¿Alguien quiere pensar en los niños?

Pongamos todo en perspectiva con:

Carlos Villalobos

A principios de 2023, en Seattle, una peculiar demanda en corte atiborró los titulares en Estados Unidos. Escuelas del estado norteamericano se reunieron en contra de TikTok, YouTube, Facebook y Snapchat, alegando principalmente que las compañías tecnológicas «explotan la vulnerabilidad de los cerebros jóvenes» para generar ganancias, basadas en el uso de técnicas que pueden derivar en distintos problemas de salud mental, que a la larga desembocan en crisis en las escuelas.

Aunado a este procedimiento colectivo, cientos de familias están tratando de que las compañías tecnológicas sean castigadas, principalmente por las revelaciones del sistema que es utilizado por Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros) para impulsar las interacciones entre niños y adolescentes.

La problemática generalizada en Seattle ha abierto la caja de Pandora, ya que, aunque no se ha dejado claro que las redes sociales afectan de forma directa a los niños y adolescentes, lo cierto es que el modus operandi de las grandes tecnológicas ha dejado en claro que lo que buscan, más allá de «comunicar y acercar a la gente», es lucrar con la atención de usuarios en el mundo.

En palabras de los propios padres y autoridades escolares, la crisis mental que atraviesan sus comunidades educativas «no es un accidente y es resultado directo del diseño de las plataformas para atraer a las juventudes».

Más allá de las quejas superficiales que muchas veces se emiten en contra del uso de redes sociales, la demanda, que consta de más de 90 páginas, argumenta que de 2009 a 2019, al menos en el distrito escolar de Seattle, se ha notado un aumento del 30% de casos de estudiantes que se han sentido tristes o sin ilusiones al menos una o dos semanas seguidas para hacer sus actividades.

Como siempre, Meta ha respondido con herramientas para incrementar las medidas para mejorar el uso de jóvenes, familias y niños. Sin embargo, el impacto que tienen dichas redes sociales no se ha tomado en serio en la mayoría de los casos.

Luego de todo, ¿quién tiene la culpa? ¿Las empresas? ¿Las escuelas? ¿Las familias? La respuesta no es sencilla. Sin embargo, el descargo de responsabilidades tendría que ser en función de las responsabilidades que cada uno tiene. Por un lado, las empresas deben tener un uso ético; las escuelas necesitan fomentar el uso saludable de las herramientas, y las familias, regular y concientizar el uso responsable y sano de las plataformas digitales.

Mientras tanto, la moneda está en el aire y abre el panorama para que en el resto del mundo empecemos a abrir la conversación y que en equipo pongamos todo en perspectiva para garantizar el buen uso de las redes sociales.

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El avance de «The Flash»: cambiando todo en tres minutos

Paréntesis

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

La verdad es que no tenía ya mayores expectativas con los nuevos proyectos de DC en el cine, pues pese a las críticas, a mí realmente me estaba gustando el tono y elementos que Zack Snyder les había impreso a los súper héroes de esa casa editorial. El toque más serio, sangriento y lúgubre ponía de manifiesto que los súper héroes más emblemáticos de las historietas, estaban en la pantalla grande con ficciones que tenían como meta a un mercado más adulto contemporáneo que a los adolescentes y ‘millennials’ que siguen a las producciones de Marvel. 

Eso me pasó con “Black Adam”, que, pese a que realmente me gustó más que otras cintas de súper héroes, tuvo algo que no terminó de convencerme. Quizá el tono, quizá el protagonista, quizá el rumbo más apegado al de un antihéroe que prefirieron darle a uno de los más emblemáticos súper villanos de DC o algo pasó, que realmente no ha sido de mis favoritas, incluso pese a la inclusión de Henry Cavill en la escena post créditos, para mí, el mejor Superman que ha tenido el cine y que además dio, una gran dosis de falsas esperanzas. 

Y el domingo, durante la transmisión del Súper Tazón, se presentó por fin el tráiler de “The Flash”, una cinta heredera del universo y elenco de Snyder, pero que ha sufrido dos retrasos, un número considerable de ‘re-shots’ y cambios sustanciales en la trama, sin contar, los problemas en los que se ha metido e involucrado al estudio, Ezra Miller, el protagonista de esta película. Y con toda esa información que no sé si sea en contra, pero sí desacertada, vi por primera vez el avance y ¡qué manera de sorprenderme!, toda esa historia la deshizo en tres minutos, presentando un corte emocionante, épico, con un toque de nostalgia y que dio en el blanco para que ahora sí, creamos que Sasha Calle es una digna portadora del manto de kriptoniana. 

