Entrega-recepción: freno y ancla para funcionarios

+ No aceptar renuncias: para certeza política de la transición

Acostumbrados a la frase del refranero cómplice por excelencia, respecto a que “chinto tapa a chinto”, nadie en la Administración Pública Estatal se esperaba que, de buenas a primeras, el gobierno electo de Gabino Cué Monteagudo anunciara que una vez asumido el cargo, no aceptará la renuncia de ningún servidor público, hasta que no se complete el proceso de entrega-recepción en cada una de las dependencias gubernamentales estatales. Esto, que para efectos de legalidad no es sino un mero engaño, en realidad parece tener otros efectos, más bien encaminados a iniciar lo relativo al ajuste de cuentas entre los dos regímenes de gobierno.

En un primer momento, esto podría parecer algo así como el mundo al revés. Era de esperarse que, ante la derrota del gobierno priista del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a manos de su más añejo adversario político en Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, lo primero que ocurriría luego de la transmisión de poderes, sería una limpia total tanto de funcionarios corruptos, como de todos aquellos que por su frivolidad o excesos fueron repudiados por la sociedad oaxaqueña.

De hecho, al utilizar esa lógica fue que apenas unos días después de ocurrida la jornada electoral, inició una escalada de rumores y especulaciones respecto a los posibles cientos, o miles, de despedidos que habría una vez que se diera el cambio de gobierno. La administración del gobernador Ruiz, particularmente, tomó una actitud de profunda ingratitud y revanchismo sin sentido, suspendiendo los estímulos económicos y demás prestaciones extraordinarias que habían recibido los trabajadores de niveles de mandos medios y superiores, apenas un mes después de la jornada comicial.

En ese sentido, los pocos empleados del gobierno estatal que cuando menos alcanzaron a recibir una explicación sobre esa suspensión, drástica e injustificada, de sus compensaciones salariales, supieron que ésta había sido motivada por el enojo en su contra que prevalecía en el primer círculo del gobierno local, por haber sido la burocracia estatal la responsable de que la estructura electoral del PRI fallara, y que ese fue el punto clave de la derrota tricolor.

Así, mientras acusaciones de ese tipo abundaban del lado oficial, también se temían las acciones de las fuerzas de oposición, una vez que asumieran sus cargos. Pronto el gobierno de Gabino Cué anunció que los secretarios y directores generales de su administración, evaluarían el desempeño y las funciones de cada empleado de confianza, para valorar su permanencia o no en su cargo. Esto destensó, momentáneamente, una situación que luego volvió a tornarse álgida, cuando el gobierno electo comenzó a exigir el inicio del proceso de entrega-recepción.

¿Por qué? Porque la alta burocracia estatal nuevamente delegó las tareas más pesadas del proceso de cambio de gobierno, en esa burocracia de nivel medio, a quien apenas uno o dos meses antes habían comenzado a vapulear y despreciar, pero ahora nuevamente le cargaban la mano. Suponía toda esa alta burocracia, erróneamente, que a partir de mañana 1 de diciembre, el gobierno de Cué simplemente les pediría no volverse a aparecer en sus oficinas ni tener injerencia o responsabilidad alguna en las tareas de gobierno. Era, de hecho, lo que ellos suponían y querían que ocurriera.

Sólo que a éstos, por muy distintas razones, pero en base a un fundamento y lógica legal muy sencillos, les indicaron lo mismo que a la burocracia de mediano nivel: “Te vas cuando yo te diga, no cuando tú lo decidas”.

 

RENUNCIA, ¿INOPERANTE?

Cualquier conocedor promedio del derecho, sabe que la renuncia es un acto jurídico unilateral, a través del cual el titular de un derecho determinado dimite del mismo, sin una contraprestación específica. Si esto es así, y si los secretarios de gobierno, directores y demás integrantes de la burocracia estatal, tienen la calidad de empleados públicos, ¿entonces por qué la decisión de no aceptar sus respectivas renuncias?

La renuncia, es uno de esos actos jurídicos que engañosamente se conocen como “personalísimos”. Esto, porque al ser unilaterales, se supone que no requieren la autorización de su contraparte, es decir, del patrón, para abandonar los mismos. El “truco” que, en todo esto, habrá de aplicar el gobierno de Gabino Cué, es que los funcionarios de su administración ni siquiera darán por recibidos esos documentos; y si sí lo hacen, no los harán efectivos.

Empero, podría oponerse una cuestión más: la administración para la que ellos fueron contratados, termina hoy 30 de noviembre. La cuestión que se opone, en ese sentido, es que quien termina su mandato es sólo el Gobernador Constitucional del Estado; sus colaboradores pueden seguir teniendo esa calidad, en tanto no exista un cese o renuncia de por medio.

