustantiva, que es el combate a la
corrupción. No hay líneas claras por parte del gobierno sobre qué harán para mejorar la
fiscalización, el control interno y las demás cuestiones que deberían también ser parte de la

nueva entidad denominada Secretaría de la Honestidad. Lejos de parecer entender su
naturaleza y funciones, esa dependencia parece ser el bunker del politburó desde donde
parece que se intenta socavar a todo aquel que no es, o dice ser, químicamente puro para la
4T oaxaqueña. Y señalar a funcionarios tachándolos únicamente de ser “priistas” no es, ni
por asociación, algo equiparable a combatir la corrupción.

@ortizromeroc
@columnaalmargen

La crisis económica, pone en riesgo a usuarios de internet

Pongamos todo en perspectiva con:

Carlos Villalobos

La crisis económica pone en riesgo a los usuarios en internet, ya que las familias y empresas recortan gastos y presupuestos considerados «innecesarios», incluyendo la seguridad cibernética. 

Esto puede crear una «tormenta perfecta» para los cibercriminales, y es importante que empresas, gobiernos y ciudadanos extremen precauciones. Aunque algunas industrias tienen un mayor conocimiento, solo el trabajo en equipo puede protegernos en la red.

Actualmente el Foro Económico Mundial, a través de su “Informe sobre riesgos globales”, ya incluye la ciberdelincuencia en su lista de los diez mayores riesgos que enfrenta la humanidad en el corto y en el largo plazo. 

Los organismos judiciales están en la mira de los atacantes, lo que puede ser complicado debido a la falta de regulación y cooperación interinstitucional. Además, la falta de talento y el agotamiento de los operadores de ciberseguridad también son problemas para considerar, lo que en consecuencia, provoca que las probabilidades de ser víctimas se incrementen de forma exponencial.

En el futuro, es probable que la filosofía de «Zero Trust» se convierta en un estándar, es decir, un modelo que se basa en el principio de “No confiar nunca, verificar siempre”, mientras que el phishing seguirá siendo una amenaza importante. 

Es crucial que los individuos y las organizaciones tomen medidas para protegerse en la era digital.

En este contexto, es esencial que las empresas inviertan en soluciones de seguridad cibernética para proteger sus datos y sistemas. Las tecnologías de seguridad, como la autenticación ‘multifactor’, la encriptación y la detección de intrusiones, deben ser adoptadas para prevenir ataques y minimizar los daños en caso de un incidente.

Además, los trabajadores deben ser capacitados en buenas prácticas de seguridad en línea, como la verificación de correos electrónicos sospechosos y la no compartición de información confidencial. También es importante mantener una cultura de seguridad cibernética en la empresa, donde los empleados comprendan la importancia de la seguridad en línea y trabajen juntos para proteger los activos digitales.

La crisis económica ha aumentado el riesgo de ciberataques, y es importante que las empresas, los gobiernos y los individuos tomen medidas para protegerse. La inversión en seguridad cibernética, la capacitación de los trabajadores y la cultura de seguridad son claves para garantizar la protección en la era digital.

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Información para reflexionar

Enrique Domville

Como seres habitantes de un planeta con una gran producción de pensamientos, llenos de ilusiones, deseos, ambiciones, con tareas diarias que nos permitan, sufrir lo menos posible y con la búsqueda de todos los momentos de bienestar que podamos disfrutar, que son escapes de una realidad, que a cada momento nos recuerda lo frágiles que somos, como individuos o como sociedad organizada en la que siempre esperamos recibir. La ambición, una motivación lícita cuando los límites se marcan en el respeto y los valores, ¿pero cuando usamos a otros seres? Rompiendo el paradigma de Kant de que el hombre es un medio en sí mismo y no un fin. Por lo que en una revisión de la historia del hombre, encontramos que desde siempre, alguno quiere convencer e imponer sus ideas para sus fines; sabemos que éstos pueden ser legítimos si se trata de ayudar y no denostar, pero ilegítimos, cuando queremos convencer para nuestros fines personales que están ligados a la ambición personal; el poder que tiene muchas variantes, algunos nos hablan de mecanismos para buscar el orden y la equidad, y éstos son intereses de bienestar, pero recordemos que puede ser usado para fines personales no ligados al bien común, por lo que la idea está fuera del orden y el derecho. El ejercicio del poder basado en el egoísmo no es ético ni resuelve, no sólo genera desencanto, sino que también descontento, ira, coraje e insatisfacción.

