AL MARGEN || ¿Qué retos enfrentará Salomón Jara como Gobernador?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Con la toma de protesta del morenista Salomón Jara como Gobernador, hoy inicia una nueva etapa en la vida política de Oaxaca. Sus retos como mandatario serán relevantes en la medida en que esté decidido a modificar la línea de cacicazgos y las inercias de los tradicionales grupos de poder locales. No sólo se trata de la gobernabilidad, de la obra pública o de los problemas sociales, sino también de establecer nuevos parámetros de convivencia entre los grupos políticos y de presión que históricamente han confluido en la entidad.

En efecto, por un lado se encuentra la agenda política tradicional, y por el otro la perspectiva de fundar una nueva clase política. En la primera de las agendas, la Secretaría de Gobierno deberá recuperar el papel fundamental que perdió hace una década en la atención real de la política interna, y su nuevo Titular deberá demostrar que está a la altura de los retos que enfrentará: la conducción de la relación política con el magisterio de la Sección 22 del SNTE, y de las principales organizaciones sociales, así como lo relativo a la no menos conflictiva vida intermunicipal en la entidad. En cada uno de los casos, los desafíos son extraordinarios y todo el gobierno tendrá que contar con una agenda de riesgos actualizada y ajena a la complacencia o el autoengaño. ¿De qué hablamos? 

De que, si bien es cierto que el magisterio oaxaqueño pasa por uno de sus mejores momentos en la relación con el gobierno federal, también lo es que en la entidad ellos no abandonarán su doble posición de grupo sindical y de organización de lucha social. Así lo dejó claro ayer la dirigente magisterial Yenny Araceli Pérez Martínez, quien aseguró en conferencia de prensa que la 22 “no es moneda de cambio” y que marcharán desde el día 1 de la administración jarista, para remarcar que reanudarán la lucha social y el apoyo a causas populares.

En esencia, el magisterio tratará de recuperar su presencia en la palestra estatal no sólo para exigir interlocución con el gobierno, sino también para legitimar ante sus bases a la nueva dirigencia, aun cuando tienen cumplidas por el gobierno federal prácticamente todas sus demandas económicas, salariales y políticas. 

Ahora bien, el gobierno de Salomón Jara enfrentará grandes desafíos en su relación con las organizaciones sociales. Este —y así lo asumen sus propios integrantes— es un régimen emanado de la lucha social. Por ello, desde el inicio la administración jarista tendrá que definir: a) qué tipo de relación entablará con las organizaciones sociales; b) cómo gestionará las demandas y “techos presupuestales” que eternamente han demandado los grupos de lucha social —de los cuales varios de los ahora funcionarios han sido ampliamente beneficiados y; c) qué tanta tolerancia habrá para que los mismos que ahora fungirán como servidores públicos sigan encabezando organizaciones de esta naturaleza. El gobierno de Gabino Cué dejó amplias —y amargas— experiencias al respecto. Y por eso será una cuestión de primer orden definir qué tipo de relación tendrá el nuevo gobierno con las organizaciones sociales. 

¿UNA NUEVA CLASE POLÍTICA?

Parece —porque sólo los hechos lo constatarán— que Salomón Jara tiene la posibilidad de debutar a una nueva clase política. Para ello tendrá que impulsar liderazgos propios pero, además, tendrá que definir qué relación tendrá: a) con los anteriores grupos que gobernaron la entidad desde algunas de las fuerzas políticas que hoy están integradas en Morena; b) qué relación tendrá con la menguada oposición priista; c) qué tanta disposición tendrá para reciclar personajes y grupos a los que la ciudadanía ya reprobó en las urnas y; d) qué tanta capacidad tendrá para articular un grupo político que perdure más allá del final de su administración.

Se puede suponer que es muy temprano para pensar en ello. Sin embargo, el solo reto de dejar atrás las influencias muratistas, ulisistas y gabinistas, se antoja algo por demás relevante para la garantizar estabilidad y supervivencia del grupo jarista no frente a los grupos de poder, sino de cara a la ciudadanía. ¿Por ejemplo, qué tanta influencia tendrá Gabino Cué, a través de Jorge Castillo, en la integración del gabinete en la nueva administración? Ese mismo ejemplo se podría repetir con los demás exgobernadores y sus operadores políticos o financieros, que en el pasado dejaron pésimos antecedentes entre los oaxaqueños.