Todo esto parece demasiado enredado, y en realidad todo este embrollo tiene mucho de falaz, y otro poco de apariencia. Falaz porque más allá de los recovecos jurídicos, la renuncia tiene alcances muy amplios, que rebasan la sola potestad de quien la recibe. Y el asunto tiene también bastante de apariencias, porque lo que está tratando de hacer el gobierno de Gabino Cué, es comenzar a generar una perspectiva sobre la revisión escrupulosa, sobre la “auditoría al régimen anterior”, y sobre lo que, en términos llanos, se entiende como el “ajuste de cuentas”.

Además, por razón de la Constitución local, y de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los funcionarios salientes continúan teniendo responsabilidad administrativa y penal, por un periodo no menor a un año luego del momento en que hubieren concluido sus funciones.

Sin embargo, al sujetar a esa decisión a los funcionarios salientes, políticamente los hace sujetos de escarnio, revisión y señalamiento, independientemente de las cuestiones legales que correspondan. A través de acciones como esa, buscará comenzar a legitimarse con la sociedad y a hacer valer aquello de que “ni perdón ni olvido”.

REVISIÓN REAL

Aunque, en todo eso, falta ver si de verdad ocurre un proceso escrupuloso de revisión a cada uno de los funcionarios salientes, o simplemente se trata de apariencias y de conseguirse unos cuantos chivos expiatorios. El gobierno estatal, como quiera que sea, necesita seguir funcionando. E, inescrupulosos como son, a ver si no más de uno de ellos lo toma como la oportunidad de cobrar algunas quincenas más.

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Oaxaca de Juárez, el desastre hecho gobierno

+ Fraguas se vigilará solo en el Congreso local

El estado en que se encuentra actualmente el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, representa de cuerpo entero el fracaso de una gestión que inició con altas expectativas, pero que siempre demostró ir de más a menos. Hoy, cuando esa administración vegeta únicamente a la espera de su propio momento para el llamado cambio de poderes, su titular constitucional aguarda sigilosamente desde una discreta curul en el Congreso del Estado. ¿Por qué José Antonio Hernández Fraguas sigue prefiriendo la mesura, la disciplina a su partido, e incluso el bajo perfil?

Sin duda, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez fue quien pagó una de las facturas más elevadas por las colisiones y los atropellados procesos internos que hubo en el priismo oaxaqueño a lo largo del último año. Desde el inicio de su gestión como presidente Municipal de la capital oaxaqueña, en enero de 2008, Hernández Fraguas se asumió como un inminente aspirante a la candidatura a Gobernador por el PRI.

Ello parecía natural por la posición y el momento político que implicaba el ser el segundo Edil Citadino del sexenio, por la imagen favorable que se construía desde esa posición, y porque en aquellos momentos el PRI parecía no tener adversario suficiente, pero sí una importante competencia electoral, en la que la dirigencia y el Jefe Político tendrían que decidir por la postulación del priista más aceptado por el electorado, y quien tuviera mejores rangos de competitividad electoral frente a la oposición.

Parecía obvio que si Hernández Fraguas había sido postulado verticalmente por el priismo como candidato a Munícipe, era porque éste se encontraba “en el ánimo” del gobernador Ulises Ruiz para figurar como uno de sus posibles sucesores. A partir de ello, y de la posición municipal que obtuvo holgadamente en los comicios de octubre de 2007, el ahora Diputado local por el PRI asumió que podría librar todas las batallas posibles por conseguir la candidatura a Gobernador.

Y así lo hizo. Desde el último trimestre de 2009 —cuando comenzaba a “calentarse” la anticipada y hasta entonces fáctica contienda interna por la candidatura a Gobernador en el PRI, a causa de la inclusión forzada de Eviel Pérez Magaña como aspirante— Hernández Fraguas dijo abiertamente que él buscaría ser el candidato porque tenía los méritos, el trabajo y la ascendencia suficiente para serlo. Amagó en diversas ocasiones con no levantar la mano a un candidato impuesto por el PRI, e incluso dijo que denunciaría cualquier posible acto antidemocrático en su partido.

Ello lo llevó a aparentar una franca imagen de rebeldía, que sólo fue plegada cuando comprendió que aún frente a sus amagues, la decisión sobre la candidatura a Gobernador ya estaba tomada, y que no le era favorable. Negoció la Presidencia del Congreso, para luego ser descalificado a través de una guerra interna en su contra, y luego defenestrado de la posición legislativa que aún no asumía.

Mientras todo eso pasaba, desde el Gobierno del Estado se asumió una actitud no sólo de abandono, sino también de hostigamiento hacia la administración municipal. Cualquier decisión correcta tomada hasta entonces, fue suplida por el “jineteo” de los recursos económicos pertenecientes a las arcas citadinas; los errores internos cometidos en la administración municipal, comenzaron a ser utilizados como herramienta de negociación política y chantaje.

