Otro año de problemas: la crisis es permanente

+ Ciudadanía: urge fomentar más sociedad civil

 

Cuando termina el año, llega el momento de hacer los recuentos. Al revisar los archivos y las publicaciones, podemos darnos cuenta que desde hace bastantes años, todos han sido calificados como “críticos”, “fatalistas”, “caóticos” y demás. Es decir, que no sólo 2009 fue un año fatídico —pues igual, o peores, fueron los anteriores—, sino que toda la década podría haberlo sido. Incluso, este año que termina, bien podría ser nada menos que la continuación de la llamada “generación de la crisis”. Urge, por tanto, que como ciudadanos comencemos a comprender nuestro papel en este caos recurrente y casi permanente.

2009 fue un año cargado de crisis y problemas. Desde el año previo —2008— podíamos prever que la crisis económica que entonces nos enseñaba su feo rostro, era apenas el comienzo de un periodo mayor de incertidumbre, que se dejaría ver en toda su magnitud durante este año que culmina. Desde hace más de doce meses, apuntamos que los problemas financieros reales no se verían únicamente en el momento en que la economía estadounidense —e irremediablemente la mexicana— parecía estar a punto de colapsar, sino que esto tendría efectos extensivos hacia todos los meses siguientes.

Pudimos ver que eso fue lo que pasó: a finales de 2008 el gobierno federal echó a andar un plan anticrisis que, se suponía, ayudaría a paliar los efectos de la crisis internacional. En Oaxaca —como en las 32 entidades de la República— se adoptaron sendos planes del mismo tipo para que los gobiernos estatales hicieran lo propio estimulando a la economía y el empleo.

Hoy, al finalizar el año, los silenciosos resultados de esos programas, pueden verse simplemente en el fracaso y el disimulo. Ningún gobierno —ni el federal ni los estatales, incluido Oaxaca— hizo un balance de cuáles habían sido los resultados de sus programas anticrisis. Esto porque el gobierno federal falló en su labor de sostener el empleo y la economía en medio de una crisis mal manejada y mal comprendida; y porque los gobiernos estatales —como el de nuestro estado— aprovecharon la crisis para adoptar nuevos impuestos —como el del reemplacamiento vehicular— y nuevos programas de inversión sobre los que nadie supo cuál fue su destino, ejecución y resultado. Mucho de eso, al final, más bien resultó ser de acciones coyunturales y de mera simulación.

Luego, México se enfrentó a un problema de salud pública que, desde un principio, muchos se negaron a comprender. Ese problema se llamaba Influenza porcina —luego denominada Tipo A o Humana. El pánico general por la enfermedad se propaló, y rápidamente las precauciones extremas, y las medidas sanitarias, también se convirtieron en pérdidas económicas para una sociedad que durante una semana dejó de funcionar casi por completo.

Se supone, en la explicación oficial, que el problema de la influenza vino a degenerar todos los buenos resultados que se esperaban de los programas anticíclicos emprendidos por el gobierno federal. Lo cierto, de todo esto, es que de todos modos nuestra economía se encontraba en un estado de debilidad importante, y que todos esos fueron factores que únicamente se sumaron a una crisis que de por sí habría sido desastrosa, como lo es, para la mayoría de los mexicanos.

 

SOCIEDAD CIVIL

Sin embargo, pareciera que de todo esto es responsable el gobierno. Se le culpa de las violaciones a los derechos humanos, del mal manejo de la economía, de la inmovilidad política, de la falta de acuerdos, de la corrupción, de la impunidad, del cambio climático y demás. Es decir, que para el buen mexicano, el gobierno tiene la culpa de todo, y la sociedad es la víctima eterna que resiente todos los efectos de su mal gobierno, pero nunca puede ni debe hacer algo para contribuir en la búsqueda de remedios a los grandes males del país.

Se acusa al partidismo, al yunque, a la derecha, a la izquierda, al PRI, al PAN, a Andrés Manuel López Obrador; a Estados Unidos, la Influenza, y así, seguido de un largísimo “etcétera”. En realidad, todos somos responsables. Y es así porque México es un país que tiene muy poca sociedad civil. Sí. Tiene muy poca de esa población organizada, a la que muchos tachan incluso de ser algo inexistente o un mal chiste que no contribuye en nada a mejorar al país.

Tendría que haber más personas, grupos, asociaciones u organizaciones, con o sin nombre, que —como lo hemos señalado en diversas ocasiones— pudieran tener la capacidad de organizarse y actuar razonadamente frente a los problemas del Estado. Si los entes de gobierno no tienen la posibilidad de interactuar verdaderamente con la sociedad, y ésta no tiene la capacidad de hacerle ver a los gobernantes todos o algunos de los errores que cometen, entonces es evidente que no hay posibilidades de entender globalmente los problemas nacionales, y hacer planteamientos serios para resolverlos.