Una de las cosas que me tenía (y a muchos), un tanto desconcertado es la introducción nuevamente de Michael Keaton como Batman / Bruce Wayne y de la sustitución de Cavill por Calle, cambiando a Superman por Supergirl, o Superwoman (porque el traje se asemeja más a la segunda), pues aunque sabíamos que la historia tomaría de base el arco de “Flashpoint”, la presentación de un Batman veterano y de la súper heroína era completamente nuevo en esa ficción, que se venía cocinando desde “Batman v Superman: el origen de la justicia” de 2016, pues Jeffrey Dean Morgan, a quien vimos en la entrada de esa cinta como Thomas Wayne, ya se preparaba desde entonces para encarnar a Batman en ese arco de The Flash. El despido de Snyder, las malas críticas hacia esa visión del universo DC, el escándalo con Joss Whedon, la salida de Ben Affleck, el despido-recontratación-despido de Henry Cavill, la cancelación del guion de “Mujer Maravilla 3”, el futuro incierto de Gal Gadot como la amazona, los problemas legales y de salud mental de Ezra Miller y la polémica pese al éxito de “Liga de la justicia de Zack Snyder” de HBO Max, iban retrasando uno de los proyectos más ambiciosos de Warner Bros. – DC: “The Flash”. 

La visión de Walter Hamada, ex CEO de DC Films, era dar una especie de reinicio con esa película al universo DC, borrando todo lo hecho por Snyder e introducir nuevos súper héroes, sin embargo, la llegada de James Gunn y Peter Safran a ese puesto tras la compra de Warner por Discovery, le dieron nuevos aires a “The Flash”, que sigue siendo el botón de reinicio para el universo que ahora crearán los talentosos cineastas, sin embargo, han respetado algunos elementos de la visión de Snyder, finalmente, que es de donde salió la versión del personaje de The Flash / Barry Allen que veremos en pantalla. 

En el avance, hay acción, hay melancolía, hay dos Batman (Ben Affleck y Michael Keaton), hay una brutal Supergirl / Kara Zor-El (Sasha Calle) y vemos nuevamente a Michael Shanon como el General Zod en la versión que vimos en “El hombre de acero”. La visión del cineasta argentino Andy Muschietti parece que reivindicará al universo DC, que pese a que ha tenido grandes éxitos en taquilla, no parecía convencer completamente a la audiencia, quienes parece siguen esperando un tono más alegre y con más efectos especiales, tal y como lo ha hecho Marvel Studios. El avance tuvo el poder de convencerme hacia la película, convirtiéndola además ya en una de las más esperadas por la audiencia en este 2023. “The Flash” llega a los cines el próximo 16 de junio. 

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AL MARGEN || Pueblos indígenas y minorías en Oaxaca, ¿estarán dispuestos a legitimar una reforma electoral regresiva?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Algunos de los avances más significativos en el ensanchamiento de los derechos político-electorales de las minorías en México, han sido gracias a las luchas jurídico-constitucionales que se han librado desde Oaxaca. Esos mismos grupos y pueblos indígenas, migrantes, colectivos de mujeres e incluso organizaciones de personas defensoras del reconocimiento y la inclusión de las minorías integrantes de la diversidad sexual, son algunas de las mismas que después avalaron electoralmente a Andrés Manuel López Obrador como Presidente. El problema es que su proyecto de reforma electoral es regresivo respecto a todas esas minorías. ¿Lo avalarán en este intento?

En efecto, en estos días continuará la discusión del llamado Plan B en materia electoral impulsado por el presidente López Obrador. A finales del año pasado intentó sin éxito que se aprobara un paquete de reformas a la Constitución federal para modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral, así como una serie de normas y principios que rigen la vida democrática del país. 

Su intento original de reformar la Ley Suprema fracasó ante la imposibilidad de obtener la mayoría legislativa que necesitaba para consolidar su proyecto. Por eso optó por lo que hoy se conoce como el Plan B en materia electoral, que ha levantado mucha polémica por la modificación de las estructuras institucionales en materia electoral, pero que en Oaxaca tendría también eco respecto a regulación del acceso a candidaturas a ciertos grupos minoritarios que aquí han ganado importantes espacios en la arena democrática.

