Robles Montoya, defenestrado por su historia y excesos

+ PRI: factores de poder cobran a URO viejas afrentas

Si existe en México un factor de poder dentro del PRI, que tiene vínculos estrechos con la maestra Elba Esther Gordillo, ese es el presidente nacional electo, Humberto Moreira Valdez. Sólo a partir de ello, es que se puede explicar el aparente desdén del CEN priista a la revuelta que hoy ocurre en el priismo oaxaqueño, y el endurecimiento del discurso entre quienes pretenden “rescatar” o sostenerse en la dirigencia de ese partido en Oaxaca.

Se supone que en un partido político, todas las corrientes y expresiones tienen la entera libertad de hacer y decir lo que les plazca. Sólo que, en el caso del priismo, la disciplina y la subordinación a las decisiones verticales continúan teniendo un peso fundamental entre sus dirigentes y militantes. En el tricolor nacional, no se mueve una hoja del papel sin el conocimiento y la venia de sus factores dominantes.

Si esto es así, ¿por qué entonces vemos esta completa anarquía en el PRI de Oaxaca? Se supone que el diputado federal Eviel Pérez Magaña es el presidente del Comité Directivo Estatal, gracias al aval de la dirigencia nacional.

Se supone que todo esto, además, se encuentra sostenido por el respaldo y los amarres políticos del ex gobernador Ulises Ruiz. Y se supone que éste sigue siendo, por sí y por interpósitas personas, el Jefe Político del priismo oaxaqueño.

De este modo, si se supone entonces, que existen todos los acuerdos cupulares para el sostenimiento de Pérez Magaña como dirigente estatal, y que en la militancia y los factores de poder prevalece el sentido de disciplina a su dirigencia nacional, entonces se reitera la pregunta: ¿Por qué todos enfilan hoy sus baterías en contra de la dirigencia estatal?

La pregunta es sencilla de responder: En primer lugar, porque la figura del Jefe Político parece estar superada en Oaxaca; y en segundo término, porque aún cuando la dirigencia nacional del PRI no ha apoyado —ni lo hará en el corto plazo— a ninguna causa golpista al interior del tricolor oaxaqueño, ésta tampoco ha frenado a las voces críticas.

A partir de ello, entonces, es que se puede entender el surgimiento de esquiroles, de voces críticas, e incluso de viejos priistas, hoy huérfanos, que como no encuentran acomodo en ninguna de las corrientes, entonces alzan la voz para ser tomados en cuenta.

Así, la primera afrenta se abrió entre quienes pretenden colonizar al tricolor desde el Gobierno del Estado. El diputado federal Jorge Franco Vargas, ha tratado a toda costa de encender la flama opositora de un priismo que no necesariamente lo asume como el líder que necesitan en estos tiempos.

Y es que si al grupo que encabeza Pérez Magaña lo ven como la encarnación de lo peor de la corrupción e incapacidad del ulisismo, a Franco lo asumen como el mejor de los representantes del autoritarismo, de los cuestionamientos y de los señalamientos de abusos, que luego de seis años de hacer mella en la credibilidad del tricolor en Oaxaca, los llevaron al rechazo ciudadano, y a la derrota electoral.

En una tercera vía —como la que plantea el diputado federal Jorge González Ilescas—, a partir de ahora el PRI debe tener planteamientos más serios y coherentes sobre lo que necesita ser y hacer para encabezar a la oposición en Oaxaca, y para seguir teniendo competitividad de cara a los procesos electorales que se avecinan.

Así, todo el mes de febrero será de vía libre para que los grupos que buscan sostenerse o cambiar a la dirigencia estatal, hagan lo conducente. Después, se verá cuánto pesan a Humberto Moreira sus compromisos con su madrina, la maestra Gordillo; y cuánto desea meter las manos por su asesor el ex gobernador Ruiz, que por las viejas historias del madracismo, es uno de los últimos enemigos políticamente vivos de la expulsada ex Secretaria General del CEN del PRI.

ROBLES, DEFENESTRADO

Desde el 4 de julio pasado, la actuación de Benjamín Robles Montoya tuvo un común denominador: hizo todo para hacerse del mayor control posible del recién obtenido Gobierno del Estado, y para avasallar a sus adversarios internos. Desde entonces, y hasta la noche del sábado, tuvo todo el poder en las manos. Pero su ambición terminó por traicionarlo.

Robles fue separado de la todopoderosa Jefatura de la Oficina de la Gubernatura. No entendió que al peso de su historia personal, no podía sumarle todas las afrentas y odios que generó en estos escasos dos meses de gobierno. Con este par de ingredientes, su integridad y peso político terminarían por desfondarse. Eso fue lo que ocurrió.