Debe haber una conciencia clara de cuáles son los problemas nacionales, y la claridad meridana para dilucidar cuáles deben ser las soluciones y los planteamientos de fondo. Mientras la sociedad y el gobierno se asuman como dos entes, o bloques, que en nada pueden interactuar ni correlacionarse, todos seguiremos dando vueltas alrededor de los mismos problemas, planteando las mismas soluciones bipolares e inoperantes que hasta el momento, y viendo con desánimo que los problemas no se resuelven. Debemos terminar, entre todos, con este círculo vicioso que nos llevará a nada bueno.

Sin duda, esa es nuestra propuesta de reflexión social para el año que termina, y el nuevo que comenzará a partir de mañana. No podemos exigirnos ser un mejor país, si quienes integramos la sociedad, más allá de los partidos, los gobiernos y los grupos aparentemente “de poder”, únicamente levantamos los hombros ante los problemas y optamos por el camino fácil de las lamentaciones y la victimización. ¿Cómo hemos contribuido al mejor país que queremos? Deberíamos comenzar a hacerlo. Deberíamos comenzar a poner a prueba el sistema, para ver que desde la sociedad sí se puede hacer más de lo que normalmente se hace.

FELIZ AÑO 2010

Deseamos que a nadie gane la desesperanza, y veamos este 2010 como el inicio de un nuevo ciclo que abrirá retos y oportunidades. Agradecemos, como cada año, a nuestros queridos lectores siguieron la aventura diaria de este espacio. A todos, sin distingos, les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de salud, paz y trabajo para la avalancha que nos espera en el año que inicia. Nos leemos el próximo lunes. ¡Felicidades!

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Alza en combustibles: golpe que comercio aprovecha

+ Felonía de comerciantes, reetiquetar deliberadamente 

 

Hace apenas un par de días, se dio a conocer que por los recientes incrementos al precio del litro de gasolina Magna y del diesel, los servicios de transporte público de Oaxaca analizaban la posibilidad de incrementar sus tarifas de pasaje en autobús urbano, taxis y fletes para el 2010.

Casi al mismo tiempo, comenzaron a sentirse algunos efectos aparentemente proporcionales e inherentes al llamado “gasolinazo”: en los comercios y mercados comenzó la reetiquetación de productos, el incremento de precios y la improvisación de excusas para la justificación de los mismos. ¿Hasta qué punto son justificables esas acciones, y hasta dónde los comerciantes y prestadores de servicios se valen de esos incrementos para asestar golpes arteros a los bolsillos del consumidor final?

En primer término, tendríamos que analizar cómo un incremento al costo de los combustibles, únicamente impacta al consumidor, pero no a todos los intermediarios que se encuentran entre Petróleos Mexicanos y el usuario final de los combustibles. Nadie sabe, por ejemplo, qué porcentaje del costo del combustible se queda en manos de los dueños de las gasolineras; a cuánto ascienden los ingresos diarios de los concesionarios del transporte públicos; y cuánto de todo ese monto de dinero se convierte en ganancias puras que nunca se ven trastocadas por los incrementos, y que más bien son trasladadas, íntegras, al costo de los productos que pagan los consumidores.

El asunto es sencillo pero prácticamente imposible de descifrar. Nadie sabe en realidad cómo funciona, ni qué tipo de relación tiene Pemex con los franquicitarios de las estaciones de servicio donde se expenden los combustibles. Es decir, sólo ellos —y nadie más— sabe a qué costo le expende la paraestatal los combustibles a las gasolineras para que éstas las vendan a los consumidores. Se puede prever, sin embargo, que si actualmente un litro de gasolina Magna le cuesta al automovilista $7.80; un litro de diesel $8.16 y un litro de Magna Premium UBA $9.57, todos los intermediarios están teniendo ya una ganancia que nadie sabe a cuánto asciende.

Sería ilógico, y hasta ridículo, suponer que las estaciones de servicio (es decir, las gasolineras) adquirieran a Pemex el combustible al mismo precio que el que lo expenden a los consumidores finales. Sería ridículo suponer que dichas estaciones fueran simples prestadores de servicios sin fines de lucro, o que las gasolineras son un mal negocio para quien invierte en ellas. Al contrario. Ésos son siempre negocios prósperos independientemente de las crisis o el alza de precios. Sólo que nadie sabe qué existe alrededor de ellas. (Y a esto habría que agregarle todo lo relativo a los robos hormiga que realizan, manipulando las máquinas expendedoras para que vendan litros de combustibles, de menos de mil mililitros).