Al final, Salomón Jara como Gobernador tiene la posibilidad envidiable de tratar de impulsar a toda una nueva clase política. Contará con el apoyo del gobierno federal para culminar obras largamente esperadas por los oaxaqueños, y gozará de las garantías de estabilidad generadas también desde la federación con grupos de presión más determinantes para la entidad. Eso le quitará mucho desgaste y distracciones. Dentro de muy poco, sin embargo, su propio equipo político y de gobierno será puesto a prueba por la propia realidad. Ahí se demostrará si esas mujeres y hombres integrados al gobierno tuvieron la altura de miras suficiente como para ser parte de nuevas estructuras de poder, o si terminaron rebasados por los grupos ya existentes.

Junto a ello, hay muchos otros retos: durante los meses previos a la transmisión de poderes, el gobierno electo no dio mayor pauta de cuáles serán sus ejes o políticas más importantes, ni cuáles serán sus prioridades frente a las calamidades sociales ya conocidas que enfrenta Oaxaca. La oportunidad es proporcional a los retos, y para ello tendrá también que ir dando la pauta de qué tipo de relación entablará con los principales factores de poder en la entidad, incluida la menguada oposición priista.

Así, hoy inicia una nueva era, con una agenda atiborrada de asuntos urgentes y, por qué no decirlo, interrogantes aún sin respuesta. Oaxaca no merece ser presa de un nuevo desengaño. No tienen espacio para ello. 

EPITAFIO 

Triste situación la del sórdido priismo oaxaqueño: contrariados por sus propios atavismos y prácticas cupulares, hoy se duelen de las traiciones y del repudio de gente sin capital, pero que goza de una de sus escasas posiciones políticas. ¿De qué se sorprenden? Si se sirvieron, hasta la ignominia, de una militancia fiel y decidida que vio, una y otra vez, cómo eran preferidos los hijos de los dirigentes frente a cualquier tipo de liderazgo emergente. El mejor ejemplo —aunque no el único— son el gobernador que ayer terminó y buena parte de su gabinete, cuya conformación —igual que el caso de la diputación de la hija de Eviel Pérez— estuvo determinada por una inicua creencia de que existía algo así como un “derecho de sangre” entre priistas. Ahí están las consecuencias.

@ortizromeroc

@columnaalmargen

¿El PRI va a terminar siendo cómplice de Cué al protegerlo vs juicio político?

 

+ El juicio político sólo puede desahogarse en el año siguiente de dejar el cargo

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Es una paradoja, pero parece que algunos diputados de la Fracción Parlamentaria del PRI fungirán ahora como aliados y encubridores del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo. Los últimos movimientos en el Congreso del Estado, respecto al procedimiento de juicio político que ahí se desahoga en contra del ex Mandatario, así lo confirman. Parece que el priismo está dilatando el proceso para finalmente terminar excluyendo de responsabilidad política a Cué por el simple paso del tiempo y por la inacción legislativa.

En efecto, en el Congreso del Estado se desahoga ahora mismo un procedimiento de juicio político, promovido ante la Comisión Instructora por cercanos al senador y ex aspirante a la gubernatura, Benjamín Robles Montoya. Dicha Comisión es encabezada por la diputada de Morena María de Jesús Melgar Vásquez, y dentro del trabajo técnico ha venido dando seguimiento a la solicitud de juicio que presentaron tres personas.

En el punto en el que se encuentra el trámite del procedimiento, ahora se le debe dar vista al acusado —el ex gobernador Cué— para que éste tenga oportunidad de presentar sus alegatos y defensas, y una vez ocurrido esto, el Pleno del Congreso se erija en jurado de sentencia para resolver el asunto y decida si lo encuentra responsable y qué sanción podría aplicarle —que en este caso tendría que ser la inhabilitación para ocupar comisiones o cargos públicos, y de representación popular, hasta por un periodo de 12 años.

Frente a esto, la diputada del PRI Mercedes Rojas Saldaña salió al paso para defender, quién sabe si por voluntad o inopinadamente, al ex gobernador Cué. Mediante un comunicado, la Legisladora sostuvo que la fracción parlamentaria del PRI “considera que el inicio de juicio político en contra del ex gobernador coalicionista, Gabino Cué Monteagudo, es un acto mediático”.

La legisladora —dice el comunicado— justificó que el no haber firmado el inicio del procedimiento del juicio político, es debido a que como fracción buscan un juicio serio, con todas las pruebas suficientes que permitan sancionar al ex mandatario de manera contundente. En ese contexto, reveló que la actual Comisión Instructora solo cuenta con copias simples de auditorías realizadas hace un año, y sin especificar cuántas observaciones se realizaron a la administración del ex gobernador Gabino Cué.