Las intrigas y odios que generó del 4 de julio a la fecha, han sido ampliamente reseñadas por la prensa. En aras de acumular poder, se enfrentó a prácticamente todos. Y ya perdió. Sin embargo, en estos momentos vale la pena recordar una vieja historia, que reseñamos en esta columna el 7 de diciembre de 2009, y que revela por qué Robles desde siempre fue un factor de inestabilidad para el gobernador Cué.

Quienes conformaron la Coalición que llevó a Cué a la victoria, aseguran que la Presidencia puso dos condiciones para brindar su apoyo: una, que el inminente candidato se deslindara de AMLO; y dos, que alejara a Robles de cualquier relación con el PAN. ¿Por qué tal aversión?

Y apuntábamos: “Aunque pareciera una exageración que el PAN le tomara esa importancia a un personaje de segundo nivel como Robles, aseguran que en la Casa Presidencial tienen referencias exactas de sus intrigas, mañas y ‘métodos de trabajo’.

“Aseguran que la aversión de Felipe Calderón hacia Robles es añeja, y data de hace más de una década. En 1995, el hoy Presidente de México fue candidato a la gubernatura de Michoacán. Esos comicios los perdió ante el priista Víctor Manuel Tinoco Rubí. Y Robles, era uno de los operadores más eficaces del candidato tricolor en cuestiones de espionaje y recopilación de información sobre sus adversarios políticos. Estaba bajo el mando del veracruzano Juan Benito Coquet Ramos.”

ESPIONAJE Y HOSTIGAMIENTO

“Coquet y Robles, hicieron objeto de todo tipo de intrigas, vigilancia e investigaciones a los adversarios de Tinoco, para determinar sus movimientos, estrategias y acciones. Aseguran que uno de sus vigilados era Calderón Hinojosa.” Así, el Presidente conoce perfectamente a Robles. Y éste, además de los cuestionamientos al más alto nivel por su negro pasado, resultó ser un funcionario conflictivo e inestable, que ya le causaba más problemas que beneficios al gobernador Cué. Abundaremos.

Kalimba: un caso que revela toda la frivolidad televisiva

+ Justicia mediatizada; ayer, verdugos, hoy, aliados

Cuando hace unos cinco años, un joven en la ciudad de Monterrey trató de asesinar a su novia, y mató a sus dos hermanos pequeños, la televisión hizo una amplísima cobertura —exagerada, sin duda— del caso, e involuntariamente cientos de miles de mexicanos se convirtieron en investigadores, abogados penalistas, criminólogos y hasta mentalistas, para tratar de deducir un asunto que le competía a las autoridades, pero que le convenía a la televisión para mantenerlos cautivos.

Hoy, frente a la acusación —ya desvirtuada— de violación hecha al cantante Kalimba, esta vieja historia del secuestro televisivo, de la manipulación de millones de mentes, e incluso del engaño y la frivolidad demostrada respecto a un asunto judicial tan serio como un abuso sexual, de nuevo se hacen presente. La televisión, y las televisoras, de nueva cuenta nos dejaron ver de qué tamaño es su interés por hacernos presa de la peor parte, la abiertamente morbosa, del trabajo periodístico.

No se exagera cuando se dice que en la última semana, el caso del cantante y la presunta violación de una menor de edad, tuvo más relevancia en los medios informativos que cualquier hecho de trascendencia nacional e internacional. No sólo los programas de espectáculos y de “chismes de la farándula” dieron cobertura al asunto, sino también los principales noticiarios de radio y televisión.

Como si Kalimba y su libertad, fueran de verdad un asunto de relevancia nacional, o éste fuera un actor fundamental de la vida o la estabilidad de la nación. Todos, sin excepción, se volcaron a buscar y difundir cualquier tipo de información al respecto, sin tomar en cuenta que ésta fuera cierta o supuesta; que fuese cuestión de la vida pública de los involucrados o de su intimidad, o incluso que fuera parte de las investigaciones que se realizaban.

En realidad a las televisoras, y a Televisa en particular, lo que menos les interesa es justamente Kalimba. Veamos si no. Hace apenas un par de semanas, cuando se hizo pública la acusación de agresión sexual, fue el conductor del noticiario matutino de televisión, Carlos Loret de Mola, quien encabezó las investigaciones, el juicio, la radicación, la sentencia y la pena que, sumaria y anticipadamente, le impuso la televisión al cantante.

¿Se recuerda la escena? Loret de Mola entrevistando a Kalimba —hecho un auténtico manojo de nervios—, dos días después de que se hizo pública la acusación, tratando por todas las vías de que éste aceptara públicamente, en cadena nacional de televisión, y en horario estelar, que o había abusado sexualmente de la menor, o que cuando menos había sostenido relaciones sexuales con ella.

Kalimba, como era de esperarse, difícilmente se daría, como dice la frase popular, “un balazo en el pie”, aceptando públicamente su responsabilidad aún cuando los hechos que se le imputaban sí fueran su responsabilidad; como negó sostenidamente haber abusado de la menor, y como se negó a aceptar que había sostenido un encuentro sexual con la chica, entonces para la televisión, en un solo acto, se convirtió en responsable.