Y el abandono físico de sus funciones, junto con el fracaso de las aventuras electorales del Presidente Municipal, agudizó aquella idea entre los funcionarios municipales, de que seis meses antes del fin de la administración, e independientemente de la gestión buena o mala realizada hasta entonces, todo había terminado. Sin recursos económicos, sin el respaldo de la administración estatal, y sin la atención y los bríos aplicados al inicio de la gestión, Oaxaca de Juárez y su gobierno quedaron a la deriva. Los servicios públicos y la ciudadanía, terminamos pagando las consecuencias de esas disputas priistas por la gubernatura, que —valga decirlo— también terminaron en medio de un rotundo fracaso.

BAJO PERFIL

A pesar del acuerdo inicial, al ahora diputado Hernández Fraguas no se le permitió ser el coordinador de su bancada en la LXI Legislatura; a pesar de ser un priista connotado, la peor guerra de descalificaciones y humillaciones que públicamente le han propinado, vino de sus propios “compañeros” de partido; aún cuando en algún momento se sintió “cercano” al grupo gobernante, nadie le hizo tanto daño como éste mismo a sus legítimas aspiraciones electorales.

Se esperaba, ante todo eso, que Fraguas renunciara al PRI cuando ocurrieron los primeros signos claros sobre la cuestionable “democracia” con la que se eligió a su Candidato a Gobernador. Luego se previó su inconformidad pública cuando no se le permitió coordinar y encabezar al priismo. Nunca se defendió cuando sus compañeros de partido le orquestaron una degradante campaña de desprestigio. Incluso, hasta ahora ha tratado de mantenerse disciplinado, mientras parece que cambió una posición de primer nivel —la Presidencia Municipal de la capital oaxaqueña—, por una curul que, ante las circunstancias, lo dejan en la posición de “un diputado más”, aparentemente sin ninguna relevancia.

En esas condiciones, quizá lo que Hernández Fraguas decidió el bajo perfil para operar con libertad una posición que seguramente le garantizará tranquilidad en el mediano plazo: sin mayores aspavientos, fue designado nada menos que como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el Reglamento Interior del Congreso del Estado, esa Comisión tiene la facultad de recibir del Pleno o de la Diputación Permanente los informes de avance de gestión financiera y las Cuentas Públicas, para turnarlos a la ASE, así como dictaminar las respectivas Cuentas Públicas.

 

VIGILANTE, ¿VIGILADO?

Eso no tendría nada de trascendente, si no fuera porque Hernández Fraguas tiene también obligación, como parte de la gestión municipal, de entregar las cuentas de su ejercicio como munícipe. Según se ve, en el Ayuntamiento no quedó dinero ni para lápices. Y, casualidades que tiene la vida, resulta que el encargado de revisar las cuentas del Municipio citadino, será el mismo personaje que lo encabezó y que es parte de los cuestionamientos que pesan sobre esa administración. Raras coincidencias, ¿no?

Comparecencias: institucionalmente, un show

+ Función política, no de una verdadera revisión

Ni siquiera los “nuevos tiempos” que políticamente vive Oaxaca, fueron suficientes para hacer entender a los diputados locales, que transición no significa venganza, y mucho menos circo. Al parecer, eso justamente fue lo que entendieron que debían hacer frente a los funcionarios del Gobierno del Estado a quienes llamaron a comparecer, como parte de la glosa del VI Informe de gestión del gobernador Ulises Ruiz. Si la administración saliente tiene una cartera inmensa de asuntos sobre los cuales no puede dar una explicación, los nuevos diputados tienen el enorme reto de hacer que las comparecencias eliminen todo elemento circense del debate público, y que, al contrario, éstas sirvan para algo más que un deplorable espectáculo.

En efecto, es uno de los tantos supuestos democráticos que rigen la vida política de nuestro Estado, que como parte de cada informe de actividades del Gobernador en turno, los diputados integrantes del Congreso del Estado llamen a algunos de ellos a comparecer en el Recinto Legislativo.

En ese sentido, las normas constitucionales que rigen ese supuesto, permiten que la presencia del funcionario sirva para que los legisladores pregunten, aclaren dudas e incluso les interpelen si es que existe algún asunto en el que la crítica lo permita. Sólo que, hasta la LX Legislatura, el priismo tuvo una amplia mayoría, que permitía que todos los servidores públicos —también emanados del tricolor— llamados a comparecer, tuvieran pocos cuestionamientos y sobresaltos durante sus respectivas visitas al Congreso. De ello, en general, se acuñó aquella frase del “día de campo” para los funcionarios estatales en la Cámara de Diputados.