“Por eso indicó que es importante se recaben pruebas claras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se inicie un proceso serio en contra del ex mandatario estatal. Dijo ser respetuosa de la Comisión Instructora, pero ella no firmó el documento de inicio de juicio político por las razones expuestas. Pidió a sus compañeros sensatez y cordura para que el juicio político a iniciar a Gabino Cué sea contundente”, finaliza el comunicado.

¿Cuáles son las posibles interpretaciones de esta decisión francamente poco clara de la fracción priista? En el esquema más simple, pudieran estar confundiendo la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar de la gestión del ex gobernador Cué, con su responsabilidad política. Pues queda claro que para las dos primeras, sí es necesario contar con los resultados de auditoría y todo un esquema de probanzas arrojadas por revisiones tanto de las instancias estatales como federales encargadas de la fiscalización de los ejercicios anuales de la administración anterior.

Sin embargo, la responsabilidad política corre por un sendero que, aunque es paralelo al anterior, es distinto de aquel. Pues aunque pareciera verdad de Perogrullo, es claro que el juicio político tiene como finalidad incidir en los derechos políticos de la persona que a juicio de la Legislatura tuvo actúa, o actuó incorrectamente, durante el periodo en el que fue servidor público.

Ello se refleja en la destitución del cargo —cuando se encuentran en activo—, y inhabilitación para ocupar nuevas responsabilidades públicas por un periodo determinado de tiempo. ¿En dónde impactan esas dos decisiones posibles? Lo hacen directamente en los derechos políticos de la persona que es hallada culpable de responsabilidad política. Por eso la afirmación de que el juicio político es —y aunque parezca juego de palabras— tiene efectos de naturaleza política, independientemente de lo que pudiera ocurrir por las vías administrativa y penal, que no son afectadas por el juicio político.

PROBLEMAS CONSTITUCIONALES

Hay un problema aún mayor que no ve la diputada Rojas Saldaña. El artículo 114 de la Constitución del Estado de Oaxaca establece que “el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”.

¿Cuál es el problema? Que si la diputada Rojas Saldaña opta por esperar a que, como dice, se recaben las pruebas suficientes aportadas por los resultados de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo menos tendría que esperar hasta el mes de septiembre para que dicha instancia entregue sus resultados de auditoría correspondientes al año previo, y sólo después de conocer lo que resulte de ellos, iniciar un trámite “contundente” de juicio político, con el enorme riesgo de que en el solo desahogo del procedimiento podría llegar el 30 de noviembre, plazo en el cual se cumple un año de que Cué dejó la gubernatura, y entonces quedar inhabilitado el Congreso para desahogar el juicio político por la prescripción que la propia Constitución establece para este mecanismo.

En esa lógica, puede entenderse que se pretenda cierto rigorismo; sin embargo, en estas condiciones tal rigorismo más bien parece una excusa aparentemente bien planteada para mantener el halo de impunidad, que cada vez se ve con mayor claridad que algunos grupos del propio régimen actual quieren procurarle al ex Gobernador, quién sabe a partir de qué acuerdo o compromiso. Fuera de ello, no existe una lógica clara para pretender que el trámite actual no continúe, a pesar de que dentro del abanico de posibilidades se encuentra —como en todo procedimiento jurisdiccional, incluso dentro de la justicia ordinaria— de presentar pruebas supervenientes cuando se tenga noticia de nuevas probanzas que son trascendentes para el resultado de un juicio.

Al final, si no existe voluntad de continuar este trámite de juicio político por parte de quienes tienen la mayoría de diputados en la Legislatura —mayoría que, por cierto, no es alcanza para determinar el desechamiento de un trámite como éste—, sí debería haber demostraciones claras de voluntad y capacidad en el propio gobierno actual para indagar la gestión de los funcionarios anteriores, y comenzar a proceder en su contra.

El problema es que en todo se ve silencio, evasivas y apariencias de incapacidad. No les queda claro que su peor escenario es terminar siendo cómplices de quienes dejaron colapsada la economía y las finanzas públicas de la entidad, y defraudados y desilusionados a millones de oaxaqueños.

CORREN APUESTAS…

Doble contra sencillo, a que cualquier acuerdo que se construya entre el Gobierno del Estado y el Comité de la Sección 22 que se encuentra en las mesas de trabajo para la atención de su pliego petitorio, será rechazado por la Asamblea Estatal. En el proceso de entender la lógica magisterial, deberían saber que la clave de los acuerdos no está en el Comité Seccional sino en la Asamblea Estatal, que cada que sesiona evoca la noche de los cuchillos largos. Para dejarlo registrado. Y volver después a ello.