Como lo apunta Hugo Concha en un texto publicado recientemente en la página web de la revista Nexos, lo que está por ser analizado en el Senado presenta tres grandes temas. El primero consistente en una muy necesaria ampliación de derechos políticos; el segundo, en temas relativos a cambios en la organización, estructura y funcionamiento de las autoridades administrativas, INE y OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales), así como reforzamiento de una situación de impunidad de los partidos políticos y; el tercero, relacionado con las autoridades jurisdiccionales y todo el funcionamiento de nuestra justicia en ese ámbito.

Ahora bien, ¿por qué si bien toda la atención está puesta en la modificación de la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, en Oaxaca retumbarían otros temas como los relacionados con la integración de las minorías a la vida democrática del país? Porque como lo apuntamos antes, muchas de esas batallas jurídicas tuvieron a nuestra entidad como origen. Sin embargo, para entender toda esta situación, es importante considerar el contexto e ir por partes.  

En la iniciativa de reforma electoral se pretende establecer (Artículo 11.4 del proyecto) que “en observancia al principio de igualdad sustantiva, los partidos políticos nacionales deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios, al menos al cinco por ciento de los siguientes: a) personas pertenecientes a la comunidad indígena; b) personas afromexicanas; c) personas con discapacidad; d) personas de la diversidad sexual, y; e) personas residentes en el extranjero…” 

Otro elemento importante fue la eliminación de todas las definiciones y referencias relativas a los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas tanto en la Constitución federal como en diversos tratados internacionales. En contrasentido a la tendencia nacional e internacional, el proyecto de reforma electoral hace suyo un anticuado e inconstitucional concepto de igualdad, en el que todas las personas simplemente se consideran iguales, y por eso no se considera relevante constatar el conjunto de derechos que los pueblos y comunidades indígenas mexicanos ya tienen reconocidos tanto en la Constitución como en Tratados Internacionales, desde hace por lo menos tres décadas.

¿AVALARÁN UNA REGRESIÓN?

En una nota publicada en El Universal por los periodistas Christian Jiménez y Juan Carlos Zavala, se establecen los puntos sustantivos de que el llamado Plan B presidencial en materia electoral reconozca acciones afirmativas a grupos minoritarios que son por mucho de umbrales inferiores a los derechos y espacios que ya tienen ganados. 

La reducción, dice la nota, es sustantiva: implica que los partidos reserven al menos 25 candidaturas, de las 500 disponibles, tanto por la vía de representación proporcional como por mayoría relativa, cuando en 2021 se estableció la obligatoriedad de 50 fórmulas o candidaturas a una diputación federal.

Y es que, según apuntan, en 2021 el INE estableció acciones en las que se obligó a partidos políticos y coaliciones a destinar 30 fórmulas o candidaturas a personas indígenas para la elección de diputados, así como ocho a personas con discapacidad; cinco a migrantes y residentes en el extranjero; cuatro a personas afromexicanas, y tres a personas LGBTIQ+. 

El plan B de la reforma, continúan, reduce los espacios reservados para cada grupo, sobre todo para personas indígenas; además, hay menos posibilidades de que personas en situación de discriminación ganen una curul, porque los coloca en los primeros 20 lugares de las listas de representación proporcional y no en los primeros 10. También, las personas en situación de discriminación compiten electoralmente con personas que no están en ese supuesto y quita la posibilidad al INE e institutos locales de aprobar otras medidas afirmativas.

Y como ejemplo estadístico, señalan que, con las acciones afirmativas aplicadas en la elección de 2021 en Oaxaca, por ejemplo, se logró que de las diputaciones electas 51 fueran mujeres (60.71%), 31 hombres (36.90%) y dos personas de la diversidad sexual. Mientras que, de las concejalías electas, mil 279 fueron mujeres, mil 62 hombres y 76 personas de la diversidad sexual, según el IEEPCO, que además señala que de las diputaciones electas, 21 son indígenas (25%), una es afromexicana (1.1%), cinco son jóvenes y cinco mayores de 60 años (5.9% en ambos casos). En cuanto a las concejalías electas, mil 78 son indígenas, 46 son afromexicanas, 328 son jóvenes, 278 son mayores de 60 años, y 172 son personas con discapacidad.