Algo similar ocurre con los concesionarios del transporte público. ¿Alguien se ha preguntado por qué si los dueños de las unidades siempre dicen que el suyo es un mal negocio, en el que pierden con cada incremento al costo de los combustibles, a los insumos, a las refacciones, salarios y demás, siguen habiendo tantos autobuses y automóviles de alquiler para transporte de pasajeros, circulando todos los días por las calles de la ciudad, y todo el estado?

Obvio: porque el transporte público, así tan golpeado y degradado como dicen que está, continúa siendo un gran negocio para todos los involucrados. Los dueños de las unidades piden todos los días cuentas discrecionales a los conductores; éstos tienen que cubrir diario “la cuenta” del concesionario, el costo del combustible, parte de las refacciones e insumos de la unidad, y aparte obtener ellos su ganancia.

Todo esto ocurría, exactamente igual, cuando el costo del pasaje en los autobuses de transporte urbano era de tres pesos con cincuenta centavos, que ahora que es 27 por ciento más caro —es decir, que vale $4.50— que hasta entonces.

Todo esto nos lleva a una conclusión: que los incrementos les afectan, pero que el negocio continúa siendo igualmente próspero. Al final, los lastimados somos los usuarios finales, que irremediablemente tenemos la necesidad de utilizar el transporte, o de comprar gasolina, sin más opciones que sosteniendo las ganancias y la prosperidad, sin ningún tipo de sacrificio, de todos los involucrados en la prestación de esos servicios.

 

REETIQUETACIÓN

Durante todo 2008 hubo incrementos sostenidos a los precios de los combustibles. En menos de un año, el costo de la gasolina se elevó en más de un peso con cincuenta centavos por litro; y ese elevamiento sólo se detuvo cuando el gobierno federal decretó, a principios de 2009, un congelamiento de precios para apoyar a la economía de los mexicanos. Pero, ¿se recuerda qué ocurrió cuando en septiembre de 2007 se aprobaron los primeros incrementos a la gasolina, que serían aplicables hasta el primer día del año siguiente?

Lo que ocurrió fue una sucia maniobra de miles de comerciantes, que aprovecharon el efecto mediático del primer “gasolinazo” importante a los mexicanos, para ellos elevar sus ganancias. En efecto, aunque el anuncio del incremento al precio de los combustibles se hizo en septiembre de 2007, poco se aclaró que éstos entrarían en vigor hasta el 1 de enero de 2008. Es decir, cuanto entrara en vigor el paquete económico de la federación de ese año.

Pero entonces, todo esto fue aprovechado por muchos comerciantes para incrementar sus precios desde septiembre, argumentando un alza a los combustibles que todavía no ocurría. Muchos mexicanos, convencidos por el “gasolinazo”, aceptaron sin chistar esos incrementos, que al no tener oposición se fueron multiplicando y generalizando en casi todo el comercio. Tuvo que intervenir el gobierno federal para aclarar el momento de los incrementos y frenar la voracidad de quienes ya habían aprovechado la ocasión para reetiquetar.

De todo esto habrá que estar pendientes. Es cierto que este nuevo “gasolinazo” incrementará la inflación. Pero sería bueno no dejarnos llevar por la voracidad y la manipulación que unos cuantos hacen de las situaciones para obtener mayores ganancias.

 

¿NO QUE NO?

Lo apuntado en este espacio desde el lunes, ayer sucedió. Hablamos de la primera reunión formal de los aspirantes a la gubernatura por los partidos de oposición. No faltó uno solo de los que mencionamos. Y aunque pocos nos creyeron, también estuvo presente Irma Piñeiro Arias, representando a Nueva Alianza. Pronto abundaremos.

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Matrimonios entre homosexuales: ¿Una regresión?

+ Iglesia: el deber (incompleto) de sostener su moral

 

Prácticamente a todos los niveles de la jerarquía social conservadora y diversos grupos ligados al catolicismo, se han escuchado palabras de condena a la aprobación de los llamados “matrimonios gays”, en la capital del país.

Esta que actualmente se escribe, es exactamente la misma historia que se acuñó hace dos años cuando, también en el Distrito Federal, se reformaron diversas normas legales, para permitir la práctica de los abortos dentro de las primeras 12 semanas de la gestación. Más allá del estruendo y los escandalizados, de los dogmas y los atavismos, con ello podemos corroborar nuestra pertenencia a una sociedad mucho más conservadora, bipolar e incluso de doble moral, de lo que imaginamos.

En primer término, habría que distinguir cuáles son las implicaciones estrictamente jurídicas que trae aparejadas la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En los códigos civiles “normales” —como el de Oaxaca—, se establece que el matrimonio es “un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida”. La reforma ocurrida en el Distrito Federal, eliminó del concepto lo relativo al hombre y la mujer, y lo que tiene que ver con la procreación.