La inquisición fue franca y abierta. Y a partir de entonces parecía que la defensa legal del cantante tendría no sólo que sortear los cuestionamientos y las pruebas recabadas por el órgano de procuración de justicia de Quintana Roo, y convencer al juez sobre la inocencia del acusado, sino también llevar a cuestas a las televisoras que asimismo habían decidido ya, por una cuestión de rating, que el cantante era responsable por los hechos que se le señalaban.

VIRAJE INFORMATIVO

Hubo un momento, dentro de todo ese maratón informativo, en que las televisoras se dieron cuenta que, contrario a lo que habían vaticinado inicialmente, Kalimba podría no ser responsable de la agresión por la que se le acusaba, y que además, la mayoría de la gente interesada en el asunto tenía la percepción, o esperaba, que el intérprete no fuera realmente culpable de lo que se le imputaba. Y entonces dieron un vuelco sorprendente a su oferta informativa.

A partir de ese momento, las televisoras decidieron convertir a toda la población en peritos, criminólogos, juristas y abogados penalistas… igual que como cuando en 2006, un joven de nombre Diego Santoy Riverol asesinó a dos menores y estuvo a punto de ultimar también a su novia.

Los foros de televisión comenzaron a llenarse de especialistas que daban cuenta de diversos temas relacionados con el proceso legal que enfrentaba el también compositor; en las pantallas de televisión se analizaban los mensajes privados, las comunicaciones e incluso los testimonios que daban a conocer los implicados en el asunto, o quienes conocían a alguno de los participantes en ellos. Así, según quienes hacen la televisión, ofrecieron un panorama completo… de lo que más bien era un asunto de suma conveniencia y escarnio para ellos.

¿Por qué? Porque trataron a Kalimba —y todo lo relacionado al asunto judicial en que se vio involucrado—, como siempre, de acuerdo a sus propios intereses. Éste fue culpable en la medida que Televisa quiso y le convino, y luego lo convirtió en víctima cuando se dio cuenta que eso era más redituable. Mientras todo eso ocurría, ganaba millones de pesos vendiendo publicidad a altos costos, a lo largo de la cobertura informativa que captaba la atención morbosa de millones, y les reportaba los más altos ratings.

Su viraje llegó al punto climax entre anteayer jueves y ayer viernes. Aún cuando dos semanas atrás se le había cuestionado duramente por su presunta responsabilidad, los conductores de los programas matutinos de Televisa reportaron con júbilo la noticia, e incluso dieron “gracias a Dios” por el auto de libertad que el juez de la causa dictó al cantante, al no haber hallado elementos para sustentar su presunta responsabilidad en los hechos que se le imputaban.

Hoy, como así lo quiso el público y las conveniencias, y además el proceso judicial y su defensa legal lo favorecieron, es casi un héroe. Si continuara en prisión, por obra y gracia —y conveniencia— de la televisión, ya sería un auténtico mártir.

QUE RENUNCIE

Momentos después de darse a conocer la noticia de la libertad del cantante, los medios se fueron en contra del nuevo villano de la historia. Igualmente, en horario estelar y en cadena nacional de televisión, el conductor Ernesto Laguardia preguntó al procurador quintanarroense, Francisco Alor Quezada: “¿Y después de esto, va a renunciar?” Mordazmente ridículo.

Transparencia: El gobierno de Gabino la engulle

+ IEAIP: el desprecio oficial los desacredita a todos

Desde la tarde del pasado miércoles, la oficina de prensa del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, hizo circular un comunicado en el que anuncian la presentación de un Juicio de Garantías en contra de una solicitud hecha por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, para que les sea devuelto el inmueble en el que desarrollan su labor.

Este parece ser el principio del fin de un órgano, y de una garantía constitucional, que en Oaxaca ha sido sistemáticamente soslayada y menospreciada no sólo por quienes en el régimen anterior se resistieron a ella, sino también por quienes dicen defenderla y honrarla en esta supuesta transición democrática.

Lamentablemente, en nuestro estado ha quedado fielmente demostrado que la actividad política sólo ha enturbiado, revuelto y despreciado cualquier posible voluntad real por la transparencia. Independientemente de cualquier trabajo —bueno o malo— que haya realizado el Instituto de Acceso a la Información, es claro que ninguna de las decisiones tomadas desde el poder ha sido en su beneficio. ¿De qué hablamos?

En términos sencillos, de que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz sólo honró la transparencia en los límites mínimos del decoro y las apariencias, pero sin demostrar nunca una voluntad real por fortalecer un órgano autónomo que, en estos tiempos, representa uno de los faros que alumbran y dan guía a los regímenes democráticos, y que bien pudo ser una bandera eficaz contra sus detractores.