¿Qué debiéramos prever de todo esto? Que irremediablemente habría una batalla legal impulsada por esos grupos (indígenas, jóvenes, personas con discapacidad, mexicanos en el extranjero o de la diversidad sexual, etcétera) que se verían afectados por los nuevos umbrales, mucho más reducidos que con los espacios ya ganados en los últimos años. El discurso fácil podría apuntar a que, por ser muchos de ellos simpatizantes o abiertos partidarios del Presidente, avalarían esta reforma. No obstante, sería como ir en contra de sus propias luchas y convicciones históricas. ¿Realmente esos grupos en Oaxaca estarían dispuestos a no librar esa batalla? Lo creemos francamente imposible. 

EPITAFIO 

En 2001 diversas comunidades indígenas fueron las primeras que alzaron la voz en contra de la reforma al artículo 2 de la Constitución federal, por considerarla insuficiente para reconocer sus derechos y sus libertades como minoría. No hubo poder humano que los detuviera en su inconformidad, a partir de la cual comenzó una larguísima batalla en tribunales nacionales e internacionales —y qué bueno— por el pleno reconocimiento de sus derechos. ¿Alguien cree que ellos, que enfrentan con dignidad las reivindicaciones por el despojo histórico del que fueron objeto, se quedarán de brazos cruzados ante esta reforma? 

@ortizromeroc

@columnaalmargen

AL MARGEN || Fiscalización y combate a la corrupción:el reto en Oaxaca es dejar la simulación

Adrián Ortiz Romero Cuevas

A pesar de que uno de los ejes principales del discurso gubernamental versa sobre el uso
escrupuloso de los recursos públicos, y sobre el combate a la corrupción, en realidad existen
muy pocas acciones consistentes que revelen que existe una verdadera política de Estado en
esos rubros. El estado de abandono en que se encuentran tanto el Órgano Superior de
Fiscalización (OSFEO) como el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, y las nulas
referencias que la nueva administración ha hecho respecto a ellos, permiten ver el estado de
incertidumbre que versa no sobre los nombres y los cargos, sino sobre la noción que se tiene
de esos temas, ambos esenciales para cualquier gobierno que se jacte de seriedad y de
vocación democrática.
En efecto, en la anterior entrega nos referimos en específico a la situación que prevalece
respecto al OSFEO. Apuntamos que el cambio de denominación recientemente aprobado (de
OSFE a Auditoría Superior de Fiscalización) revela el interés sólo por la reorganización del
órgano técnico de fiscalización del Congreso, pero no por fortalecer sus atribuciones o
alcances respecto a la revisión de las cuentas de los entes públicos municipales y estatales.
Las reformas a la Constitución y a la Ley de Fiscalización Superior sólo se refirieron a la
denominación del órgano y su estructura operativa, pero no a sus facultades o alcances. Así,
aún con un nombre nuevo, será más de lo mismo.
Caso aún más grave lo representa el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, ente
aparentemente ciudadano y especializado, pero que carece de esas y todas las demás que
debieran ser sus características esenciales. ¿Qué pasó? Que, a partir de 2017, cuando se
estableció el Sistema Nacional, se estableció en la legislación estatal un ente con similares
atribuciones pero para el ámbito local. Así, en la Ley Estatal del Sistema de Combate a la
Corrupción se estableció que su Comité de Participación Ciudadana debía estar integrado por
personas de la sociedad civil, que garantizaran su independencia de criterio a partir de
estudios o aportaciones a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción en la entidad.
Lejos de eso, el Comité de Participación Ciudadana fue integrado con personajes cercanos a
los diputados locales, a los que no les importó que no se reunieran las cualidades previstas
en la ley —comenzando porque en Oaxaca existe una enorme aridez académica, científica y
social en esos rubros.
Fue, en la Legislatura antepasada, uno más de los esquemas de colocación de personas
cercanas, del que no sólo fue objeto el Sistema Anticorrupción sino otros entes como el ya
mencionado OSFE, el Órgano Garante de Acceso a la Información (OGAIPO, se llama
ahora) o la Defensoría de los Derechos Humanos, que ahora se encuentra en medio de un
limbo legal por la designación de su aun titular como Fiscal General del Estado.
En específico, la vida del Sistema Anticorrupción en Oaxaca ha estado marcada por la
incertidumbre, las disputas por los espacios, los salarios y los presupuestos, y la evidente
falta de resultados.