Eso fue lo que desató la aversión de la Iglesia Católica y de diversos grupos conservadores. La eliminación del requisito del hombre y la mujer, abrió la puerta para el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Las razones de esa apertura, evidentemente, tienen mucho más que ver con conceptos relacionados con lo que se conoce como “seguridad jurídica”, que con lo puramente relacionado con la familia y la procreación.

¿Por qué? Porque homosexuales han existido desde que la humanidad se reconoce como tal. Del mismo modo, desde siempre ha habido parejas del mismo sexo que conviven en la misma casa y comparten los mismos bienes, deberes, derechos y espacios. Y desde siempre ha habido un problema no religioso ni moral ni ético, sino estrictamente legal, por la inseguridad jurídica en que conviven dichas personas.

La inseguridad jurídica sobreviene, por ejemplo, cuando una de las personas depende económicamente de la otra; cuando al fallecer uno de ellos, el otro se ve imposibilitado para apersonarse en un posible juicio sucesorio intestamentario; o cuando se pudieran derivar responsabilidades económicas de uno hacia el otro. Esto es exactamente lo mismo que ocurriría con una pareja de hombre y mujer; sólo que en este caso, la pareja sería de personas del mismo sexo y no como “tradicionalmente” ocurre.

Así, todo esto debemos considerarlo y verlo no como una aberración, o como algo que no debería ocurrir. Todo se basa en que esta no debería ser una discusión moral o religiosa que diera pie a la homofobia o los ataques. Independientemente de que la neguemos o aceptemos, o nos escandalicemos, la realidad es una sola. Y ésta indica que más allá de las “desviaciones morales”, las personas tienen problemas de tipo legal relacionadas con su estado civil y patrimonial, independientemente de sus preferencias sexuales.

 

DEFENSA CONSERVADORA

Seguramente, al consolidarse la reforma que permitirá los matrimonios entre personas del mismo sexo, la Iglesia Católica y sus representaciones políticas conservadoras, buscarán la manera de apersonarse en Acciones de Inconstitucionalidad, para tratar de que la Suprema Corte invalide la disposición de la ALDF.

No debería de extrañarnos que, como consecuencia del fracaso de ese recurso de defensa constitucional, dentro de no mucho tiempo las Legislaturas de los estados comenzaran a modificar sus constituciones locales, para impedir que esa disposición se reprodujera en el interior de la República, afianzando en el concepto del matrimonio, la ideal de que éste sólo puede celebrarse entre un solo hombre y una sola mujer. Reiterando: ocurriría algo muy parecido a la guerra política silenciosa, que hoy se vive entre quienes están a favor de los abortos, y quienes dicen estar “a favor de la vida”.

Lo cierto es que nada sería suficiente para terminar con dicha tendencia, como nada ha sido suficiente para “revertir” las preferencias homosexuales de millones de hombres y mujeres que en casi todas las épocas de la humanidad, han sido señalados, segregados y condenados; y que ni con “curas” médicas, psicológicas, psiquiátricas o violentas, han podido ser “reformados” y “reintegrados” a la vida “normal”. Esto nunca ha podido ocurrir, ni ocurrirá, porque la homosexualidad no es una enfermedad o una degeneración; y porque la “normalidad” de las personas, no depende exclusivamente de si a un hombre le gustan las mujeres o sus semejantes, o si una mujer se encuentra en esa misma circunstancia.

En realidad, es el conservadurismo y las resistencias de ciertos núcleos de la sociedad, los que han bloqueado y satanizado estos intentos por plantear esquemas parecidos a los tradicionales. Con una medida así, la familia ni se reforzaría ni se destruiría, porque las parejas homosexuales han existido siempre independientemente de que estén reconocidas o no por la ley; y la legalización de ese tipo de matrimonios, ni invitará al heterosexual a cambiar sus preferencias, como tampoco generará avalanchas de homosexuales haciendo filas para casarse.

Al contrario: habrá de reconocerse una situación de hecho que no tiene sustento alguno en la ley. Es hasta cierto punto comprensible la postura de la Iglesia Católica, porque es quien se ha erigido como el más grande contenedor de la moral en México. Sin embargo, la satanización y la descalificación rayan en la intolerancia y en la manipulación, que sí afectan a la convivencia pacífica entre las personas.