Gobierno y Congreso deben demostrar voluntad para enjuiciar a Gabino Cué

 

+ Juicio Político, intrincada ruta que no resarciría de fondo actos de corrupción

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Existe en el Congreso del Estado cuando menos una demanda de Juicio Político en contra del ex gobernador Gabino Cué. Aunque el procedimiento aún se encuentra en un periodo temprano, puede advertirse que, a menos que haya verdadera voluntad por parte del gobierno y el Congreso, el camino hacia la condena del ex Mandatario es verdaderamente complicado y que, además, en el fondo no sería suficiente para resarcir los perjuicios al interés público de la entidad.

En efecto, más que hablar de nombres y circunstancias, habría de entrada que considerar qué es, cómo procede, y qué efectos tiene el juicio político. En esa lógica, lo primero que se debe apuntar es que como su nombre lo indica, el juicio político tiene efectos en los derechos políticos de la persona a quien se le realiza. Así, si partimos de que todo servidor público está sujeto a la responsabilidad administrativa, penal, y política, entonces podremos advertir la dimensión de las consecuencias posibles de sus conductas en el ejercicio de una función pública.

¿De qué hablamos? De que según la Constitución, todos los servidores públicos tienen como primer filtro de su desempeño, la responsabilidad administrativa. Ésta es la que resulta de su propio desempeño como funcionarios, y puede ir desde una amonestación verbal o por escrito, hasta la inhabilitación para ejercer funciones administrativas derivado de una conducta irregular observada y comprobada.

Así cuando, por ejemplo, un servidor público excede o ejerce indebidamente sus funciones; cuando sobrepasa sus atribuciones; cuando incurre en descuido o negligencia, se hace acreedor a una sanción administrativa que no implica pena corporal alguna. La consecuencia es que queda impedido durante cierto periodo para ser servidor público —aunque ello no implica que la persona quede legalmente impedida para ocupar cargos de elección popular, ya que éstos tienen una naturaleza política, mientras que los empleos públicos tienen una naturaleza meramente administrativa.

Además, en el caso de los servidores públicos, cuando esas conductas además de tener consecuencias administrativas pueden constituir la comisión de un delito, los órganos internos de control tienen la facultad de darle vista del expediente administrativo al Agente del Ministerio Público, quien a su vez, si encuentra los elementos de la posible constitución de un hecho ilícito, tiene el deber de integrar una carpeta de investigación por la posible comisión de delitos relacionados con el servicio público. Esto es lo que pasa, o debería ocurrir, cuando a un servidor público se le comprueba la desviación de recursos, el peculado, o el provecho indebido a partir del ejercicio de sus funciones como servidor público, entre otros; y que, en consecuencia, ya no sólo enfrenta una responsabilidad administrativa sino también un procedimiento del orden penal.

El juicio político, en esa lógica, se inscribe en una especie de tercer nivel de responsabilidad, ya que sus consecuencias no son ni del orden administrativo o penal, sino que tienen efectos en los derechos políticos de la persona sobre quién recae. De acuerdo con la Constitución del Estado, el juicio político tiene la consecuencia de inhabilitar a quien se le encuentra culpable, con la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos de similar naturaleza durante el periodo de tiempo que determine el Congreso.

Una de las diferencias entre la responsabilidad administrativa y el juicio político, es que mientras aquella puede resultarle a cualquier empleado público, el juicio político está reservado para ciertos funcionarios cuyo cargo implica el ejercicio de sus derechos políticos y es de los expresamente enumerados en la Constitución del Estado.

Éstos últimos, de acuerdo con el artículo 117 constitucional, son Gobernador del Estado; los Diputados de la Legislatura Local; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; los Titulares de las Secretarías; el Fiscal General del Estado de Oaxaca; los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca; el Auditor Superior del Estado, los Sub Auditores; los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo y de cuentas y los demás integrantes de los Órganos Autónomos.

Es decir, que desde el más modesto empleado, hasta el Gobernador, puede ser sujeto de responsabilidad administrativa; pero el juicio político sólo puede aplicarse a los funcionarios antes mencionados porque la inhabilitación a que se refiere el juicio político es respecto del ejercicio de sus derechos políticos para votar y ser votados.

LOS ENREDOS

El año pasado, antes de concluir la LXII Legislatura, los diputados votaron una reforma que modificó la procedencia del juicio político. Al respecto, dice la fracción I del artículo 116 de la Constitución local que se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 117 a los Servidores Públicos señalados en ella, cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

La modificación a la que nos referimos, afectó el tercer párrafo de esta fracción, que hoy dice: “Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular denuncia ante el Legislativo del Estado, respecto a las conductas a las que se refiere la presente fracción. Dicha denuncia deberá contener como mínimo, los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa.”