Dicha facultad tuvo los alcances que ameritaban los tiempos políticos que ya se fueron. Hasta ahora, los diputados locales tienen la posibilidad de exigir que cierto funcionario del Gobierno del Estado acuda a dicho recinto, para ampliar la información relativa a los informes de gobierno, y que durante su comparecencia exista cierto margen de libertad para que éste pueda ser cuestionado e incluso señalado por los legisladores, pero sin que éstos tengan posibilidad alguna de hacer algo más que un simple diálogo verbal sin mayor trascendencia. Esto, en los tiempos de mayoría priista, hacía aparentar la pluralidad y la democracia, a través de la simple posibilidad de emprender un debate.

Sólo que, como bien sabemos, hoy los tiempos son distintos. El Gobierno del Estado se encuentra a menos de una semana de pasar a manos de un Titular del Poder Ejecutivo emanado de un partido de oposición; hoy, del mismo modo, el Congreso del Estado tiene una integración no liderada ni de mayoría priista.

En ese marco, el “trago amargo” para los funcionarios salientes, ocurrió ahora que tuvieron que comparecer frente a una Cámara de Diputados ya no controlada por su mismo partido. Como podía preverse, ninguno de los encuentros entre legisladores y funcionarios estatales fue agradable. Empero, más allá de las naturales discordancias entre administradores y legisladores emanados de fuerzas políticas distintas, e incluso de las afrentas personales o de grupo que existen entre ellos, es evidente que por su propio bien y dignidad política, los mismos integrantes de la LXI Legislatura deben tomar con seriedad la necesidad imperante de que unas comparecencias como las recientes, no vuelvan a ocurrir en Oaxaca.

 

DIÁLOGO CIRCENSE

Más de uno se regodeó viendo sufrir a prácticamente todos los titulares de las dependencias del gobierno estatal, que comparecieron en la Cámara de Diputados.

Ante los excesos, la soberbia de otros tiempos, y la corrupción que este régimen expira a través de todos sus poros, muchos vieron con agrado que al menos por una ocasión varios Secretarios de Gobierno, y la Procuradora General de Justicia del Estado, fueran duramente cuestionados, encarados e incluso exhibidos por las insuficiencias, las sospechas de corrupción, enriquecimiento y tráfico de influencias en las que se encuentran involucrados. Al ya no contar con una mayoría legislativa que los respaldara, en esta última ocasión no hubo red de protección alguna que les amortiguara una imparable andanada de cuestionamientos y críticas.

Sin embargo, de haber una verdadera reflexión serena, y si alguno de los diputados locales de la LXI Legislatura entendió bien el mensaje de “sacrificio” del actual gobierno, lo que los funcionarios estatales salientes fueron a hacer a la Cámara de Diputados, no fue más que a permitirle un desfogue de sus aversiones, críticas y deseos de venganza, para luego asegurarse de que todo quede en el olvido, o la impunidad que tanto les conviene.

Veamos si no. Durante varios días, el salón de plenos del Congreso del Estado fue algo que parecía entre un circo y una romería babélica. Como nunca antes, todos se dieron vuelo gritando, señalando, encarando e incluso acusando, gracias a la pluralidad que existe en la Cámara, y a la libertad que hoy tienen para no quedarse callados.

Sin embargo, al ver la utilidad real de todos esos gritos y sombrerazos, se podrá ver que éstos sirvieron prácticamente para nada. Al final, no quedó más que el desfogue de todos los sentimientos guardados, de la venganza política y de las demostraciones de fuerza al grupo derrotado que está a punto de alcanzar el poder. Aunque todos los funcionarios comparecientes salieron vapuleados, esto no tiene —ni tendrá— mayor trascendencia, simplemente porque las comparecencias tienen sólo finalidades políticas, pero ninguna fuerza vinculante como para hacer algo más que gritar y señalar sin ninguna trascendencia ni utilidad real.

 

CONGRESO, UN SHOW

Les guste o no, los diputados locales que demostraron su “valor” y “fuerza moral” al encarar a los cuestionados funcionarios salientes, ahora deben honrar esos gritos e interpelaciones, haciendo una revisión escrupulosa de la gestión, y cerciorándose de que la Auditoría Superior del Estado, y la de la Federación, revisen peso por peso, y documento por documento, sus respectivas actuaciones para castigar duramente a quien haya incurrido en actos de corrupción. Sólo así podrán convalidar todas las acusaciones que ahí vertieron, y también habrán de demostrar que la Cámara de Diputados es algo más que un mercado. De no ser así, pronto los burlados serán ellos. Más de uno les dirá, en medio de la impunidad, que quien ríe al último, ríe mejor.

Twitter: @aortizromero

 

“No cacería de brujas”: ¿Y entonces… la impunidad?