 

ILEGALIDAD Y NEGOCIOS

Al final, negarse a la realidad es tanto como seguirle haciendo el juego a quienes hacen negocios cobijados por la ilegalidad: en el DF, con la aprobación del aborto, se le terminó el negocio a los llamados “espanta cigüeñas”; ¿Cuántas adopciones ilegales, por ejemplo, ocurren entre quienes tienen el legítimo deseo de ser padres pero están impedidos naturalmente para la procreación? Ese millonario y abominable negocio —que ocurre a diario, se acepte o no— también se acabaría con una regulación estricta. Como podemos ver, esto nada tiene que ver con moral o religión. Es un asunto de legalidad, de seguridad y de orden, que por atavismos morales prefiere evadirse, haciendo el favor a quienes viven de las lagunas que prevalecen en algunas las leyes.

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Alianza PRD-PT-PC con el PAN, casi un hecho

+ Diferencias quedarán atrás; ganó pragmatismo

Quienes apostaban porque no podría conformarse la alianza entre los más importantes partidos de oposición en Oaxaca, se equivocaron. Contra todos los augurios, y frente a todos los cuestionamientos partidistas, ideológicos y hasta de práctica política, a partir de hoy comienza la cuenta regresiva para que, dentro de unos 15 días, se oficialice la alianza entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia, PT y quizá Nueva Alianza, para ir juntos a los comicios estatales del próximo mes de julio.

En efecto, prácticamente desde que se conocieron los resultados electorales de los recientes comicios federales, se pudo prever la integración de una alianza de partidos en entidades clave como Oaxaca. Hace más de cinco meses —a principios de julio pasado—, apuntamos en este espacio que la derrota panista y de los llamados “partidos de izquierda” en el proceso electoral, con el consiguiente triunfo del Revolucionario Institucional, irremediablemente los llevaría a conformar alianzas que lo mismo sirvieran para garantizar su representación como fuerzas políticas reales, que para intentar frenar el avasallamiento priista que ya se había materializado en la Cámara baja y que se habría de repetir en la mayoría de los 11 comicios estatales de 2010.

Incluso apuntamos que, ante los resultados, el presidente Felipe Calderón sería capaz de aliarse hasta con sus otrora enemigos para enfrentar a los tricolores. Más de uno dijo, o pensó, que nuestras previsiones eran erróneas. Fue en el mes de septiembre, hace más de tres meses, cuando las dirigencias nacionales del PAN y PRD por primera vez aceptaron públicamente la posibilidad de aliarse para comicios como los de Oaxaca. De inmediato, la fracción del PRI oaxaqueño en la Cámara de Diputados federal, salió a condenar esa previsión partidista, y a descalificar la unión de fuerzas de izquierda y derecha para una causa electoral.

El efecto mediático de esa condena fue inusitadamente expansivo. La descalificación de la llamada “prensa nacional” —y ni se diga de la local— a la alianza opositora, y el eco que le dieron al posicionamiento priista, tenía dos razones igualmente poderosas: dentro de Oaxaca, por las líneas que se dictan desde el poder para descalificar a sus adversarios utilizando los efectos mediáticos.

Pero fuera de Oaxaca, porque desde el Estado de México hubo una maniobra realizada a través de ciertos sectores importantes de la prensa para desacreditar esa alianza opositora, que se haría en 2010 en nuestro estado, pero en 2011 se reeditaría para la renovación de la gubernatura mexiquense. Es decir, que en esa jugada a dos bandas, el gobernador Enrique Peña Nieto buscó “curarse en salud” apoyando al PRI de Oaxaca.

Ante la condena —a la que luego se sumó Cuauhtémoc Cárdenas, asegurando que la alianza PRD-PAN era como “el agua y el aceite”—, Acción Nacional reculó, los perredistas volvieron a sus posiciones tradicionales, y comprendieron que no era aún el tiempo para hacer pública su alianza irremediable. Incluso, ante su silencio se generó cierta percepción de que la unión de partidos no se lograría, y que los panistas buscarían ir coaligados con Nueva Alianza.

Sin embargo, tal parece que los planes no cambiaron. El silencio tanto del PAN como del PRD y las demás fuerzas, fue para evitar descalificaciones anticipadas. A pesar de que desde febrero de 2008 se giraron instrucciones presidenciales al panismo oaxaqueño para apoyar al senador Gabino Cué —de lo cual dimos también cuenta puntual en este espacio—, muchos se negaron a aceptar eso como una realidad y, al contrario, éste fue sometido, desde la oposición y el oficialismo— a duros cuestionamientos por sus innegables ambiciones de poder. El objetivo era descarrilar su pretensión por la gubernatura.

Hoy, tanto la candidatura de Cué, como la alianza opositora con el PAN incluido, son dos hechos inminentes. Las señales de todo esto, fueron claras desde siempre. Sólo decían lo contrario quienes se negaban a ver la realidad.