Y es que se supone que, por citar un ejemplo, una de las tareas primordiales del Sistema
Estatal de Combate a la Corrupción radicaba en estructurar una plataforma digital estatal
“que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e información necesaria para
verificar no sólo los intereses y patrimonio de los servidores públicos, sino también para
monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos, así como de sanciones,
adquisiciones, licitaciones, bienes, arrendamientos, auditoría y fiscalización…”
Dicha plataforma se supone que existe en la página web http://www.sesecc.oaxaca.gob.mx
aunque en realidad no tiene ningún tipo de información adicional a la contenida en otros
sitios web institucionales especializados en información pública, tal como la Plataforma
Nacional de Transparencia. Y qué decir de los estudios, recomendaciones y seguimiento a
cuestiones relacionadas con el combate a la corrupción. Sobre eso, y sobre todas las demás
atribuciones que la ley les confiere, no existe prácticamente nada.

LA DISPUTA
En lo que sí han sido prolíficos es en pelear por los espacios, por los jugosos salarios y el
aparente candil político que ello representa. El Comité Coordinador no tiene una integración
plena porque desde hace un año no hay titular del OSFE; y el Comité de Participación
Ciudadana ha sido también objeto de diversas disputas no entre sus integrantes sino entre los
diputados de las sucesivas legislaturas oaxaqueñas.
La LXIII Legislatura estableció la integración actual como Comité, pero la siguiente
Legislatura decidió cambiarle el nombre y establecerlo como un Consejo de Participación
Ciudadana. Eligió incluso a sus integrantes y les tomó protesta, hasta que a través de un
amparo se frenó el funcionamiento del nuevo órgano, porque un juez federal consideró que
dicha reforma no cumplía con los requisitos necesarios para el cabal cumplimiento de la
democracia deliberativa, entre otros quebrantos. Al final, prevaleció la figura del Comité…
aunque en realidad esto no ha garantizado un buen funcionamiento del sistema.
En realidad, tras lo que han ido unos y otros son los recursos asignados al Sistema y los
jugosos salarios que, enmascarados bajo la figura de los contratos de prestación de servicios
por honorarios, perciben los actuales integrantes del Comité de Participación Ciudadana, los
cuales de acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia,
ascienden a más de 100 mil pesos mensuales para cada uno de ellos, independientemente de
la estructura administrativa que fue creada para el supuesto funcionamiento del Sistema
Anticorrupción.
Al final, lo más lamentable es que tampoco existen coordenadas claras respecto tanto a la
Legislatura actual como al nuevo Titular del Poder Ejecutivo. La actual integración del
Comité de Participación Ciudadana se desangra día a día en medio del olvido y la indiferencia
tanto de la Legislatura como del Gobierno. Los integrantes que quedan del Comité viven
guarecidos en la protección jurídica que consiguieron, pero en medio de la ignominia por su
falta de resultados. Hasta pareciera que tanto al Ejecutivo como al Congreso les conviene
tenerlos así, para voltear de cuándo en cuándo para acusarlos de inoperancia y mostrarlos
como una evidencia de ese pasado ominoso del que, inopinadamente, pretenden no dejar
piedra sobre piedra.

EPITAFIO
El problema es que no parece haber futuro para la cuestión sustantiva, que es el combate a la
corrupción. No hay líneas claras por parte del gobierno sobre qué harán para mejorar la
fiscalización, el control interno y las demás cuestiones que deberían también ser parte de la

nueva entidad denominada Secretaría de la Honestidad. Lejos de parecer entender su
naturaleza y funciones, esa dependencia parece ser el bunker del politburó desde donde
parece que se intenta socavar a todo aquel que no es, o dice ser, químicamente puro para la
4T oaxaqueña. Y señalar a funcionarios tachándolos únicamente de ser “priistas” no es, ni
por asociación, algo equiparable a combatir la corrupción.

@ortizromeroc
@columnaalmargen

El medio del espectáculo y la ‘gordofobia’

• Paréntesis

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

En todos lados, hemos escuchado que tener un cuerpo grande es sinónimo de enfermedad y de que las cosas no están bien físicamente. A nivel social, las personas que hemos vivido con sobre peso, hemos sido objeto de mucha discriminación, desde no encontrar ropa de la talla adecuada, no poder entrar a ciertos sitios, perder oportunidades de empleo por no encajar en la imagen estética aprobada socialmente (por ejemplo, trabajos en comunicación, relaciones públicas, ventas y puestos gerenciales o directivos) e incluso, ser tildados de personas que tenemos poco o nada de derecho de disfrutar con plenitud la vida sexual, y podemos seguir con la lista de estigmas que se nos han puesto. Hasta si queremos comprar un seguro de gastos médicos o de vida, resulta que las cuotas se elevan casi al doble (más que la de un fumador) y ni hablar del reciente caso de la pandemia por la Covid-19, donde fuimos catalogados en el grupo de riesgo de manera instantánea, sin tomar en cuenta cualquier historial médico. 

