+ Resarcimiento no sólo debe ser de tipo económico

 

El pasado jueves, la subsecretaria de Gobernación del gobierno federal, Lía Limón, ofreció disculpas a nombre del Estado mexicano y propuso una solución amistosa a un grupo de mujeres que fueron agredidas sexualmente durante un operativo policiaco en San Salvador Atenco, en mayo de 2006. La propuesta del gobierno de la República causó polémica, y hasta escozor, no sólo por el hecho de que en México tenemos referencias casi nulas sobre la reparación moral ante un hecho ilícito, sino también porque en un caso tan particular como ese no ha habido justicia.

En este caso es necesario ir por partes. Los pobladores de Atenco entraron en conflicto con el gobierno federal desde los primeros años del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Éste tenía como uno de los grandes proyectos de su administración, la construcción de un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, y la población elegida fue justamente esa, que se encuentra en el Estado de México. Los habitantes se levantaron en protesta ante el hecho de que el gobierno federal pretendía comprar sus terrenos en siete pesos por metro cuadrado, y porque, a decir de ellos mismos, no los había tomado en cuenta en la planeación del proyecto ni les había pedido su opinión o su acuerdo para llevar a cabo la obra.

La protesta de Atenco fue una primera gran demostración de fuerza y de oposición organizada a un gobierno, en los tiempos de la transición. Los pobladores de esa comunidad se resistieron firmemente a que el proyecto avanzara, e incluso amenazaron con la violencia cuando se intentó forzar una solución que permitiera la edificación del aeropuerto. Finalmente, el gobierno federal terminó cancelando el proyecto y haciendo sólo un remiendo al problema aeroportuario de la capital del país, construyendo la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los llamados “atencos” lograron su objetivo pero se convirtieron en un dolor de cabeza tanto para el gobierno federal, como para el del Estado de México. En 2006, un asunto verdaderamente intrascendente (la remoción de ciertos espacios públicos de vendedores de flores en esa población) generó un enfrentamiento que luego escaló a niveles de violencia nunca esperados. Los atencos agredieron a varios policías hasta dejarlos gravemente heridos.

Y luego éstos respondieron con un brutal operativo en el que detuvieron a los principales líderes de la comunidad, pero en el que también cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos de muchas personas, al golpear salvajemente a muchos de ellos, violar o agredir sexualmente a mujeres o allanar ilegalmente los domicilios de docenas de personas.

Esto generó una situación compleja ya no sólo para el gobierno del Estado de México, sino para éste y para el gobierno federal. Las denuncias sobre los excesos cometidos por los elementos policiacos de inmediato saltaron a la escena pública. Y lo más grave es que aún con eso, y con la exigencia de justicia a nivel nacional e internacional, ningún mando policiaco fue destituido o sancionado como se esperaba, y solamente dos policías fueron a prisión acusados de la comisión de delitos relacionados con esos hechos.

Ante la tibia respuesta del Estado mexicano, un grupo de mujeres violadas por los policías acudieron a instancias internacionales para buscar no un arreglo, sino justicia. De ahí que fuera tan estruendosa la disculpa de la subsecretaria Limón, y tan difícil de entender el arreglo amistoso que ofreció el gobierno de la República a las víctimas de esos hechos, que hoy exigen justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

LA REPARACIÓN

Entendamos este asunto en dos vías distintas: una es el arreglo que propone el gobierno federal, y otra es la demanda de justicia. Si lo vemos en el sentido simple, con indemnizar a las víctimas el Estado estaría cumpliendo con parte de su deber; pero, en realidad, lo que parecen exigir, y con toda razón, las mujeres agredidas, es que quienes las agredieron vayan a prisión, y que ellos y sus superiores sean procesados por los delitos que en conjunto cometieron.

Ahora bien, ¿qué es la reparación? Cuando nos habla de esto el Código Penal, a lo que se refiere es a la reparación del daño. Y dice que ésta comprende la restitución de la cosa obtenida por la comisión de un delito, y que si esto no fuera posible, el pago del precio de la misma; además, la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima.

¿Eso es todo? Evidentemente no. Porque, como vemos en este caso, no sólo se trata de la reparación en términos económicos. Sobre esta nueva visión de la reparación, quien ha dado luz es la Corte Interamericana en sus sentencias. En el caso Radilla Pacheco, por ejemplo, la CoIDH concluyó que esa sentencia constituye “per se” una forma de reparación; además, que El Estado (mexicano) deberá conducir la investigación y los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla, para determinar las correspondientes responsabilidades penales.

También condena al Estado mexicano a hacer las reformas necesarias para acotar el fuero militar y para adecuar el delito de desaparición forzada de personas a los estándares internacionales. Incluso, en ese caso la CoIDH sentenció al Estado mexicano a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional diversos extractos de la Sentencia, incluyendo la parte resolutiva de la misma, así como la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco. Parte de la sentencia obliga también al Estado a promover todo tipo de acciones para que un delito como éste no vuelva a ocurrir.

 

DISCULPAS, ¿PARA QUÉ?

El Estado mexicano hoy busca el arreglo amistoso con las víctimas de Atenco, porque sabe que de no hacerlo así el asunto llegará a la Corte Interamericana, y terminará con una sentencia condenatoria. Por eso pretende adelantarse a los resolutivos pidiendo disculpas y ofreciendo la reparación económica. El problema, en este caso, es que de fondo no han hecho justicia, porque fueron omisos en procesar a los responsables. Este será uno de los temas que perseguirá al presidente Enrique Peña Nieto durante todo su gobierno. ¿Apuestan?

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