Quedó siempre claro que a Ulises Ruiz lo último que le importaba era la transparencia. Por eso, no fue sino hasta cuando tenía encima el movimiento magisterial y popular de 2006, que forzado por las circunstancias impulsó una primera ley de transparencia que, sin haber entrado en vigor, fue sustituida por la que actualmente rige.

A la par de ello, creó un órgano (el IEAIP) al que él mismo desacreditó no necesariamente por la calidad moral o profesional de quienes lo integraron (Genaro Vásquez Colmenares, Raúl Ávila Ortiz y Alicia Aguilar Castro), sino porque éstos tenían inocultables relaciones de cercanía y compromiso con el poder gubernamental al que, se supone, iban a acotar.

Esa ha sido, esencialmente, la razón por la que el Instituto de Acceso a la Información en Oaxaca, nunca ha tenido la credibilidad y aceptación ciudadana que requiere un órgano de esa naturaleza. Aunque el trabajo formal del Instituto ha sido reconocido a nivel nacional por su estructuración y alcances, es claro que ni con eso el oaxaqueño promedio tiene confianza en él.

Todo eso pone en claro que el trabajo del IEAIP siempre ha sido cuesta arriba. Sus integrantes no sólo han tratado de que los sujetos obligados cumplan con lo que dice la ley de transparencia, sino esencialmente han luchado porque les crean que de verdad están haciendo el trabajo y la labor de contención democrática que dicen que hacen.

En todo esto, lo peor es que si en algún momento el antiguo régimen (de Ulises Ruiz) creyó posible “heredar” este órgano a sus sucesores, como una especie de cuña para contenerlos y desde ahí controlarlos, en los hechos no hizo sino todo lo contrario. ¿Por qué?

Porque quién sabe si antes de ser gobernador, Gabino Cué tenía algún grado de confianza en el Instituto. Pero con lo hecho por el entonces gobernador Ruiz en los últimos días de su gobierno, le dio la estocada final a la credibilidad y permanencia del IEAIP:

Nombró, a través de vías aparentemente democráticas, a Soledad Rojas Walls como comisionada en sustitución de Alicia Aguilar. Esa designación tuvo un fuerte cuestionamiento porque está basado más en razones personales, que en una verdadera ponderación del perfil profesional, la experiencia y el aporte a la transparencia que pudiera hacer la nueva Comisionada.

 

TRANSICIÓN, ¿ASÍ?

Todas esas maniobras de boicot a la transparencia, dejaron en claro que el futuro del IEAIP sería algo más que incierto frente al nuevo régimen del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Aunque éste prometió honrar la transparencia y todo lo relativo al derecho a saber, más bien decidió tomarlo como una cuestión de su gobierno, desdeñando cualquier posible reforzamiento al órgano autónomo encargado de la materia.

Incluso, desde que ocurrió el proceso de entrega-recepción, aquí lo señalamos: tanto el gobierno de Ulises Ruiz, como el equipo de transición de Gabino Cué, ignoraron por completo al Instituto de Acceso a la Información, incluso como un mero actor testimonial de lo que estaban haciendo. A unos y a otros, les importó un comino la existencia de ese supuesto órgano legitimador de las democracias contemporáneas.

Luego, al tomar posesión Gabino Cué del gobierno, incluyó en las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría, todo lo relativo a la transparencia gubernamental. Prometió que a través de ella, el pueblo de Oaxaca podría estar al tanto de lo que hiciera y decidiera el gobierno, y podría asimismo tener certeza sobre su honorabilidad, legalidad y legitimidad. Y nuevamente soslayó la existencia tanto del mandato constitucional, como de la ley, y el órgano de transparencia.

Su razonamiento, para ello, ha sido sencillo: para el nuevo régimen, los tres comisionados responden al interés del gobierno anterior, y por esa razón deben ser ignorados y excluidos. Puede que tengan razón. El problema es que el gobierno de Gabino Cué, hasta hoy, ha hecho nada por abonar su propia credibilidad, y por demostrar que ellos sí tienen voluntad real por la transparencia.

Por citar un ejemplo, ¿a caso la Secretaría a cargo de Perla Woolrich ya aclaró por completo, y tomó las medidas pertinentes, para sancionar y ajustar al marco del derecho, todo lo relativo a la acreditación de los estudios profesionales de los miembros del gabinete de gobierno? ¿De verdad tienen ellos un proyecto real de transparencia, cuando esencialmente ésta debe ser garantizada por órganos autónomos y ajenos a las estructuras formales del poder?

 

HOSTIGAMIENTO INNECESARIO

Si el nuevo gobierno no confía en los integrantes del IEAIP, debería iniciar ya el proceso para sustituirlos. Dejarlos a la deriva, y hostigarlos, es tanto como ningunear el imperativo democrático relativo a la transparencia y el derecho a saber. En el fondo, el gobierno de Gabino Cué está tratando de esconder, con ese supuesto desprecio, el verdadero talante autoritario y antidemocrático que en su momento tanto denunció de sus adversarios políticos.