ALIANZA, VA

Hoy comenzará formalmente el proceso por oficializar la alianza opositora. En un hotel ubicado en el norte de la capital oaxaqueña, se reunirán los dirigentes estatales del PAN, PRD y Convergencia, Carlos Moreno Alcántara, Amador Jara y Mario Mendoza, respectivamente, para afinar detalles de lo que podría ser el primer acto conjunto de la alianza entre los partidos de izquierda y el panismo, rumbo a los comicios estatales de 2010 en Oaxaca.

¿En qué consistiría ese primer acto político? En que, tentativamente, mañana martes se presentarían por primera vez, juntos, los posibles aspirantes a la gubernatura por todas las fuerzas que integrarán la alianza. Hoy lunes, los dirigentes partidistas establecerían las reglas para ese encuentro, al que asistirían por Acción Nacional, Pablo Arnaud Carreño, Gerardo García Henestroza y Huberto Aldaz; por el PRD, Carlos Altamirano y Othón Cuevas; y por el PT y Convergencia, Gabino Cué Monteagudo. Esa sería la primera señal clara, de que todas esas fuerzas políticas están trabajando en un proyecto electoral conjunto.

Una vez ocurrido esto, las dirigencias estatales del PRD, PT y Convergencia acudirían a la Ciudad de México a oficializar su unión ante la organización Diálogo para la Reconstrucción de México —la nueva versión del antiguo Frente Amplio Progresista— que aglutina al lopezobradorismo a través de Manuel Camacho Solís. Y antes del 15 de enero, habría ya una manifestación expresa del dirigente nacional panista, César Nava Vásquez, sobre la adhesión de Acción Nacional a la coalición opositora de Oaxaca.

Sólo yendo juntos, los partidos de oposición en Oaxaca tienen posibilidades reales de disputar la gubernatura y los espacios del poder público al priismo. Habrá que ver qué reglas fijan para elegir a sus abanderados; y luego, ellos esperarán que no surja de sus filas un “porro” que quebrante las normas, exhiba las debilidades de su democracia, y pretenda imponerse a través de un albazo. Humberto López Lena Cruz, por ejemplo, podría decirles muy bien cómo se hace eso.

FELICIDADES

Había faltado oportunidad para expresar a todos nuestros apreciables lectores, los deseos de paz, salud y trabajo, que el autor de este espacio tiene hacia ustedes. Esperamos, sinceramente, que la navidad haya sido un momento de reflexión y generosidad, que sea extensivo a todo el 2010 que está por llegar. Les enviamos, a todos, un abrazo fuerte, y nuestro agradecimiento a quienes tuvieron algún detalle con motivo de este fin de año. A todos, nuestros mejores deseos.

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Cambios en Gabinete, por indagaciones ministeriales

+ Fiats, los peligros de caer en las manos equivocadas

El pasado martes, ya entrada la noche, a través de un escueto comunicado de prensa se dio a conocer el nombramiento de dos nuevos funcionarios en la administración estatal. Ricardo Ruiz Zaragoza fue nombrado consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y Bernadette Rouse Mayor, fue designada como titular del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. ¿Qué tienen de trascendental esos nombramientos?

De primera vista pareciera que nada. En realidad, este pareciera ser el inicio de una cascada de renuncias y sustituciones que ocurrirán durante el primer mes del próximo año, en el gabinete legal y ampliado del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Sólo que Arturo Vásquez Urdiales y Jorge Martínez Gracida Orduña —los destituidos en la Consejería Jurídica y el Instituto Catastral, a quienes ya ni siquiera mencionaban en los comunicados en los que se dio a conocer sus remociones— no figuran en la lista de posibles aspirantes a candidatura o cargo público alguno para 2010.

El motivo de la separación del cargo de esos dos ahora ex funcionarios, tiene que ver con un delicado asunto que, en este espacio, vinimos reseñando en los días recientes.  En efecto, en nuestra entrega del pasado 21 de diciembre apuntamos que “en absoluta confidencialidad, desde la semana pasada la PGJE inició una investigación por posibles actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, y tráfico de influencias, en el otorgamiento de patentes de fedatario público. Las órdenes de indagar el asunto fueron emitidas, aseguran, desde el más alto nivel, al tener conocimiento de que los ‘Fiats’ habrían sido vendidos en cantidades millonarias de dinero. En esto podrían estar involucrados por lo menos dos altos funcionarios del Gobierno del Estado, que desde el pasado 15 de diciembre fueron ‘invitados’ a presentarse ante un Agente del Ministerio Público, para declarar sobre el asunto. Entre los notarios, dicen, este era un secreto a voces que varias veces pretendió ser denunciado. Sin embargo, los intentos se frenaban ante la amenaza de esos dos funcionarios, de revocar las patentes a los fedatarios revoltosos.”