Parece ser que en este último precepto le dejaron abierta una puerta a la impunidad al ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, a menos que tanto el Gobierno del Estado como la Legislatura local actúen con diligencia, voluntad y capacidad en contra del ex Mandatario y los funcionarios a los que hoy se les señala por corrupción. ¿De qué hablamos?

De que finalmente, en gran medida la procedencia final del juicio político queda sujeta a que tanto a Gabino Cué como a varios de los funcionarios de su gobierno (titulares de secretarías del gobierno como Salud, Economía y Turismo, Infraestructuras y demás), se les integren procedimientos administrativos correctos e integrales, en los que se puedan demostrar sus responsabilidades administrativas y penales, y que éstas a su vez sean la base para sustentar la procedencia del juicio político. Esto se hace evidente a partir de lo que dice la Constitución, pero también de lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que se establece con más claridad en qué casos procede el juicio político.

En esta lógica, dice la fracción VIII del artículo 8 de esa Ley, que las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas, presupuestos de la administración estatal o municipal y a las leyes que determinen el manejo de sus recursos económicos, se consideran como un perjuicio a los intereses fundamentales del Estado o de su buen despacho, y eso es lo que hace procedente al juicio político.

¿RESPONSABILIDADES COMPROBABLES O MEROS DICHOS?

Justamente por eso, si de verdad el gobierno y el Congreso tienen voluntad de llevar a los ex funcionarios hasta el juicio político —pasando por todas las responsabilidades administrativas y penales, que les resulten en el camino— deben comenzar por dejar de anunciar acciones, y llevarlas a cabo. Si no logran instaurarle expedientes administrativos perfectamente integrados a esos ex funcionarios señalados —incluyendo a Gabino Cué— entonces podremos ir previendo que la posibilidad real del juicio político será nula, y que hoy sólo están jugando con las expectativas de la ciudadanía en la ruta de un juicio político que no tendría futuro.

El fracaso de la transición puede alentar la regresión democrática

+ La tentación radica en reformar, para reducir, margen democrático

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Una de las tentaciones más claras que tendrá el nuevo régimen en Oaxaca, será el de tratar de aprovechar el sentimiento de fracaso y derrota de la transición democrática impulsada fallidamente en los últimos seis años. Ese sentimiento de derrota tiene su base en las expectativas rotas del gobierno saliente. Sin embargo, si algo dejará la alternancia de partidos en Oaxaca, son los mecanismos de democracia participativa establecidos en la reforma constitucional de abril de 2011, que no sólo no deben reducirse ni sepultarse, sino maximizar su contenido democrático.

En efecto, hemos visto en las últimas semanas cómo el gobierno que asumirá el 1 de diciembre ha intentado generarse un escenario favorable a partir de la dominación total que ejerce el PRI sobre la LXII Legislatura. Ha sido ésta quien ha concretado diversas reformas para disminuir su propia influencia sobre el Ejecutivo, y para permitirle al nuevo gobierno márgenes más amplios de utilización de las atribuciones que le da la misma Constitución.

En esa dinámica, han reformado algunos de los esquemas de la relación Ejecutivo-Legislativo; han ampliado la discrecionalidad gubernamental, al abrir la puerta al traje a la medida que se está haciendo el Ejecutivo con la administración estatal; e incluso, por voluntad, el Congreso decidió que la próxima integración legislativa sea más compleja en cuanto a la conformación de bancadas y el reparto del poder.

En este marco, hay por lo menos dos cuestiones que se deben considerar: primera, que si el nuevo gobierno tiene una agenda democrática nutrida, ésta debe pasar por la revisión de los mecanismos de participación ciudadana pero en los términos y condicionantes que establece la Constitución de la República; y segunda, que desde el inicio la LXIII Legislatura debe establecer sus propias coordenadas en la relación con el Ejecutivo. En ese marco, será determinante la definición política de las fuerzas opositoras frente a un PRI que intentará por todas las vías reinstaurar un régimen de amplia dominación del Ejecutivo sobre el Legislativo, como fue en el pasado.

Estas dos cuestiones van concatenadas. Pues, en el primero de los rubros, el nuevo gobierno y los partidos que lo respaldan deben asumir que de forma concomitante a las políticas y estrategias que implementen para legitimarse en el poder, deben también establecer una agenda democrática. Dicha agenda debe tener como base de su contenido la revisión de los mecanismos de participación, así como las formas de relación entre los poderes, y la incidencia que deba tener la ciudadanía en el cumplimiento de dichos fines.