 

Eviel: ni en derrota hay diagnóstico real del PRI

+ Replanteamiento priista: un imperativo inminente

El 4 de diciembre de 2010, en entrevista con TIEMPO, el ex candidato a la gubernatura y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña, atribuyó la derrota electoral de su partido a tres factores: el abandono de su dirigencia nacional; la pugna entre Ulises Ruiz y Jorge Franco, y la conformación de la Alianza PAN-PRD-PT-Convergencia. Es claro que, ni entonces ni ahora, la dirigencia priista comprende, y comparte con su militancia, las razones que los llevaron a entregar el poder.

Esto es lo que, hace casi dos meses, dijo textualmente en entrevista el diputado Pérez Magaña a nuestro compañero Juan Carlos Medrano: “Nuestro error fue no haber tenido el apoyo, ni los acuerdos necesarios, tanto con la cúpula nacional que se generó producto de esta confrontación, porque estamos hablando de confrontaciones de Ulises con los ex gobernadores, luego de un cruzamiento de muchos personajes…”

“Yo esperaba ver a la presidenta de mi partido, Beatriz Paredes Rangel, poniendo una denuncia ante las instancias correspondientes, por la intromisión del presidente de la República en la elección, pero hasta el día de hoy, no sé por qué no ocurrió así…”

Ante el cuestionamiento de si había influido el rompimiento entre el entonces gobernador Ulises Ruiz y el diputado Jorge Franco Vargas, Pérez Magaña señaló: “¡Claro que pesó; todos son cuadros valiosos, pero pues se llevó una confrontación a un terreno en el que no tuvo por qué darse; hoy, hay que decirlo: ¡ya ni se hablan!”

Hoy, cuando los más importantes grupos políticos al interior del priismo oaxaqueño velan armas para iniciar una pugna política por la renovación de la dirigencia estatal, particularmente vale la pena recordar esas palabras del Líder priista, para entender las razones por las que cada vez más grupos exigen no sólo una nueva directiva, sino el replanteamiento total de los grupos y prácticas que confluyen al interior del tricolor.

La importancia de las palabras dichas por Pérez Magaña a inicios de diciembre, radica en el hecho de que por lo menos demuestran la existencia de un análisis inexacto y extraviado  sobre el estado en que se encuentra el priismo oaxaqueño, y sobre el rumbo que debe tomar ahora como fuerza de oposición.

En el primero de los puntos, ¿Cómo poder asegurar que hubo un supuesto abandono de las figuras nacionales de su partido, cuando no hubo un solo personaje de talla nacional del priismo, que no estuviera volcado en Oaxaca durante las campañas proselitistas?

Más bien, si se recuerda, fueron por lo menos tres ocasiones en las que estuvo la dirigente nacional Beatriz Paredes Rangel; al menos otras tres, las que vino exclusivamente a realizar labor proselitista el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Y era a los representantes y líderes partidistas estatales con legitimación, y no a Paredes, a quienes les correspondía encabezar la defensa legal, y las denuncias ante la opinión pública por las presuntas intromisiones de funcionarios federales, o de otros gobiernos, en la operación electoral de estos comicios.

Así, en un primer momento, el dirigente Pérez Magaña debía cuestionarse seriamente si fue en realidad el abandono de la dirigencia y figuras nacionales lo que se convirtió en un factor para su derrota, o si, por el contrario, fueron las “grandes figuras” locales quienes de verdad lo abandonaron, lo traicionaron, o hicieron un trabajo tan deficiente que finalmente redundó en su derrota.

No parece creíble el argumento del abandono del priismo nacional. Y si todo esto se ve así, las otras razones dadas para explicar su derrota son aún mucho menos verosímiles.

PLEITO MAGNIFICADO

Suponer que el pleito entre el entonces gobernador Ruiz y el diputado Franco Vargas, fue uno de los tres factores fundamentales para su derrota, es tanto como:

a) magnificar a una figura de por sí desgastada, deslegitimada y rechazada como lo es Franco, que sólo fue poderoso y eficaz en la medida que tuvo de su lado el aparato y los recursos gubernamentales para hacer las tareas que se le encargaban; y,

b) negar que la derrota priista tiene una connotación mucho más profunda y explicable en los errores, la frivolidad y los excesos cometidos por toda una administración estatal que gobernó al margen de la credibilidad, cercanía y aceptación ciudadana, y debería ser explicada, comprendida y analizada a la luz de factores de verdad reales, y no de reyertas cupulares que en realidad fueron intrascendentes.