+ Nuevo gobierno: no venganzas; sí, cambio de actitud

En los rejuegos comunes entre los grupos que abandonan y toman el poder, se hacen cotidianos ciertos discursos que, sin embargo, siguen teniendo algo más que insatisfecha a la sociedad. El gobierno saliente, asegura —aunque ciertamente nadie le cree— que actuó con la mayor pulcritud posible, y que sus funcionarios utilizaron correctamente los recursos sin enriquecerse a costa del erario estatal. Por su parte, el gobierno entrante asegura que no tolerará actos de corrupción presentes o pasados, pero sin embargo dice también, casi como parte de sus lugares comunes, “que no habrá cacería de brujas”. Todo esto, sin duda, intenta ser una gran tomadura de pelo, y también una afrenta, para la ciudadanía.

Llevado a los dos extremos visibles, este asunto de los posibles actos de corrupción podría terminar o en la impunidad, o en la más hostil de las persecuciones. Es lo que, en varios círculos de poder —en los que las expectativas políticas se han construido a partir de los rencores y las ambiciones— desearían ver:

Cuando existe continuismo en el grupo gobernante, ver que todos los actos indebidos son solapados y encubiertos por los sucesores; o, en el otro extremo, cuando existe un proceso de alternancia —como es el caso actual—, ver que todos los ex funcionarios, honestos o no, son perseguidos hasta ser encarcelados, no necesariamente por los posibles actos de corrupción cometidos, sino como un verdadero ajuste de cuentas entre grupos de poder.

Sin embargo, es claro que el verdadero sentir ciudadano —el de la cotidianidad de la gente que simplemente se encuentra interesada en dar seguimiento a los temas públicos— tiene una perspectiva diferente de lo que es la “honestidad” de unos, las promesas de justicia de otros, y las prevenciones sobre la abstinencia de realizar “cacerías de brujas” entre unos y otros. ¿De qué hablamos?

De que, para el ciudadano de a pie, simplemente resulta simplemente inadmisible que un servidor público presuma públicamente de tener antecedentes pulcros como parte de la administración pública, cuando en un sexenio transformó por completo sus hábitos, bienes, posesiones, actitudes y modo de vida.

Del mismo modo, resulta impensable para ese mismo ciudadano de a pie, que frente a la comisión de todo tipo de excesos evidentes en cuanto al trabajo público, un nuevo régimen —que ganó las elecciones precisamente por las promesas de cambio y castigo a las injusticias— diga que sólo verá para delante, que evitará las “cacerías de brujas” y que, en términos sencillos, deje ver que dejará en el olvido esas acciones que tanto daño provocaron a la credibilidad y el buen manejo de los dineros y demás recursos del Estado.

Eso es, precisamente, lo que ocurre en Oaxaca. A pesar de que un grupo importante de servidores públicos que están a punto de entregar sus respectivos cargos, cambió por completo su modo de vida, hábitos y posesiones en el presente sexenio, todos hoy aseguran que hubo pulcritud en el manejo de los recursos; y el nuevo gobierno ha dado señales poco sustentadas de que irá verdaderamente en contra de todos aquellos que han cometido excesos en la administración pública.

¿LEGALIDAD O LEGITIMIDAD?

En todo caso, lo que hasta ahora ha habido en la comprobación de los recursos, es cierto grado de legalidad. Hasta el final de la presente administración, es realmente poco o nada lo que se sabe sobre servidores públicos sancionados administrativamente, o procesados ante los tribunales judiciales, por haber incurrido en alguna causal de responsabilidad en su gestión administrativa.

Poco o nada se sabe de ese tema, en realidad, porque las instancias de fiscalización de la gestión pública estatal —Secretaría de la Contraloría, Auditoría Superior y demás— han servido como órganos que revisan y corrigen las irregularidades, mas no han tenido una voluntad real por sancionar a los servidores públicos estatales que hubieren incurrido en algún tipo de ilegalidad en el desempeño de su cargo, independientemente de su rango o jerarquía política.

Por esa razón, sencilla pero de gran peso, e independientemente de lo que digan, hoy por sus propios actos y antecedentes, a los funcionarios estatales salientes nadie les cree sobre sus dichos y promesas de pulcritud y legalidad. Más allá de las componendas entre grupos de poder, o de sus arreglos particulares, es el ciudadano de a pie —que el cuatro de julio pasado votó, mayoritariamente por un cambio en el ejercicio del poder y el gobierno— quien se siente no sólo incrédulo sobre todo eso, sino también agraviado y con el ánimo de ver que se haga justicia. Y para ese ciudadano, que lo último que desea es venganza, parece hasta un insulto que el nuevo gobierno asuma sus responsabilidades diciendo que no habrá “cacería de brujas”.