Ese es el marco más aceptable. Sin embargo, también puede ocurrir que la agenda democrática del nuevo régimen sea regresiva, con el objeto de incrementar la concentración de poder a favor del Ejecutivo. En ese marco podrían, por ejemplo, pensar en desaparecer algunos de los mecanismos de participación ciudadana en los que, con todas sus fallas e insuficiencias, Oaxaca es líder: el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, y algunas otras figuras que ni siquiera se pusieron en práctica.

¿Esto puede ocurrir? Hay amplias posibilidades de que eso sí pueda pasar. La LXII Legislatura ya lo intentó, con éxito, al establecer la prescripción de todas las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en sólo tres años (y no en siete, como se establece en la Constitución federal), sin que hubiera oposición alguna. Si ya concretó lisa y llanamente una reforma regresiva, bien podría hacerlo con otras similares.

MECANISMOS INSERVIBLES

Es cierto que los mecanismos de participación ciudadana, o de democracia participativa, necesitan muchos ajustes: cada uno de ellos se debe hacer operante y accesible a la ciudadanía; rubros como el referéndum y el plebiscito deben flexibilizar sus requisitos y mecanismos de acceso, para que pueda servir en la definición de temas trascendentes para la ciudadanía. La oposición al Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín, por ejemplo, demostró que a pesar del amplio movimiento social que se generó alrededor de ese tema, no hubo forma de acceder a dichos mecanismos ante la alta complejidad de sus requisitos de operación.

Lo que no debe considerarse es que, como esos mecanismos son actualmente inoperantes e inaccesibles (y que sólo son un testimonio documental de la participación ciudadana en la entidad), entonces hay que eliminarlos. Eso podría pasar a partir de la búsqueda de provecho por el fracaso democrático que implica el término de un gobierno de altas expectativas pero bajísimos resultados. Sin embargo, nadie en su sano criterio podría pensar que esa es la solución o el lavado de culpa para esta experiencia trágica relacionada con la alternancia de partidos en el poder en Oaxaca.

DEFINICIONES POLÍTICAS

Por eso son también muy importantes las definiciones políticas que asuman las fuerzas de oposición. Si se van a dedicar a ser satélites del nuevo gobierno, entonces tendremos abierta la posibilidad de reformas democráticas regresivas, aún cuando éstas llegaren a atentar contra el principio de progresividad que define a toda norma que consagra derechos fundamentales. Si la oposición tiene la capacidad de generar o alimentar esa agenda democrática, entonces tendrán que enfrentarse las reformas deseables contra las reformas posibles, y que ahí la política cumpla con sus fines. Oaxaca está ante grandes oportunidades. Deben tener ese derrotero para no convertirse en amenazas para nuestra incipiente democracia.

Transición: gobierno debe ajustarse —ahora sí— a los problemas de Oaxaca

+ La administración debe dejar de pagar por desencuentros entre funcionarios

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Uno de los problemas estructurales que tuvo la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo, radicó en su permanente tolerancia al gobierno de facciones, y en las contradicciones políticas, deficiencias, y costos operativos, que ello generó. El nuevo gobierno debe considerar que la corrección de ese problema marca el punto de partida de la transmisión de poderes, y que eso debe resolverse no sólo desde los nombres del próximo equipo de gobierno, sino desde la ley.

En efecto, hoy que la administración saliente marca sus últimos derroteros, y que estamos a pocos días de que formalmente se integren los respectivos equipos de transición, es importante remarcar que muchos de los problemas que enfrentó la administración pública en los últimos años, fueron generados justamente por la falta de una noción concreta de cómo debía construirse un gobierno, y un equipo de trabajo, unificados para conseguir resultados.

En ese sentido, ha sido ampliamente documentado —en este y otros espacios— cómo una de las políticas de “convivencia política” entre el régimen saliente y los partidos con los que llegó al poder, fue justamente la que consistió en generar “parcelas” —que terminaron siendo guetos— en la administración pública.

Ese es un problema importante, pero no es el único ni el más grave. Pues a la par del gobierno de parcelas que se generó para mantener en el agrado a los grupos supuestamente aliados del régimen, también se permitieron excesos que derivaron en graves problemas para la administración pública. Reiteradamente, a los grupos y personajes más privilegiados se les permitió también modificar la estructura administrativa del gobierno para mantener o acrecentar sus zonas de influencia, o también para reñir y castigar a quienes no estaban alineados con ninguno de los grupos dominantes.

Hay varios ejemplos. Uno de ellos, es la Secretaría del Trabajo, que durante toda su existencia nunca ha tenido una misión específica, y tampoco un sentido social determinado. Esa dependencia fue creada para compensar a uno de los grupos políticos integrantes de la coalición, pero sin ser consecuencia de una agenda o de un plan de gobierno determinado.