Veamos si no. El diputado Franco Vargas es un personaje político eficaz, sólo en la medida que tiene los elementos del poder para ejecutar las tareas que se le encomiendan. Como Secretario de Gobierno le tocó jugar el papel de villano e implacable, porque era lo que el momento requería.

Después, como líder priista reforzó las estructuras electorales, gracias no a su carisma o talentos personales, sino a los elementos —económicos, de coacción política, clientelares y hasta de violencia— que pusieron a su alcance para “unificar” a la estructura priista. Sin embargo, nunca ha demostrado algo sustentable como político, como hombre con visión de Estado, e incluso como un personaje con perspectiva de sociedad en relación a lo que necesita Oaxaca. Y es, por si fuera poco, el más apático e improductivo legislador federal que tiene el priismo y nuestra entidad.

Pero además, reducir la derrota priista del 4 de julio a un pleito entre dos personajes, es tanto como querer tapar el sol con un dedo respecto a lo que fue el ulisismo en Oaxaca. ¿A poco la visión maquiavélica de un personaje logró volcar a la sociedad a favor de su adversario (Gabino Cué) para darle más de 100 mil votos de diferencia?

Eso, ni cercanamente, fue así. El PRI perdió por los excesos de Ulises Ruiz y quienes lo acompañaron en el gobierno; perdió por la mala operación electoral que realizaron; por las traiciones y el abandono de que fue objeto el entonces Candidato por parte de sus propios compañeros; y perdió porque, les guste o no, la mayoría de los electores los rechazaron implacablemente en las urnas.

PRI SIN RUMBO

El PRI, a juicio de sus corrientes, debe dejar los maniqueísmos y chovinismos con los que quieren maquillar, o culpar a otros, de sus errores y su derrota. La disputa, en el fondo, debía ser no sólo por la dirigencia o las candidaturas, sino por construir la verdadera oposición en Oaxaca, que hoy simplemente no existe.

Mario Emilio se confunde o se engaña con su dimisión

+ Responsabilidad política, la otra carga de funcionarios

El derecho administrativo mexicano establece claramente que todos los servidores públicos pueden enfrentar, por el ejercicio de sus funciones, responsabilidad administrativa, judicial y política.

Esto lo debería comenzar a entender el ahora ex director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Mario Emilio Zárate Vásquez, para evitar las amenazas sin sentido, los intentos manipulación y las autoinculpaciones que ha lanzado recientemente.

¿Cuál es el motivo de su molestia? Todo se centra en la reciente aprehensión en una comunidad rural de Oaxaca, del presunto integrante de un grupo criminal, de nombre Flavio Méndez Santiago, y apodado “El amarillo” o “El armadillo”.

Éste, al ser presentado por las autoridades federales ante los medios de información de la capital del país, relató buena parte de sus actividades delictivas, pero también aseguró haber sido nada menos que director de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán.

Cuando ello ocurrió, aquí en la entidad surgió la interrogante de para qué administración, y autoridad municipal, había trabajado Méndez Santiago. Pronto se supo que éste había fungido como mando policiaco en el trienio que constitucionalmente le correspondía al doctor Roberto Efrén Molina Hernández.

Y en ese punto fue donde, también, se desató una serie de señalamientos sobre la responsabilidad por la contratación del presunto criminal como agente policiaco.

En términos sencillos, Mario Emilio Zárate —que había fungido como síndico Procurador en esa administración— acusó a Molina de haber tenido como escolta a Méndez Santiago. También dijo que éste había sido contratado por la alcaldesa interina, Sandra Eugenia Ramírez Flores.

Sólo que ambos, Molina y Ramírez, se defendieron asegurando que la Dirección de Seguridad Pública, y la Policía Municipal de esa demarcación, se hallaban bajo el mando y responsabilidad de Zárate Vásquez. Luego aparecieron documentos oficiales de esa administración, en poder de varios medios informativos, que parecían probar ese hecho.

El fondo del asunto es este intento de manipulación, que para Zárate Vásquez ya se convirtió en una amenaza abierta, e incluso cuantificada para varios medios informativos, incluido TIEMPO: que sepamos, al ex Director Jurídico de la General de Gobierno, nadie lo responsabilizó o señaló por tener vínculos con un grupo criminal, sino por ser presuntamente el responsable de la contratación de El Amarillo.

La diferencia entre uno y otro señalamiento, es sustancial: en el primero de los casos, podría haber ocurrido que los medios informativos, o sus adversarios políticos, o quien fuere, acusara públicamente a Zárate Vásquez, con o sin pruebas, de pertenecer o tener vínculos con un grupo criminal.