Asimismo, quienes hemos vivido algún régimen de control de peso, sabemos lo complicado que resulta, pues nuestro metabolismo a veces es mucho más lento que de quien es delgado; de igual manera, al paso de los años comenzamos a tener una especie de relación insana con la comida, una línea delgada que divide la dieta del desorden alimenticio y la desestabilización de la salud mental. Sin embargo, la sociedad nos ha educado a todos a que estar “gordito” no es bello ni atractivo, que esa condición en el peso se debe a que nos la pasamos comiendo golosinas y comida poco sana y pasan a los comentarios pasivo-agresivos (“estás gordita (o), pero tienes bonita cara”, “aunque eres gordito (a), tienes una gran personalidad”, “te iría mejor si adelgazaras un poco”, “a las mujeres (o a los hombres) no les gustan los (as) gordos (as)”, “te verías hermoso en un traje de sumo”, “Admiro a Yuridia, pero siempre dijimos que estaba gorda”, “Sam Smith en ‘jumpsuit’ se ve chistoso, en cambio Hary Styles se ve genial”, “Aretha Frankin tenía una gran voz, aunque tenía un cuerpo enorme”, “Adele bajó de peso y ahora sí, se ve bonita” etc.)  de todo lo que nos puede pasar o podríamos ser quienes vivimos en esa condición.

Y pongo el ejemplo de varios artistas que han sido víctimas también a nivel público por la condición de su peso, ya sea por parte de los medios de comunicación e incluso, del público, realzando el aspecto físico antes que el talento. Hace unos meses, por ejemplo, el ganador de cuatro premios Grammy, tres Brit Award, un Globo de Oro y un Oscar, Sam Smith vistió en su presentación en el O2 Arena en Londres para el “Jingle Bell Ball” una prenda llamada ‘jumpsuit’ que además le confeccionó el reconocido diseñador Maison Valentino. Es cierto, Sam Smith perdió el delgado cuerpo que tenía al inicio de su carrera y que ahora sabemos, se debió a que, la presión de su disquera y su carrera a nivel global, le desencadenó un trastorno alimenticio y padeció bulimia. Sin embargo, su aumento de peso no ha sido condicionante para que apreciemos el enorme talento del británico no solo como el gran cantante que es, sino como un estupendo compositor y también productor musical, y ahora acompañado de su inigualable personalidad y estilo, resultado de que a nivel emocional se encuentra más estable. Los ataques a la persona de Sam Smith se dieron justamente por parte del público en redes sociales y de algunos medios de información, que entre algunos otros calificativos le llamaron “ridículo”. Fue otro sector del público quienes también salieron en su defensa, argumentando que mientras a Harry Styles le aplaudieron el uso de un ‘jumpsuit’ similar en Coachella unos meses antes, a Smith se le señalaba por no estar delgado como el ex One Direction y atreverse a portar esa prenda. 