Como definición, el poder usado de manera personal y egoísta, antepone los intereses personales a lo que llamaríamos el bien común, en esta definición entran los diferentes tipos de poder cada uno con su motivación para llevarlo a cabo: el poder económico que está formado por un pequeño grupo de acumuladores de riqueza en las que se encuentran personas físicas atrás de grandes consorcios que de alguna manera convencen a la población acumulando bienes materiales, que como dice Noam Chomsky son los dueños de un poder absoluto y compra a los otros poderes, usándolos para su fin de acrecentar la riqueza. El tan ansiado poder político, permite hacer uso de la gente para beneficio de unos cuantos utilizando recursos que no son propios, pero les da la posibilidad de usar a los individuos, según el autor mencionado, Noam Chomsky, menciona diez puntos para control de las masas: 

1.- La distracción es una herramienta usada en la manipulación de las masas (información excesiva, irrelevante, con el fin de distraer la atención). 

2.- Problema Reacción-solución, en ocasiones el poder de atender problemas no lo hace o lo hace mal a fin de que las soluciones vengan de las masas, se utiliza para dar soluciones impopulares y dividir a las masas.

3.- La Gradualidad, es otra estrategia para introducir estrategias y conceptos que normalmente la gente no aceptaría para que no se note que lo están haciendo. 

4.- Diferir, hacer creer a la gente que una solución temporal a la larga puede traer grandes beneficios a la sociedad y a los individuos. 

5.- Infantilizar al público, sobre todo en los medios, utilizar maneras de expresión como figuras paternales para vencer la resistencia del público. 

6.- Usar las emociones, los mensajes desde el poder son diseñados no para despertar conciencia y análisis sino para despertar emociones. 

7.- Crear públicos ignorantes, tener a las personas en la ignorancia es uno de los objetivos del poder, no usar lo mejor que podemos tener, el análisis. 

8.- Promover públicos complacientes, la mayoría de las modas e ideas o tendecias no se crean espontáneamente, se promueven desde centros de poder para crear oleadas masivas de gustos. 

9.- Refuerzos de auto culpabilidad como otra estrategia de manipulación, es hacer creer que ellos son los culpables de sus problemas y cualquier cosa negativa que suceda, es culpa del individuo y no del poder. 

10.- Conocimiento minucioso del ser humano, en los últimos tiempos se ha avanzado en el conocimiento desde el punto de vista biológico, así como, sus respuesta mentales, pero esta información no está al alcance de todos, por lo que la ignorancia una vez más está a disposición de los poderosos para utilizarla para para sus intereses.

Los seres humanos, desde tiempo inmemorial, se pueden dividir fácilmente, los que actúan con ética, valores y honestidad y los que sólo buscan el poder para su beneficio; pensemos en buscar un mundo mejor o nos quedaremos igual.

Email: enriquedomville@gmail.com

AL MARGEN || Nueva Auditoría Superior de Fiscalización… ¿un acto más de gatopardismo legislativo en Oaxaca?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Se le denomina gatopardismo cuando se en algo o en alguien se cambia todo para que nada se modifique. Tal puede ser el caso de la enésima modificación constitucional que la LXV Legislatura del Estado hizo recientemente a su órgano técnico de fiscalización superior. Le cambió el nombre y modificó su estructura orgánica, en busca de los espacios políticos y del asalto a las posiciones administrativas. Pero en el fondo, nada garantiza que esa modificación le traiga a Oaxaca mejores resultados en cuanto a la revisión de cómo es gastado el dinero público, tanto en las entidades gubernamentales estatales como en los municipios.

En efecto, el pasado 15 de diciembre fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el decreto mediante el cual el Congreso del Estado decidió la desaparición del actual Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), para dar paso a un nuevo órgano denominado Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFE). Con cambios realmente poco relevantes, la nueva denominación del órgano técnico de fiscalización permitirá su reintegración. Tal parece, según la nueva redacción del artículo 65 bis de la Constitución local, que lejos de una reorganización real lo que busca el nuevo partido dominante es concentrar para sí el amplio espectro de poder que tiene esa institución. 

¿De qué hablamos? De que, por un lado, el artículo tercero transitorio del decreto de reforma establece expresamente la extinción del actual Órgano Superior de Fiscalización, creado apenas en 2017 prácticamente a partir de los mismos argumentos por los que ahora fue relevado por un órgano de distinta denominación. En aquellos años la reforma se realizó por petición expresa del entonces Gobernador Alejandro Murat, quien entabló una negociación con las entonces fuerzas políticas opositoras para que cada una de ellas (básicamente el PAN y el PRD) nombrara a un sub auditor, pero que a él se le permitiera inducir el nombre de quien sería el nuevo titular. 