Habría, en ese sentido, que regresar al origen de ese término. El apotegma sobre la “cacería de brujas”, fue acuñado en los tiempos del priismo para prevenir que, si bien no había arreglos completos entre los grupos que se transmitían el poder —tradicionalmente emanados del mismo partido político, aunque diferente grupo—, tampoco habría revisiones a fondo sobre las posibles irregularidades o excesos cometidos en el pasado, y mucho menos la posibilidad de ejercicio de acciones administrativas o penales para sancionar a quienes hubieran incurrido en ilegalidades.

Evidentemente, eso es lo que pareciera que más incomoda a quienes, desde la sociedad no involucrada con el ejercicio del poder, escuchan las promesas sobre la “no cacería de brujas”. El ciudadano de a pie hoy se pregunta: ¿La no “cacería” significa una promesa estricta de legalidad, o es la señal sobre un arreglo entre quienes ejercieron, y quienes van a ejercer el poder?

EXPECTATIVAS ¿IMPOSIBLES?

La ciudadanía común tiene expectativas sencillas pero importantes. Desea justicia, desea orden y desea un cambio de actitud en el ejercicio del poder. Contrario a las expectativas fantásticas, e imposibles de cumplir en el corto plazo, que fomentan erróneamente los gobernantes, la ciudadanía pretende ver que las promesas de cambio se reflejan verdaderamente en la realidad. Una de esas promesas, es que el gobierno se ejerza de un modo menos excesivo. Pero otra tiene que ver no con venganzas, sino con el cumplimiento de ciertos estándares de legalidad y honestidad, que inician por demostrar que no hubo pactos de impunidad entre las dos administraciones.

 

Reabrir caso 2006: GCM jugará con fuego

+ Impunidad no debe ser imperativo cotidiano

El gobernador electo, Gabino Cué, debe estar seguro de lo que ofrece. Prácticamente desde que ganó los comicios, ofreció a los oaxaqueños una revisión a fondo de los posibles crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular de 2006, para castigar a todos aquellos funcionarios que pudieran haber incurrido en responsabilidades administrativas o penales, y abatir la impunidad que, es innegable, tanto ha lesionado a la ciudadanía. Si esto llega a ocurrir, por donde se le vea, tendrá un efecto boomerang respecto a varios de sus aliados.

Hoy es más claro que nunca que Gabino Cué ganó la gubernatura un tanto por su trabajo político, otro por las buenas lides de la ingeniería electoral que lo acompañaron, pero también, en buena parte, por los errores y excesos cometidos por el gobierno saliente. Fue, por así decirlo, un triunfo electoral que en parte se construyó por exclusión. Y es que una de las actitudes que más lastimó a diversos sectores de la ciudadanía, fue que un episodio como el del 2006 hubiera quedado en la más aberrante de las impunidades.

En ese sentido, la ciudadanía cuestionó sistemáticamente al gobierno de Ulises Ruiz. Había razón innegable para ello: luego de concluida la fase violenta de la revuelta magisterial y popular de 2006, las partes directamente involucradas en la problemática decidieron sentarse a negociar lo que, en términos sencillos, fue un arreglo de impunidad. El gobierno estatal, por un lado, y la APPO junto con la Sección 22 del SNTE, por el otro, decidieron que el conflicto terminara a través de la subsistencia de todos los actores y de todas las demandas sociales y políticas, pero —paradójicamente— cancelando toda posibilidad de que se hiciera justicia.

¿Por qué? Porque sólo quien no vivió y padeció el día a día del conflicto magisterial, ni le dio seguimiento más allá de los fanatismos que abundaron, pudo darse cuenta que los excesos y los delitos se cometieron en todos los frentes; y que, por tanto, de hacerse justicia tendría también que hacerse no sólo investigando y persiguiendo a los de un bando, sino a todos.

Quien vio la revuelta social más allá de los apasionamientos, pudo corroborar que en nombre de la paz y el orden social, el Gobierno del Estado se ensució las manos de sangre, corrupción y abusos; pero que, también, en nombre de la lucha social y los postulados que se esgrimieron en el conflicto, los grupos que encabezaron la revuelta magisterial cometieron todo tipo de tropelías en contra de la ciudadanía, que se encontraba en medio de esa guerra civil, sin tener a nadie que le procurara el orden y la legalidad que tanto se deseaba recobrar.

Hoy, a la distancia, es evidente que lo único que parece haber subsistido de aquellos episodios negros de la historia de Oaxaca, es el propagandismo sobre la represión, y las verdades a medias sobre quién cometió delitos, y quién resintió todos los daños y las tropelías que se cometieron en aquel entonces.