Al día siguiente, volvimos al tema señalando que “Aseguran que por lo menos 10 de las alrededor de 30 patentes de Notario Público que se han entregado durante la presente administración, fueron vendidas o sometidas a algún esquema de falsificación de documentos o firmas. Cada una de ellas fue vendida en montos que van de los 3 a los más de 12 millones de pesos, y que nos nuevos fedatarios —que compraron su Fiat— están renuentes a reconocer esta escandalosa corrupción, por temor a que les revoquen la patente y pierdan su millonaria inversión.” Dijimos que este asunto olía muy mal, y prometimos regresar al tema para abundarlo. Hoy, las propias circunstancias dejan ver que no había equivocación ni exceso en los señalamientos.

Los dos funcionarios de los que hablábamos al inicio de la semana, resultaron ser Martínez Gracida Orduña y Vásquez Urdiales. Estos individuos, según información que se encuentra en poder de altos funcionarios del Gobierno del Estado y a la que tuvo acceso este espacio, habrían sido señalados como los responsables de la venta de al menos una decena de patentes de fedatario público, gestionadas ante el gobierno estatal bajo engaños, aprovechando sus cargos y traficando influencias; y que incluso podrían existir también delitos de falsificación de documentos y firmas. Al ser descubierto todo esto, hace menos de 15 días, se habría ordenado una investigación judicial exhaustiva y la separación inmediata de sus cargos, no sólo a ellos sino a todos los que resultaran involucrados. Así, Martínez Gracida y Vásquez Urdiales podrían ser no los únicos, sino apenas los dos primeros funcionarios en ser removidos por ese asunto.

FIATS, RIESGOSAS

Apuntábamos en nuestras dos entregas anteriores aquí reseñadas, que esto era un secreto a voces entre los notarios públicos de Oaxaca. Dentro de dicho gremio, se comenta que en varias ocasiones esas irregularidades pretendieron ser señaladas y denunciadas ante las instancias correspondientes. Sin embargo, aseguran que en más de una ocasión, algunos de los funcionarios involucrados amagaron a los fedatarios, argumentando que al hacer público el asunto ellos tendrían todas las herramientas necesarias para gestionar la revocación de las patentes.

En este sentido, ante las primeras investigaciones, varios de los notarios que pudieron ser copartícipes de estos actos de corrupción, al estar frente a las instancias ministeriales se habrían negado a reconocer que, en efecto, habrían comprado la patente, pues temían que el primer efecto que esto tendría, sería la revocación de sus respectivas licencias. Casi todos, habrían desembolsado sumas de entre 3 y 12 millones de pesos, cuya obtención se habría dado gracias a préstamos, hipotecas, venta de bienes, y demás. Así, el temor era no sólo el perder la patente, sino también la inversión y el patrimonio puesto en juego.

Sin embargo, esta investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, no sólo para sancionar a los funcionarios y particulares corruptos, sino sobre todo para evitar que las patentes de fedatario sean utilizadas para fines indebidos. Un Notario Público tiene la posibilidad de legalizar, reconocer y manipular un sinnúmero de actos jurídicos que son trascendentales para la vida personal y patrimonial de las personas. La mala utilización de la misma, podría desembocar en infinitos actos de corrupción que sólo multiplicarían los efectos negativos de cómo fueron obtenidas.

El Gobierno del Estado, hoy, tiene aún todas las posibilidades de apagar de tajo lo que podría convertirse en uno de los escollos más grandes del sexenio. Este primer paso que dio el gobernador Ulises Ruiz, con la destitución de los probables involucrados en todo este asunto, marca una pauta que ahora deberá llevarse hasta el final. Junto con las investigaciones judiciales, tendrá también que ocurrir el reforzamiento de los mecanismos de control, de todo lo que tiene que ver con los autorizados para ejercer la fe pública.

CAJA DE PANDORA

Del mismo modo, no es extraño que los profesionales relacionados con la industria de la construcción, la valuación de bienes inmuebles y demás, se quejaran reiteradamente de la corrupción, las complicidades y los manejos irregulares habidos en el Instituto Catastral. Ahora será tarea de la nueva titular, limpiar la casa, terminar con los negocios que se hacen ahí al amparo de los cargos públicos, y no convertirse en parte de la corrupción.

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Comed: reiniciar lucha por eperristas desaparecidos

+ Derechos Humanos: condena a gobierno para 2010

Casi a la par de las dos sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición de personas y violaciones probadas a los derechos humanos, se anunció la posibilidad de que la Comisión de Mediación reactive sus gestiones e interlocución ante el gobierno federal, a fin de esclarecer lo ocurrido con los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario que desaparecieron en la ciudad de Oaxaca, en mayo de 2007. Así, tal parece que el año próximo será también complicado para el gobierno federal en cuanto al respeto y protección que brindan sus instituciones a los derechos humanos.