En el segundo de los casos, que es el que corresponde a lo que verdaderamente ocurrió, la prensa oaxaqueña hizo eco de señalamientos asimismo públicos, de que él habría sido el responsable de la contratación de Flavio Méndez Santiago. Nada más. Sería temerario, ilegal, y hasta absurdo, que oficiosamente un medio informativo hiciera señalamientos, sin contar con las probanzas correspondientes, de que tal o cual persona pertenece o tiene nexos con un grupo criminal.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Formalmente, todo servidor público puede ser sujeto de tres tipos de responsabilidad por el desempeño de las funciones que le confiere la ley: la primera, es la administrativa; la segunda es la penal; y la tercera, es la política.

En una de las vertientes de ésta última, y no en las dos anteriores, es justamente donde se inscribe el embrollo en que hoy está envuelto no sólo Zárate, sino todos los ex funcionarios del gobierno municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, que entre 2005 y 2007 tuvieron a su cargo las funciones administrativas y de gobierno de esa demarcación que se relacionan con lo dicho por El Amarillo.

¿Por qué? Porque aún cuando pareciera que los ex munícipes Molina y Ramírez Flores —uno constitucional, y la otra interina— se eximieron públicamente de responsabilidad al señalar a Zárate Vásquez, es claro que, en todo caso, los tres tendrán que responder ante la sociedad por la presencia de El Amarillo en Xoxocotlán, así como participar en la misma medida en el deslinde de responsabilidades.

Hasta donde se sabe, ninguno de los tres tiene requerimientos pendientes por parte de autoridad alguna. Quizá sea después —cuando como consecuencia de las investigaciones que realice la PGR se arroje algún resultado que involucre a alguno de ellos— que Molina, Ramírez Flores o Zárate Vásquez sean llamados a declarar o se instaure algún proceso penal en su contra.

Sin embargo, la responsabilidad política permanece. Hoy, esos tres personajes —que ya son simples civiles— deben dejar de lado los amagues inicuos e innecesarios, para estar dispuestos a responder por sus actos frente a la sociedad.

Aunque quizá no amerite que alguno de ellos sea sujeto de juicio político o de responsabilidad, su carga política ante los oaxaqueños de todos modos prevalece, y es a partir de ello que Zárate y los demás involucrados deben estar prestos a aclarar este asunto ante la instancia que los requiera.

Es claro que amenazando a la prensa, Zárate ni gana algo y, al contrario, exhibe por completo su alto grado de intolerancia e incapacidad para analizar las situaciones en las que se encuentra involucrado.

Los medios informativos estatales, dan cuenta todos los días de hechos públicos y señalamientos de los actores sociales y políticos. En ese sentido, tratar de culpar al mensajero de los asuntos de fondo, revela un peligroso talante antidemocrático y autoritario que no corresponde a un gobierno democrático y abierto como el que encabeza el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Por ello, Zárate debe revisar con cuidado quiénes son sus acusadores reales, e incluso si no ha sido él mismo quien se ha señalado con sus amenazas. La prensa oaxaqueña ha dado cuenta de lo que corresponde a su responsabilidad política como funcionario. Pero nada más. Pero eso, al parecer, le queda claro a todos, menos a él.

TEMA PRIORITARIO

En la asamblea plenaria del PRI, se resolvió atender como un asunto de la más alta prioridad, el de la situación de inseguridad y abusos que viven los migrantes centroamericanos en la frontera sur. Este importante acuerdo, fue consecuencia del trabajo legislativo y las gestiones realizadas por el diputado federal oaxaqueño, Jorge González Ilescas.

Puerto Escondido: los criminales tienen manga ancha

+ Ahí, caso de abusos e impunidad en la Policía Estatal

 

El pasado fin de semana, unas mil personas salieron a las calles de la ciudad de Puerto Escondido, para exigir que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con sus respectivas responsabilidades en la salvaguarda de la seguridad pública. Esto ocurre, mientras que en la Policía Estatal se dan abominables casos de abusos e impunidad, ahí mismo, que lejos de abonar a lo que los ciudadanos exigen, reiteran el clima de zozobra y vulnerabilidad en que vive la población.

De acuerdo con reportes del periódico Milenio dados a conocer el fin de semana, dicha manifestación fue convocada por empresarios de Puerto Escondido, y fue encabezada por familiares y amigos de Ramiro Núñez Cervantes, joven ejecutivo de cobranza y ventas de una empresa ubicada en esa comunidad porteña, que fue arteramente asesinado en días pasados en una carretera de la costa chica oaxaqueña.

Este, que es uno de tantos hechos delictivos que de un tiempo a la fecha ocurren en ese concurrido centro turístico oaxaqueño, necesariamente habrá de llamar la atención de Eduardo Rojas Zavaleta, nuevo edil del municipio (San Pedro Mixtepec) al que pertenece Puerto Escondido; pero también, y de forma ineludible, todas estas reacciones ciudadanas tendrían que ser escuchadas y atendidas por los mandos policiacos estatales. Sólo que lejos de estar mostrando eficiencia y sensibilidad, más bien la Policía Estatal es objeto de escarnio y abusos, que en nada ayudan a su credibilidad y eficacia en la contención de la seguridad pública.