Si, en ese sentido, el gobierno de Gabino Cué desea hacer justicia e investigar a fondo todo lo que ocurrió hace cuatro años durante la revuelta magisterial, entonces debe revivir todos los episodios y no sólo los que ahora le parezcan “políticamente correctos” o útiles sólo para quienes son sus aliados. Si las tropelías las cometieron todos, entonces todos deben enfrentarse a la justicia. Y al menos en este caso, quién sabe si eso le convenga ahora al nuevo gobierno.

EXPECTATIVA DE RIESGO

Fundamentalmente, el gobierno de Gabino Cué recogió de los grupos de lucha social, y del magisterio de la Sección 22, la demanda de reabrir los expedientes del 2006 y hacer justicia a fondo. El objetivo, claramente visible, es ir con todo en contra de aquellos que desde las responsabilidades del Gobierno del Estado cometieron abusos y represión en contra de quienes encabezaron el movimiento magisterial.

En ese sentido, también el objetivo parece perfectamente claro: Si los profesores de la Sección 22 constituyen una de las fuerzas políticas más influyentes de la vida pública de Oaxaca; y, junto a ellos, y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, representa una de las voces a las que —desde México y el extranjero— más se les toma en cuenta cuando se habla de la lucha social en la entidad, entonces la nueva administración estatal pretende sostenerse como principal aliada de esos grupos.

Esto, por al menos dos razones. En la primera de ellas, porque al ser esos grupos determinantes para la estabilidad social de la entidad, y para la legitimidad de un gobierno de alternancia, lo peor que podría hacer la administración gabinista es abrir un frente de batalla con esos grupos. Sin duda, dadas las condiciones sociales en que vive Oaxaca, de una disputa de ese tipo el gran perdedor sería el gobierno estatal.

En esa lógica, la segunda razón —no menos importante— tiene que ver con el grado de credibilidad que pretende construirse el régimen de Gabino Cué, como una administración progresista que recoge y encabeza las exigencias más sentidas de la población. Al menos por ello, buscaría ir tras de quienes han cometido delitos desde el poder público, en contra de los luchadores sociales.

¿Pero por qué esto sería un bumerang? Porque los agravios no sólo los sufrieron los integrantes de la Asamblea Popular o los de la Sección 22. Junto con ellos, fueron cientos o miles de oaxaqueños que padecieron los horrores de la sinrazón, y que fueron víctimas de los excesos que también, e innegablemente, se cometieron en nombre de la lucha social.

Así, al buscar hacer justicia, tendría también que procurar hacerlo parejo. Más de uno exigiría —no por defender a un gobierno insostenible e impresentable como el que terminará su gestión el próximo 1 de diciembre, sino por una simple cuestión de lógica—, que si se constituye una comisión de la verdad, se persiga a unos, pero también a los otros.

MANOS SUCIAS

De algún modo, todos los que participaron del conflicto salieron con las manos sucias. Es cierto que gran parte de ellos, aparecen aún hoy, o aparecieron, como funcionarios de la administración que termina; pero otros, invariablemente, hoy aparecen como parte del grupo que gobernará la entidad. Ojalá, por el bien de la justicia, que Gabino Cué termine con la impunidad que prevalece en general, y particularmente respecto al 2006. Pero ojalá que no sea, como lo ha prometido, faccioso a la hora de revisar las responsabilidades.

Procuración de justicia: Pésimas cuentas

Para cualquier gobierno democrático, uno de sus imperativos fundamentales —si no es que el más importante— es que los ciudadanos crean en sus instituciones, y en las instancias encargadas de velar por el cumplimiento de los fines del Estado. Una de esas finalidades esenciales, es la de la procuración de justicia, porque es la base de todas las nociones sobre la seguridad jurídica de que —se supone— gozan los ciudadanos. Ante los resultados, es evidente que en este rubro la ya agonizante administración estatal saliente entregará pésimos resultados.

Bien dicen que en la política, como en la administración pública, e incluso en la vida, no sólo hay que ser, sino también parecer. Y lo que es evidente, es que la administración del gobernador Ulises  Ruiz falló en cuando menos en uno de esos imperativos… si no es que en ambos.

La mejor evidencia de todo, se encuentra en el hecho de que la Procuraduría General de Justicia del Estado no sólo ha fallado en la tarea de perseguir los delitos y esclarecer ciertos hechos delictivos que revisten particular relevancia para la sociedad oaxaqueña; lo más grave es que hoy, independientemente de que esa instancia investigue o no, o tenga o no la capacidad de llegar a resultados concretos, de todos modos la sociedad lo que le profesa es incredulidad y descrédito.