Y en el caso mexicano, también hay una polémica con respecto a ese tema y se dio entre la cantante Yuridia y la conductora de espectáculos Pati Chapoy con algo que sucedió hace ya varios años, pero que revivió la misma presentadora y Alex Montiel (El Escorpión Dorado), donde sin tapujos, Chapoy le dijo a Montiel que “admiraba a Yuridia pero que siempre habían dicho que estaba gorda”. La cantante, por cierto, reconocida como una de las mejores voces en español de los últimos 20 años, respondió en su cuenta de TikTok, donde mencionó el daño que esos comentarios le ocasionaron en su salud mental y autoestima. Lejos de portarse profesionales, el equipo comandado por Chapoy que conducen “Ventaneando” (sí, ese programa espantoso con casi 30 años al aire y que lo sorprendente no es su contenido amarillista y vulgar, sino que siga existiendo en 2023, donde se supone, que la sociedad ya cambió y exigimos cosas de mejor calidad), armó una polémica respondiéndole a la artista y señalando su supuesto comportamiento berrinchudo y su carácter irascible durante esos programas que derivaron de “La academia”. Sumidos en dimes y diretes, parecer ser que quienes no están saliendo bien librados de esta reyerta es justamente el programa de TV Azteca, quienes ya son señalados de discriminar a la cantante por gordofobia, al grado que la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim), lanzó una carta, condenando los comentarios de Chapoy hacia la cantante, enfatizando que no importa que hayan pasado casi 20 años del suceso porque “Reconocemos que los medios de comunicación masiva son actores clave para la construcción de una cultura libre de violencia contra las mujeres; sus contenidos, expresiones y comentarios en espacios de difusión masiva repercuten en las conductas y comportamientos de la sociedad” dice de manera textual, añadiendo también que “la gordofobia limita el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres con cuerpos no hegemónicos, afectando su salud mental, capacidad de desenvolvimiento social, acceso a oportunidades laborales y hasta puede derivar en trastornos alimenticios como son la anorexia, la bulimia o el sobrepeso”. Ante esto y muy a su pesar, la “curtida” comunicadora tuvo que salir a pedir una disculpa pública en su longevo programa, argumentando que ese espacio, con 27 años al aire, siempre ha sido un programa de “crítica artística e investigación periodística”, añadiendo además que a partir de ahora (sí, ¡hasta ahora!) serán mucho más cuidadosos con el lenguaje para no ofender a los artistas. La escuela de Raúl Velasco sigue viva en Pati Chapoy, que, por cierto, ha perdido vigencia en su forma de comunicar y de “hacer periodismo”. 

La discriminación por sobre peso, es algo que ha existido prácticamente desde siempre y sin duda, hay que celebrar que ahora se eduque para erradicarla y quitar estigmas que han lastimado a muchas personas. Y no es romantizar la gordura, simplemente que la gente generalmente no conoce lo que la persona con sobre peso ha pasado y vivido para lograr aceptarse y ser aceptado. Con respecto a los artistas, si a alguien le incomoda el supuesto sobre peso que tienen, pues simplemente no los vean ni compren su música, ellos se perderán de su talento. Y por cierto, ¡feliz día del amor y la amistad!

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La crisis económica, pone en riesgo a usuarios de internet

Pongamos todo en perspectiva con:

Carlos Villalobos

La crisis económica pone en riesgo a los usuarios en internet, ya que las familias y empresas recortan gastos y presupuestos considerados «innecesarios», incluyendo la seguridad cibernética. 

Esto puede crear una «tormenta perfecta» para los cibercriminales, y es importante que empresas, gobiernos y ciudadanos extremen precauciones. Aunque algunas industrias tienen un mayor conocimiento, solo el trabajo en equipo puede protegernos en la red.

Actualmente el Foro Económico Mundial, a través de su “Informe sobre riesgos globales”, ya incluye la ciberdelincuencia en su lista de los diez mayores riesgos que enfrenta la humanidad en el corto y en el largo plazo. 

Los organismos judiciales están en la mira de los atacantes, lo que puede ser complicado debido a la falta de regulación y cooperación interinstitucional. Además, la falta de talento y el agotamiento de los operadores de ciberseguridad también son problemas para considerar, lo que en consecuencia, provoca que las probabilidades de ser víctimas se incrementen de forma exponencial.

En el futuro, es probable que la filosofía de «Zero Trust» se convierta en un estándar, es decir, un modelo que se basa en el principio de “No confiar nunca, verificar siempre”, mientras que el phishing seguirá siendo una amenaza importante. 

Es crucial que los individuos y las organizaciones tomen medidas para protegerse en la era digital.

En este contexto, es esencial que las empresas inviertan en soluciones de seguridad cibernética para proteger sus datos y sistemas. Las tecnologías de seguridad, como la autenticación ‘multifactor’, la encriptación y la detección de intrusiones, deben ser adoptadas para prevenir ataques y minimizar los daños en caso de un incidente.

Además, los trabajadores deben ser capacitados en buenas prácticas de seguridad en línea, como la verificación de correos electrónicos sospechosos y la no compartición de información confidencial. También es importante mantener una cultura de seguridad cibernética en la empresa, donde los empleados comprendan la importancia de la seguridad en línea y trabajen juntos para proteger los activos digitales.

La crisis económica ha aumentado el riesgo de ciberataques, y es importante que las empresas, los gobiernos y los individuos tomen medidas para protegerse. La inversión en seguridad cibernética, la capacitación de los trabajadores y la cultura de seguridad son claves para garantizar la protección en la era digital.

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