¿De qué hablamos? De una historia negra de abusos e impunidad que es ampliamente conocida en Puerto Escondido, pero que prácticamente es desconocida en la capital oaxaqueña, y que es la siguiente:

Hace apenas unos días, el domingo nueve de enero, el comandante de la Policía Estatal destacamentada en este puerto, Gustavo Castellanos Castellanos arribó al bar “La Tormenta” aproximadamente a las 21 horas, acompañado de dos elementos más, entre ellos el chofer de su patrulla, Giludio Gómez Martínez, quienes uniformados empezaron a ingerir bebidas embriagantes sin importarles denigrar a su corporación.

A pesar de la insistencia de la encargada, en el sentido de que no podía proporcionarles el servicio por su indumentaria oficial y por prohibirlo las ordenanzas municipales, los agentes permanecieron y obligaron a que se les atendiera, e incorporándose a la mesa donde se encontraba Ismael Frías Cruz, agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduria de la Costa, funcionario cuya responsabilidad era la investigación del robo de vehículos.

Sin recato alguno permanecieron conviviendo hasta las once de la noche en que se retiró del lugar el comandante Castellanos ya en completo estado de ebriedad, quedándose el suboficial de la Policía Estatal, Andrés Herrera Estrada, el representante social y otros sujetos de mala facha, entre éstos, uno que en la población es conocido como “el Tito”.

Pero resulta que ya enajenados por el alcohol, todos discutieron violentamente en el interior de la cantina, para inmediatamente desplazarse hacia afuera, desatándose una riña entre sí, lo que aprovechó “el Tito”, ya en la calle, para jalonear y desarmar al suboficial Herrera, disparándole con su propia arma de cargo, e hiriéndolo con tres impactos en diferentes partes del cuerpo.

Con esa misma arma, dio muerte al agente ministerial Díaz Cruz, dándose a la fuga. Ante los hechos, la encargada del lugar solicitó la presencia de la Cruz Roja, y telefónicamente dio aviso de lo sucedido a las autoridades, lo que originó que a los cinco minutos se apersonaran en el citado negocio, más de cinco patrullas de la Policía Estatal, increíblemente al mando del comandante Castellanos, quien apenas momentos antes había convivido con los rijosos, salió del bar en completo estado de ebriedad, y por esa razón estaba claramente impedido para atender ese tipo de responsabilidades.

 

HISTORIA DE ABUSOS

A pesar de todo eso, detuvieron sin ordenamiento legal alguno, y sin facultad para hacerlo, a la propietaria del bar y a una de sus empleadas, quienes con lujo de violencia fueron subidas a una de las patrullas tipo camioneta, conduciéndolas a la cárcel municipal, e internándolas en una celda por alrededor de media hora.

Transcurrido este tiempo, el comandante Castellanos nuevamente se presentó ante la propietaria, sacándola de esa celda preventiva para llevarla a las oficinas de la Policía Estatal. Ahí, junto con otras personas, fue torturada físicamente con golpes, intentos de asfixia, choques eléctricos en partes sensibles, colocándoles el cañón de una pistola en la sien, y demás procedimientos que ordenaba el ebrio Jefe de Plaza de la Policía Estatal.

Sin embargo, todas esas agresiones, y abusos que atentan contra la dignidad humana de esas personas, fueron consignadas en diferentes instrumentos legales. Así, todas esas violaciones constan en los certificados médicos expedidos por la Dirección de Servicios Periciales de la Subprocuraduría, y por el Centro de Salud Urbano de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Costa, los que obran en la averiguación previa 15 (PE) 2011 y en la queja CDDHO/004/RC(11)OAX/2011, admitida por la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, estos abusos quedaron asentados en una denuncia penal interpuesta por los afectados contra el comandante Castellanos.

No obstante, vale la pena preguntarse si a alguna de estas personas injustamente detenidas, se le comprobó responsabilidad alguna en el homicidio del representante ministerial Díaz Cruz, o de las lesiones graves que sufrió el suboficial Herrera Estrada. La respuesta, tajante, es “no”. Lo peor del asunto, es que aún cuando es del dominio público quién fue el autor material de estos hechos, hasta ahora no existe ningún detenido.

 

ENCUBRIMIENTO

Lo lamentable de esta situación, es la falta de control y supervisión por parte del comandante Regional de la Policía Estatal, Felipe Gómez Julián, quien trató de ocultar los hechos, aduciendo que todos los agentes implicados realizaban tareas encubiertas de investigación en el espacio físico del asesinato, y tratando con dinero de acallar lo sucedido. ¿Estará enterado de todo esto el comisionado César Alfaro? ¿Si sí, por qué no pone orden? ¿Y si no, es que sus agentes le están jugando chueco en Puerto Escondido? Son preguntas.