El pasado 11 de diciembre, la CIDH emitió un fallo condenatorio en contra del Estado mexicano, en el caso denominado “Algodonero vs México”. En dicho expediente, fueron analizados los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cadáveres fueron encontrados con signos de tortura.

De acuerdo con información del periódico Excelsior, el reporte llegó al tribunal luego de que Benita Monárrez, una de las quejosas, cuya hija fue asesinada, acusó al Estado de encubrir a los culpables. Además de que hace dos años, la CIDH emitió recomendaciones al gobierno federal, las cuales fueron ignoradas.

En su resolución, la CIDH ordenó que las autoridades mexicanas tenían el deber de reconocer, en un acto público, su responsabilidad y ofrecer disculpas a las madres de las mujeres que perdieron la vida. La responsabilidad que recayó sobre el gobierno mexicano radicó no en que el autor de dichos crímenes hubiera sido un servidor público, sino en sus omisiones para investigar los asesinatos, para tratar de esclarecerlos y dar con los responsables.

Apenas ayer, fue dada a conocer una segunda sentencia que, por sus alcances, habrá de ser trascendental. La CIDH condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, y la violación de la integridad personal de sus hijas, Tita y Andrea Radilla. Según lo establecido en el propio fallo del caso, los hechos se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Radilla, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México.

Según la sentencia de la Comisión Interamericana, “las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, [a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.

Además de la condena expresa al Estado mexicano por la desaparición forzada de personas —independientemente de que estos hechos hayan ocurrido hace tres décadas—, en el llamado “Caso Radilla” la CIDH condenó a México a modificar los códigos Penal Federal y de Justicia Militar, para adecuarlos a las normas internacionales sobre justicia penal y militar, derechos humanos, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

México, al haber aceptado la jurisdicción de la CIDH, está obligado a acatar los fallos de dicho tribunal, tanto en lo que refiere a los hechos denunciados y probados por los que se le condena, como en lo que toca a las modificaciones legales que debe hacer para adecuar el marco jurídico nacional al internacional. Ese es el alcance actual y real de la protección continental a los derechos humanos, que rebasa la esfera y las resistencias que pudieran existir dentro de los países.

COMED, DE NUEVO

En un comunicado que emitió el EPR desde la ciudad de Oaxaca de Juárez el pasado 13 de diciembre, solicita a la extinta Comisión de Mediación reactivar sus funciones ante el gobierno federal, para dar con el paradero de sus militantes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ambos desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en esta capital, según lo han establecido las propias comunicaciones e investigaciones del grupo insurgente.

¿Por qué es trascendental este hecho? Porque el pasado 18 de diciembre, los integrantes de la extinta Comisión de Mediación establecieron como plazo la primera semana de enero, para reunirse, deliberar y dar a conocer sus consideraciones respecto a la posible reactivación de su trabajo de diálogo e interlocución con el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Aunque estos llamados al diálogo parecieran ir en contra de la vocación armada y violenta de dicho grupo guerrillero, tal parece que sus llamados a la mediación con el gobierno federal tienen propósitos de mayor alcance que los actos de sabotaje iniciales. Tal pareciera que el EPR pretende primero esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con sus integrantes desaparecidos, quién y cómo fueron capturados y cuál fue su destino final, para después dar paso a la justicia internacional en materia de derechos humanos.

Han pasado casi 31 meses desde el momento de la desaparición de los eperristas. Aunque las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez menos probables, es evidente que de todos modos habrá de prevalecer la exigencia de una investigación clara por parte del EPR y de los grupos periféricos que, aunque con modos y cauces que no rebasan la legalidad, tienen los mismos fines que ellos.

La reactivación de la Comisión de Mediación ayudaría no sólo a reactivar las indagatorias relativas a este asunto, sino que también conminaría al Estado mexicano a no dejar de lado este asunto que, a mediano plazo, podría convertirse en una nueva sentencia condenatoria por parte de la CIDH.

CONDENA, ¿POR QUÉ?

Porque justamente, en los dos referentes inmediatos —es decir, el caso algodoneros y el Radilla— la condena en contra del gobierno mexicano partió de la negativa y las omisiones habidas en las investigaciones sobre casos de desaparición forzada de personas. Con los dos eperristas ha ocurrido exactamente lo mismo: el gobierno se ha negado a emprender una averiguación seria sobre el asunto, y ha preferido dar largas y evasivas al asunto. Las referencias condenatorias dadas por los dos fallos, serán el punto de referencia tanto para el reinicio de la mediación como para las investigaciones sobre los desaparecidos. Sea como sea, por esas y otras razones, 2010 será un año complejo para el gobierno en materia de derechos humanos.

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