Por eso, hasta después de haber tomado la decisión —política— de crear esa dependencia, se le buscaron atribuciones para justificar su existencia. El resultado fue una dependencia irrelevante y costosa y, sobre todo, que no cumplió nunca con alguna finalidad social o productiva que refrendara su existencia, y sí desperdició oportunidades de atención a sectores que siguen navegando al margen de cualquier atención gubernamental en un tema tan sensible como el empleo.

EL CASO SEGEGO

Acaso si hay otro ejemplo dramático, es el de la Secretaría General de Gobierno, a la que en esta administración se dedicaron a castigar institucionalmente, gracias a intereses políticos y mezquindades que ni generaron un mejor gobierno, ni fortalecieron la estructura gubernamental, ni fueron puntal para la construcción de un proyecto político. Vale recordar este caso para entender la importancia de no volver a cometer los mismos errores.

La primer titular de esa dependencia en esta administración fue Irma Piñeyro Arias, a quien el Gobernador designó sorpresivamente el mismo día de su toma de posesión para enviar un mensaje sobre la inclusión y la pluralidad de su gobierno. El problema es que Piñeyro no pertenecía a ninguno de los grupos dominantes dentro del entonces incipiente gabinete, y sí le arrebató el cargo a Benjamín Robles Montoya que entonces soñaba con ser el conductor de la política interna del Estado.

En aquel momento, Robles era uno de los personajes de mayor influencia dentro de la administración, y decidió “darle tormento” —parafraseando a Gonzalo N. Santos— a la ley para frenar a Piñeyro. ¿Qué hizo? Primero, se dedicó a descalificar frente a todos los grupos que “conviven” con la General de Gobierno, no a la Titular, sino a la dependencia, para llevar él los asuntos de gobierno a su trinchera como Jefe de la Oficina de la Gubernatura. Robles le generó a la Segego un desprecio enorme, que se reflejó en el hecho de que, fácticamente, la gobernabilidad se manejaba en Gubernatura y no donde la ley mandaba. De hecho, la Segego se quedó sin materia y esa fue la razón del relevo a favor de Jesús Martínez Álvarez.

Cuando llegó el ex Gobernador a la Segego, se pensó que Martínez Álvarez sería un Secretario fuerte. Lo intentó, pero falló por la misma razón que Piñeyro: él no concordaba, ni era integrante, ni era cercano, ni compartía intereses, con los grupos de Robles Montoya y de Jorge Castillo Díaz. Esa confronta, particularmente con Castillo, generó no sólo más debilitamiento político de la dependencia —a la que no le permitían operatividad ni le daban la influencia que merecía para incidir en la gobernabilidad— sino la pérdida de atribuciones. En las sucesivas reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, le arrebataron facultades, la despojaron de organismos auxiliares, y la dejaron prácticamente en banquitos.

REFORMAS INSERVIBLES

Nada de eso sirvió: hoy la Segego es consecuencia de una crisis estructural, en la que sus sucesivos titulares (Alfonso Gómez Sandoval y Carlos Santiago Carrasco) han hecho lo que han podido a pesar de esa aridez institucional. Y todo el debilitamiento no sirvió: Robles nunca pudo construir el proyecto político del que con tanta soberbia, alardeó; y el grupo de Castillo ni de lejos pudo cristalizar su mayor objetivo: retener la gubernatura. Y mientras, el costo lo pagaron las instituciones. De ese planteamiento debe partir la transición, para reestructurar la administración a partir de un proyecto de gobierno, y no de las mezquindades o intereses de quienes acompañen al próximo Gobernador.

¿El gobierno federal dejará en el olvido sus acuerdos con los traidores?

+ Estaba anunciado que el ulisismo iría de lleno o con Eviel, o con JAEG

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Los operadores del gobierno federal hicieron una operación política por demás cuestionable con los grupos que inicialmente pretendían que el candidato del PRI a la gubernatura fuera el senador Eviel Pérez Magaña. El régimen del presidente Enrique Peña Nieto, interesado en que Oaxaca vuelva a ser un estado gobernador por el PRI, intentó una operación cicatriz que no sólo ha sido fallida sino que, además, resultó en una alianza abierta con sus adversarios políticos. ¿Todo eso quedará impune?

En efecto, hoy es claro que por una especie de atracción natural, a la campaña de José Antonio Estefan Garfias se unieron dos grupos que hoy le pesan como lozas, y que ahora más que nunca es previsible que la pueden hundir: por un lado se encuentran los intereses del “facilitador” financiero de la actual administración, Jorge Castillo Díaz; y en el otro extremo está el acuerdo que la coalición CREO trabó con un sector del priismo resentido, porque ninguno de los integrantes de su grupo fue considerado como candidato a la gubernatura.