En ese sentido, el entonces gobernador Alejandro Murat no tuvo ningún decoro en el nombramiento del titular del OSFE: negoció para que el Congreso designara como su titular a la persona que ocupó el cargo de Secretario de Finanzas durante el gobierno de José Murat, y que luego fue designado como último Contador Mayor de Hacienda en los inicios del gobierno de Ulises Ruiz, hasta que se creó la Auditoría Superior del Estado. Era la persona (Guillermo Megchún Velásquez, quien falleció en febrero del año pasado) que se había revisado a sí misma (porque de ejecutor del gasto pasó a ser su propio revisor) durante aquellos años en los que vinieron las primeras grandes reformas relacionadas con la fiscalización superior. 

La realidad es que el OSFE no fue ni más eficiente ni más eficaz que la antigua Auditoría Superior del Estado y, al contrario, muchos de los procesos de fiscalización que paulatinamente se habían ido estructurando, se estancaron. Los partidos que en 2017 negociaron con la administración de Murat optaron por ocupar sus posiciones dentro del OSFE sin levantar la voz sobre el entorpecimiento de las funciones sustantivas del órgano de fiscalización. Más parecía otra dependencia del Gobierno del Estado que el ente encargado de revisar la actuación y el desempeño presupuestal de los entes públicos y los municipios. 

PROBLEMA MAYOR 

Oaxaca cuenta con el mayor número de entes fiscalizables del país con 663 (los entes de los tres poderes; los órganos constitucionalmente autónomos; y los 570 municipios), muy por arriba de cualquier otro Estado, lo que siempre ha dificultado los trabajos de fiscalización y rendición de cuentas que anualmente realiza el órgano de control y fiscalización, al tener que llevar un proceso de planeación muy complejo, porque es prácticamente imposible con la estructura actual del OSFE (y antes con la ASE, que era exactamente igual), incrementar sustancialmente el porcentaje de revisión a la totalidad de recursos que se autorizan año con año a Oaxaca.

Pero como si ese no fuera el problema real y el reto de fondo que enfrenta la fiscalización en Oaxaca, resulta que lo que se decretó para la nueva ASFE fue en realidad una serie de cambios cosméticos con una diferencia parece que poco visible pero sustantiva: para el nuevo órgano, el Congreso del Estado sólo nombrará a la persona que fungirá como Titular, y ésta tendrá bajo su potestad el nombramiento de toda la estructura administrativa y operativa del nuevo órgano. Ya ni siquiera habrá negociación: un solo partido, con una sola mayoría, definirá a la cabeza del órgano, y al interior ya no habrá equilibrios o contrapesos de ningún tipo. 

¿Por qué eso resulta relevante? Porque no existe garantía de que —igual que como ha ocurrido al llegar la nueva administración— se privilegien los perfiles o los méritos profesionales de las personas, y que no se prefiera la lealtad absoluta como signo predominante en el nombramiento de la persona titular de la ASFE. Pareciera, pues, que de nuevo buscarán cómo integrar el órgano a partir de los débitos políticos y los méritos en campaña, y no buscando un perfil profesional de cierto nivel que garantice avances en la labor técnica que debería ser sustantiva, cuando uno de los aparentes ejes transversales de la 4T se basa en el combate a la corrupción.

Pareciera además que cuestiones escandalosas, como que el órgano de fiscalización oaxaqueño es el que tiene más entes fiscalizables de todas las auditorías estatales del país pero a su vez es la que a nivel nacional tiene menos presupuesto y recursos humanos, materiales y tecnológicos para cumplir con sus funciones, no son un asunto que merezca la preocupación tanto de los diputados como del propio Ejecutivo. Fue tanto el descuido, que el actual OSFE está a días de cumplir un año sin titular, y durante ese tiempo sus integrantes sólo se dedicaron a aprovechar el bajo perfil para evitar llamar la atención en la esfera pública.

Hasta hoy, el Congreso del Estado tampoco ha establecido con claridad cuál será el mecanismo de selección para las personas que puedan competir para ocupar el cargo de titular en el nuevo órgano. Ya se sabe que no habrá negociación entre fuerzas políticas, porque es un solo cargo en juego; y también ya se sabe que las preocupaciones no descansan en los perfiles sino en las lealtades. Así, ¿cómo pensar en una mejor fiscalización si no existe un derrotero claro sobre las tareas sustantivas, y todo se reduce a quién será el beneficiario de este cargo? Así, podrán seguir refundando el órgano. Pero será difícil que la revisión de cuentas del propio gobierno tenga un saldo positivo en el mediano y largo plazo.

EPITAFIO 

En cuanto a la fiscalización, a la administración anterior francamente no se le tomaba en serio: el titular del OSFE era incondicional de la familia del entonces Gobernador; y en la Secretaría de la Contraloría operaron buena parte del sexenio dos personajes (Jorge Antonio Benítez Calva y Gustavo Marchelo Benecchi Loyola) que primero fueron subsecretarios en Finanzas… y luego fueron colocados en la Contraloría para revisarse a sí mismos. La misma situación de Megchún. Ver para creer. 

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