En ese sentido, parece claro que, en el mejor de los casos, una instancia de procuración de justicia debería de tener la capacidad de perseguir y esclarecer todos los delitos que ocurriesen en la demarcación en la que tiene competencia. Evidentemente, como la sociedad perfecta no existe, tampoco hay razón para suponer que existiera una Procuraduría con esas características. No obstante, entre ese estadio ideal, la realidad de una instancia de procuración eficiente, y lo que la desgracia que ha sido ese rubro en Oaxaca, existe un trecho seguramente insuperable.

¿Por qué? Porque en Oaxaca nunca ha existido —y seguramente nadie espera que exista—, una Procuraduría ideal. En ese sentido, con el inicio de cada administración se renueva cierta expectativa de que las tareas de procuración de justicia y persecución del delito mejorarán a favor de las personas. Pero, entre esos dos extremos se encuentra el caso de Oaxaca, en el que la PGJE difícilmente tiene la capacidad de investigar a fondo un caso y llegar a resultados concretos; e independientemente de que eso se lleve a cabo, de todos modos la sociedad tiene poca capacidad y confianza para creer que la Procuraduría está haciendo su trabajo.

Esto —como lo decimos en líneas iniciales— para cualquier gobierno democrático sería gravísimo. ¿Cómo pensar en un gobierno que presume de cumplir con sus funciones, cuando tiene una instancia nada menos que de procuración de justicia, a la que nadie le cree? ¿Cómo presumir de sus buenos resultados, cuando lo que está a la vista es que ha sido incapaz de resolver desde los más mínimos delitos comunes, hasta los crímenes de más alto impacto que han ocurrido en la entidad?

Por si esto fuera poco: ¿Cómo querer convencer a la sociedad de un trabajo eficiente, cuando lo que se han vertido son sólo promesas de “no fallaré”, y lo que se han entregado son sólo justificaciones respecto a “lo difíciles” que son las tareas de procuración de justicia? De estos últimos argumentos, sin duda, puede dar particular cuenta puntual el incompetente ex Procurador, que hoy funge como Secretario General de Gobierno.

 

INCREDULIDAD JUSTIFICADA

Coincidentemente, con sólo una semana de diferencia fueron ejecutados en diversos puntos de la entidad oaxaqueña, el líder del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, y el dirigente máximo del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz. Por la naturaleza de esos delitos, de los respectivos homicidios tomó conocimiento y ha conducido las investigaciones la PGJE.

Pareciera también coincidencia, que prácticamente al mismo tiempo las dos organizaciones sociales que respectivamente encabezaban los personajes ultimados a tiros, manifestaran expresamente sus dudas sobre las investigaciones que conduce la Procuraduría Estatal. Por un lado, y de acuerdo con información de la Agencia Quadratin, el nuevo dirigente del MULT, Uriel Díaz Caballero consideró que la diligencia de reconstrucción de hechos en el sitio donde fue Pazos fue ultimado “es una faramalla de la Procuraduría, otra más”, y cuestionó la falta de interés de la PGJE al no citar a los testigos y la falta de elementos en la escena del crimen como una motocicleta similar a la que usó el sicario.

Casi en el mismo sentido, a través de un comunicado, el Codeci manifestó sus dudas sobre las investigaciones de la Procuraduría, y cuestionó la “coincidencia” de que el mismo día que organizaron una manifestación masiva en la región de la Cuenca del Papaloapan para exigir celeridad en las investigaciones, la PGJE presentara a un sospechoso de haber fungido como el autor material de dicho crimen.

En ambos casos, que son meros ejemplos tomados de entre tantos otros que existen, el común denominador es la resistencia a creer que la Procuraduría Estatal realiza tareas apegadas a derecho y que tienen posibilidad de llegar a resultados concretos. Aunque la PGR está hoy encaminada a otras labores, el MULT dijo que solicitaría la intervención de esa instancia federal para reforzar las investigaciones, y el Codeci manifestó su confianza en que la próxima administración estatal sí dará con los responsables del homicidio de su compañero.

Lamentablemente, en todos los casos anteriores la PGJE ha sido incapaz de ofrecer resultados concretos, no sólo que demuestren que tienen verdaderas capacidades para hacer su trabajo, sino también para generar que la ciudadanía crea en ellos. Por eso, el descrédito que hoy enfrentan se acumula no sólo en el ser, sino también en el parecer. Nadie cree en ellos. Y eso es grave, para un gobierno que se califica como “democrático”.

DESÁNIMO

Quienes integraron las mesas de trabajo para elaborar el plan de gobierno de Gabino Cué, se encuentran en un estado de incertidumbre que ya se equipara al desánimo. ¿La razón? Que el gobernante electo sólo les dio las gracias, y les dijo que “hará llegar” las propuestas a quienes se encarguen las tareas del nuevo gobierno. Así, si sólo los utilizaron, qué mal. Y si no, deberían enviar las señales respectivas a quienes ya se sienten desplazados.