Respecto a todo esto, no deja de llamar la atención la forma en que tanto el gobierno federal, como el CEN del PRI, han desatendido los efectos de sus acuerdos fallidos. Pues como contexto, debemos recordar que el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz estaba resuelto a que el candidato a la gubernatura fuera su ‘delfín’, el senador Eviel Pérez Magaña. Ellos, como bloque, estaban resueltos a lograr ese objetivo aunque, desde hace casi un año, dejaron ver que no tendrían problemas en transitar a otros proyectos políticos si no eran satisfechos en sus intereses.

De hecho, desde septiembre del año pasado, los representantes del ulisismo dejaron ver esa posibilidad a través de un mensaje constatado justo en la celebración del cumpleaños del ahora candidato a gobernador por la coalición CREO, José Antonio Estefan Garfias. A aquel evento, que fue una especie de ‘pre-destape’, acudieron varios de los integrantes del grupo del ex gobernador Ruiz, con un mensaje claro: de darse las circunstancias, abandonarían a Eviel Pérez Magaña para caminar con Estefan Garfias.

Apuntamos en aquel entonces: “El ulisismo está desatado: en un evento político, disfrazado de “un cumpleaños”, este fin de semana todos los herederos del ex gobernador Ulises Ruiz se fueron a alinear con los prospectos a la gubernatura del grupo gobernante. Dejaron ver sus dos rutas: por un lado, seguir respaldando a sus desechables “candidatos naturales” (el senador Eviel Pérez y Héctor Pablo Ramírez); y por el otro —¡lo increíble!—, buscar una alianza con el gobierno estatal, para ir contra sus adversarios domésticos del PRI. Por eso, al “cumpleaños”, todo el ulisismo fue al pase de lista. Todo. De ese tamaño son las ambiciones, cuando de tratar de regresar al poder se trata (Al Margen 30.09.2015)”.

Hoy es evidente que, por un lado, la conversación filtrada a redes sociales entre Castillo Díaz y Beatriz Rodríguez Casasnovas, no deja duda de la alianza que finalmente sí trabaron con la campaña de Estefan Garfias, pero sí deja la interrogante de qué está haciendo el gobierno federal y el PRI para contener a este grupo que, por un lado, traicionó a Alejandro Murat al prometerle que caminarían como grupo con él a cambio de posiciones administrativas; pero que también está traicionando al propio Pérez Magaña, a quien finalmente dejaron solo —en ridículo— para caminar con sus adversarios ahora convertidos en aliados.

¿Y LOS ACUERDOS?

Cuando se definió a la candidatura al gobierno de Oaxaca por el PRI, se habló de que a Pérez Magaña —entonces senador con licencia— le habrían ofrecido un importante cargo en la administración pública federal, como parte del arreglo político al interior. Dicha versión se materializó justo cuando arrancó la campaña a la gubernatura, y Pérez Magaña —que era coordinador general de campaña— fue llamado a ocupar una de las subsecretarías de Desarrollo Social del gobierno federal. luego se repartieron algunas posiciones más para —según— consolidar el acuerdo entre los dos grandes bloques priistas en la entidad.

¿Qué pasó? Que de todos modos una parte importante del ulisismo se fue a la coalición CREO para apoyar a Estefan Garfias —que quién sabe qué tan bien le caiga el “apoyo” de un grupo tan desacreditado como ese—; que, pareciera que en el equipo de campaña de Murat Hinojosa sí se dio por cierta la idea de que esa operación cicatriz funcionó; pero que, a la luz de los hechos, resultó que los ulisistas tomaron las posiciones que les dieron en el gobierno federal, desde el PRI, pero que de todos modos consumaron la traición al proyecto de recuperación de la gubernatura del Estado.

En todo esto, la pregunta es: ¿De verdad el gobierno federal se quedará inmutado ante esta doble jugada con la que, gracias a dos traiciones, se pretenden quedar con sus “pagos de marcha” por no haber obtenido la gubernatura, y con lo que puedan obtener de enquistarse en el proyecto de sus supuestos adversarios?

SIN SORPRESAS

A nadie le sorprende la difusión de historias sobre la fortuna —y los problemas con la justicia— que enfrentan Castillo y los demás operadores financieros del gobierno estatal. Desde hace años, casi cualquier persona que haya hecho negocios o prestado servicios con el gobierno, sabía que ese era el verdadero conducto para estar dentro del presupuesto. Ahora sólo se está ventilando lo que fue secreto a voces casi desde que arrancó esta administración.